Washington - Aunque, en ocasiones, los jueces de la Corte Suprema cuestionaron el amplio poder concedido por el Congreso a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), parece improbable que el máximo foro judicial estadounidense revierta el estado de derecho creado con la ley federal Promesa hace tres años.

Ese fue el sentir de entendidos en Derecho, políticos e incluso, del liderato obrero de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), quienes presenciaron la audiencia acerca de la constitucionalidad de la JSF.

“Fue una gran una decepción”, indicó el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Edgardo M. Román Espada, a su salida de la corte.

“Me llamó muchísimo la atención que el pleno del Tribunal Supremo se negara a discutir los Casos Insulares, es decir, la subordinación de Puerto Rico hacia los Estados Unidos y que el poder recae sobre el Congreso. Ese es el asunto fundamental que ha afectado la vida de los puertorriqueños y es notable cómo el Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a discutir el asunto”, dijo Román Espada.

“Este es el tribunal que rechazó nuestra ley de quiebra y que hubiera evitado que tuviéramos una junta”, agregó el líder del Colegio.

“Ahora no es por racismo, sino por imperialismo”, expresó por su parte el académico y constitucionalista Carlos Gorrín Peralta. Se refirió al momento en que la jueza Elena Kagan cuestionó al abogado de la JSF y exprocurador general Donald Verrilli por qué justificar el carácter territorial de la JSF con la Ordenanza del Noroeste si ahora la realidad de los territorios es muy distinta a aquella de Estados Unidos hace más de 200 años.

La Ordenanza del Noroeste es un estatuto mediante el cual el Congreso dispuso de los territorios cercanos a los Grandes Lagos y luego, los convirtió en los estados en esa región al norte de Estados Unidos.

Gorrín Peralta anticipó que, si bien podría darse un fallo dividido, este caso no quebrará el historial de la Corte Suprema cuando se trata de Puerto Rico. Hasta la fecha, nunca en la historia, el máximo foro judicial ha revocado una ley aprobada por el Congreso para el territorio de Puerto Rico.

Gorrín Peralta, experto en Derecho Constitucional, así como de las relaciones político-jurídicas entre la isla y Estados Unidos, dijo que le llamó la atención que el juez Stephen Breyer, a quien describió como un aliado de que se produjera una idea distinta al Estado Libre Asociado, parecía asentir cuando el principal subprocurador Jeffrey B. Wall argumentaba en favor de la JSF.

Ayer, por tercera vez en menos de cuatro años, la Corte Suprema efectuó una audiencia oral con el fin de determinar si los directivos de la JSF son oficiales federales principales y debieron ser nominados por el presidente de Estados Unidos y confirmados por el Senado, según dispone la cláusula de nombramientos. O si por el contrario, el organismo de siete miembros está integrado por oficiales territoriales dedicados exclusivamente a asuntos de Puerto Rico y por ello pudieron ser nombrados sin pasar por el escrutinio legislativo federal.

Luego de la audiencia de unos 77 minutos, varios de los asistentes entrevistados por este diario señalaron que la negativa de los jueces a discutir la doctrina de los Casos Insulares era anticipable, mientras que la ligera mención de la doctrina de facto durante la argumentación apuntan a que la Corte Suprema podría dar la razón a la JSF en la disputa incoada por Aurelius Investments y Assured Guaranty.

“La Utier hizo lo que todo puertorriqueño debe hacer, defender los intereses del país frente a una junta de control fiscal antidemocrática e inconstitucional para efectos de nosotros”, dijo, por su parte, el líder de ese gremio Ángel Figueroa Jaramillo.

“Nuestros abogados hicieron todo el trabajo. Ahora, le toca a la Corte Suprema validar su Constitución o seguir permitiendo un sistema colonial de esclavitud como el que lleva por más de 118 años con Puerto Rico”, indicó el líder de la Utier.

Según Figueroa Jaramillo, independientemente de la decisión que tome el Supremo, el sindicato continuará abogando por los trabajadores, al igual que con su campaña educativa para que la gente entienda los efectos de las medidas impuestas por la JSF a Puerto Rico.

Para el exgobernador Alejandro García Padilla, era de esperarse que la Corte Suprema no diera paso a la discusión de los Casos Insulares porque la controversia que tenían ante sí es un asunto puramente de bancarrota.

