La gobernadora Jenniffer González Colón estampó su firma en el Proyecto de la Cámara 165, ahora convertido en la Ley 26-2026, que prohíbe los baños inclusivos en las dependencias gubernamentales, municipios y en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Con la promulgación de la “Ley para la Regulación de Espacios Sanitarios Públicos”, el Estado reconoció que el estatuto es “cónsono con el compromiso del gobierno de Puerto Rico con la seguridad, la dignidad y la protección de las personas” en estas facilidades.

Según el Ejecutivo, la ley, además, va a tono con la Orden Ejecutiva 14168, promulgada por el presidente de los Estado Unidos, Donald Trump, titulada “Defensa de las Mujeres frente al Extremismo de la Ideología de Género y Restablecimiento de la Verdad Biológica”.

La Ley 26 nació de una medida que presentó el 9 de enero de 2025 la portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lisie J. Burgos Muñiz. Según el trámite de la propuesta legislativa, la medida fue enviada a La Fortaleza el 23 de febrero de 2026.

El estatuto contó con 12 coautores, todos del Partido Nuevo Progresista (PNP): José F. Aponte, Ensol Rodríguez, Wanda Del Valle, Carmen Medina, Omayra Martínez, Emilio Carlo, Fernando Sanabria, Edgar Robles, Jorge “Georgie” Navarro y Sergio Estévez.

La nueva ley establece como política pública del gobierno “el proteger la dignidad humana, la intimidad personal y la seguridad de las personas que utilizan las facilidades sanitarias públicas de todas las agencias”.

De esta forma, el estatuto “reconoce que los baños públicos, particularmente los de ocupación múltiple, constituyen espacios donde existe una expectativa razonable de privacidad, por lo que resulta necesario establecer normas claras y uniformes”.

La ley establece que toda agencia que incumpla sus disposiciones estará sujeta al pago de una multa administrativa de $5,000 por cada infracción, hasta un tope de $15,000. Los fondos recaudados se destinarán al Centro de Ayudas a Víctimas de Violación (CAVV).

En resumen, todas las dependencias gubernamentales, incluyendo la UPR y los municipios, deben contar con baños múltiples divididos conforme al sexo biológico de las personas, para mujeres y para los hombres.

“Contará, además, con baños asistidos o familiares a ser usados por personas con diversidad funcional, de edad avanzada o menores de edad, que necesiten asistencia, o por personas de ambos sexos que así deseen utilizarlos. Si los baños asistidos o familiares que se identifiquen en las distintas facilidades cuentan con varios espacios sanitarios, estos cubículos contarán con divisiones de piso a techo que garantizarán la privacidad del usuario”, indica la nueva ley.

A su vez, se requiere la rotulación e identificación clara de los baños múltiples por sexo biológico, así como la identificación clara de los baños asistidos o familiares. Además, se prohíbe la instalación de baños inclusivos mixtos o neutros en todas las agencias estatales.

“Las personas que abogan por la existencia de baños múltiples inclusivos, mixtos o neutros alegan intentar proteger la seguridad y bienestar de las personas que se autoperciben diferente a su sexo biológico. Esto constituye una reducción e incluso, una invisibilización, consciente o no, de un problema digno de consideración, pues han sido muchas las instancias, lamentablemente, donde hombres que se autoperciben mujeres han entrado a los baños de mujeres para agredirlas y violentarlas”, dice la Exposición de Motivos.

Citando distintos incidentes en Estados Unidos, así como casos que han derivado en sentencias en los tribunales, la ley establece, en su exposición, que “múltiples mujeres sobrevivientes de violación se han expresado en contra de estas nuevas políticas de baños múltiples inclusivos, mixtos o neutros”.

Las disposiciones de la ley no serán de aplicación para niños y preadolescentes de hasta 12 años, en baños regulares o baños identificados como familiar.