La Oficina del Inspector General (OIG) identificó deficiencias en los controles internos de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza (OEPA), adscrita al Departamento de Educación, que limitaron la supervisión de aproximadamente $35.7 millones asignados a 13 Escuelas Públicas Alianza (EPA).

En un comunicado de prensa, la OIG detalló que las deficiencias limitaron la capacidad de la OEPA para fiscalizar el uso de esos fondos y verificar la entrega de informes financieros y documentos fiscales requeridos.

La evaluación, según el informe de la agencia, cubrió el periodo entre el 1 de julio de 2022 y el 13 de noviembre de 2025.

La OIG señaló que, de los más de $80.6 millones presupuestados para las EPA evaluadas, aún permanecía sin desembolsar un balance de alrededor de $35.7 millones, equivalente al 44% de los fondos asignados.

El informe indicó que esa situación podría estar relacionada con limitaciones en la capacidad de monitoreo fiscal de la OEPA y con retrasos en la implantación de propuestas y procesos administrativos de las entidades operadoras.

Asimismo, la entidad fiscalizadora catalogó aproximadamente $44.9 millones como costos pendientes de validación documental debido a que, al momento del examen, no se encontraron en los expedientes documentos de apoyo requeridos por la reglamentación vigente ni por las cartas constitutivas suscritas entre Educación y las Entidades Educativas Certificadas (EEC).

La investigación también reveló incumplimientos en la entrega de estados financieros auditados.

Específicamente, de las 11 EPA evaluadas que debían someter esos informes dentro de los 90 días posteriores al cierre del año escolar, 10 no los habían presentado ante la OEPA.

Además, en seis de nueve escuelas, los estados financieros correspondientes al año fiscal 2022-2023 fueron entregados con retrasos que fluctuaron entre 76 y 517 días.

En cuanto a los informes trimestrales requeridos a las Entidades Educativas Certificadas, la OIG encontró que 69 de los 87 informes exigidos no aparecían ni en los archivos de la OEPA ni en el Sistema de Información Financiera del Departamento de Educación (SIFDE).

Según el informe, tampoco se localizaron 32 presupuestos anuales que las 13 EPA debían presentar entre los años fiscales 2022-2023 y 2024-2025.

En cuanto a este panorama, la OIG advirtió que la ausencia de esos presupuestos limita la capacidad de la OEPA para analizar las necesidades fiscales de las escuelas, dificulta la planificación financiera y afecta la distribución equitativa de recursos.

De igual forma, el informe reflejó que entre el 82% y el 90% de las EPA no tenía evidencia en sus expedientes de pólizas por errores y omisiones, mientras que entre el 40% y el 50% carecía de evidencia de seguros de propiedad, dependiendo del año fiscal evaluado.

No obstante, el informe destacó que la gerencia del Departamento de Educación respondió a los hallazgos e inició acciones correctivas para atender las deficiencias señaladas.

La OIG indicó, por su parte, que dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones mediante un Plan de Acción Correctiva.

Además, la agencia fiscalizadora informó que el resultado del examen será referido al Inspector General Federal en el Departamento de Educación para la evaluación correspondiente.