“A nadie se le ocurriría pensar que porque, en el 2014, este tribunal resolvió el caso de NML Capital sobre la deuda de Argentina, que Argentina es una colonia de Estados Unidos”, dijo García Padilla, al criticar que en la discusión pública en Puerto Rico se desvirtuara la disputa entre Aurelius y la JSF para insertar la controversia del status colonial de Puerto Rico.

A preguntas de este diario acerca de la conveniencia de la JSF para la isla, partiendo de los recortes impuestos por el organismo fiscal, García Padilla -quien abogó por la aprobación de Promesa- sostuvo que Puerto Rico encararía “un caos real” sin el estatuto federal.

“A Puerto Rico, le convenía un Título III sin la Junta, pero nos impusieron la Junta como condición para el Título III”, dijo García Padilla. “No estoy de acuerdo con las medidas que ha impuesto la Junta y creo que los recortes a la deuda son tímidos, pero sin la protección del Título III, el caos sería real porque no habría dinero para sostener las operaciones del país”, sostuvo el exgobernador.

El siguiente paso

Para el presidente de la JSF, José B. Carrión, su batería de abogados tuvo éxito.

“Nuestros abogados comunicaron nuestra posición de manera muy efectiva”, dijo Carrión, mostrándose optimista en que prevalecerán ante Aurelius, Assured y la Utier.

“Sabemos aquí, y como puertorriqueños sabemos, que hay otros ‘issues’ detrás de lo que estamos discutiendo, pero la preocupación nuestra es la reestructuración y el tema fiscal”, sostuvo Carrión, al señalar que si se diera una decisión adversa de parte del Supremo podrían ir al traste tres años de trabajo.

“Estamos cerca de sacar a Puerto Rico de la bancarrota”, agregó Carrión.

Luego de que el Primer Circuito de Apelaciones determinara la inconstitucionalidad de la JSF, el presidente Donald J. Trump nombró a Carrión y a sus homólogos, y refirió sus nombramientos al Senado estadounidense para que terminaran sus respectivos mandatos. Ese mandato expiró el pasado 30 de agosto y todavía esa rama de gobierno no ha atendido tales designaciones.

Así las cosas, independientemente de lo que pueda concluir la Corte Suprema, queda por verse si los actuales nombramientos seguirían su curso en el Senado federal o si el presidente Trump haría nuevas designaciones.

Carrión aceptó a El Nuevo Día que una nueva Junta no tendría por qué aceptar o dar continuidad a los acuerdos pactados por el organismo fiscal que preside.

“No todo el mundo que está en la junta actualmente puede ser que quiera quedarse, aun si el presidente quisiera nominarlos. Por lo tanto, ante ese escenario, vendrá una nueva Junta”, dijo Carrión, al subrayar que la clave en la disputa con Aurelius, Assured y la Utier es lograr que Puerto Rico no se exponga a perder lo que, a su juicio, son logros alcanzados en el proceso de reestructuración.

“Seguimos trabajando, nos complace que todo parece indicar que no se invalidaría las actuaciones y los acuerdos (con la JSF) que anteriormente se llegaron y estamos bien satisfechos con eso”, indicó el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero.

El gobierno argumentó por escrito su posición de respaldo a favor de la JSF.

“Estamos confiados en nuestra posición y tener que seguir este proceso”, dijo el representante del gobierno ante la JSF, Elí Díaz Atienza, quien anticipó que el gobierno continuará con la negociación de otras acreencias como aquellas de la Universidad de Puerto Rico y la Autoridad de los Puertos, entre otros.

Más allá de los tecnicismos en torno al carácter federal o territorial de la JSF, para Alvin Velázquez, representante de la SEIU e integrante del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), el caso discutido ayer nada abona en el cuadro de estrechez con el que lidia Puerto Rico.

“Creo que esto es una cosa terrible. No importa el resultado de este caso, Puerto Rico va a quiebra otra vez, entre cinco y 10 años, porque la reestructuración de la deuda no es suficiente”, sentenció Velázquez.

Según el abogado sindical, los acuerdos otorgados por la JSF a los bonistas son “muy generosos”, lo que forzará a la preparación de un plan de ajuste, pues opinó que lo pactado a la fecha, no permitirá que Puerto Rico “se levante otra vez”.