Poco antes de que iniciara el segundo Mensaje de Situación de Estado de la gobernadora Jenniffer González, decenas de manifestantes protestaron frente a las escalinatas del lado sur del Capitolio –vigiladas de cerca por una hilera de policías– en reclamo de que no se altere el mecanismo para determinar el salario mínimo, se garanticen mejores condiciones laborales, se protejan las pensiones y en contra de múltiples medidas firmadas por la mandataria, que catalogaron como políticas nocivas al ambiente.

Al mismo tiempo, pero en el lado norte, un grupo de empleados públicos de diversas agencias y simpatizantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) –mucho más amplio que los opositores– celebraban frente a una tarimas sus “obras” y esperaban el discurso de la primera ejecutiva y el anticipado encuentro con el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, con quien ha enfrentado varias controversias y señalamientos públicos.

“Hemos observado unas medidas de seguridad que no se anticipaban, que son totalmente injustas y atentan contra el derecho a la libertad de expresión, porque estamos en la calle. Independientemente de eso, hacemos constar nuestro repudio a este mensaje, porque ya uno sabe lo que va decir, y quienes mejor describen el estado de situación son los trabajadores y el pueblo, y es un estado de mayor inflación, aumento en los costos esenciales, un servicio energético deficiente, el aumento de la gasolina”, señaló Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, en medio de la lluvia que caía en la avenida Constitución, que fue cerrada por la Uniformada.

Diferentes sindicatos y colectivos que representan a los jubilados mostraban pancartas en defensa de las pensiones y coreaban consignas como: “El pueblo consiente ni se rinde ni se vende”.

Entre las medidas criticadas por los activistas, figura el Proyecto de la Cámara 1115, de la autoría del representante Roberto López Román, que pondría en manos de la Legislatura la fijación del salario mínimo, en lugar de la comisión evaluadora que atiende el asunto hoy.

“Quieren eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, y estamos totalmente en contra porque afecta la generación de trabajadores de ahora y del futuro. (...) El salario de 240,000 empleados que se benefician del salario mínimo, y la gobernadora está aprovechando anunciar aumentos (a los policías) por política“, señaló Rafael González Alvarado, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Licorera de Ponce.

Por su parte, Vanessa Uriarte, codirectora de Amigxs del Mar, advirtió sobre la “amenazas” a la naturaleza que entiende representa la Ley 82-2026, que limita las impugnaciones de permisos en corte, al requerir, en toda solicitud de paralización, “el pago de una fianza, cuya cantidad nunca será menor del 10% del valor del proyecto propuesto”. Esta es una legislación que la mandataria firmó recientemente y la ha defendido desde entonces.

“Han sido una telaraña de medidas en contra de nuestras comunidades y su derecho a permanecer. Vemos como cada una de las movidas impulsadas desde Fortaleza y los presidentes de la Legislatura van dirigidas a eliminar las protecciones y la capacidad de las personas a intervenir ante la privatización y destrucción de estos espacios”, sostuvo Uriarte.

Además, rechazaron los intentos de redefinir la zona marítimo terrestre como parte del proyecto reforma de permisos y otras medidas presentadas.

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