La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) denegó la concesión de un aumento en la aportación patronal al plan médico y de un bono de ratificación que hubieran recibido más de 3,000 empleados de la Autoridad Escolar de Alimentos mediante la ratificación de su convenio colectivo, al sostener que el Departamento de Educación certificó que no cuenta con fondos separados para atender el impacto fiscal, estimado entre $2.7 millones y $4.3 millones al año.

Aunque los montos correspondientes a cada apartado variaban en sus respectivas propuestas, la Asociación de Empleados de Comedores Escolares de Puerto Rico y la agencia coincidían en que el nuevo convenio incluyera, además del bono de ratificación y un incremento en el plan médico, la distribución de nuevos uniformes y “artículos personales” por dos años, así como certificados de salud para todos los trabajadores. El convenio negociado cubre las clasificaciones de profesionales de servicios de alimentos I y profesionales de servicios de alimentos II, que totalizan 3,925 trabajadores, entre ellos, 3,287 con estatus regular o probatorio.

De las propuestas, según una carta del director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, enviada el 25 de noviembre a la secretaria de Educación, Yanira Raíces, el organismo solo avaló sin condiciones los certificados de salud, a un costo de $100, para los 3,925 empleados en el año fiscal 2024-2025. En el caso de los uniformes y artículos personales, la JSF dio paso a una aprobación por un año, en lugar de los dos años fiscales que habían propuesto tanto el Departamento de Educación como el sindicato.

Ambas medidas, de acuerdo con Mujica, tendrán un costo de $981,250.

En cambio, la JSF rechazó de plano cualquier aumento al plan de salud, planteando que la aportación vigente, de $150 mensual por empleado, excede el umbral de $125 que dispone el plan fiscal del gobierno central para trabajadores regulares y probatorios. El sindicato, en este caso, proponía un incremento de $25 con vigencia de tres años, mientras Educación había ofrecido un aumento de $20 por un año.

En lo referente al bono de ratificación, los empleados habían pedido una suma de $1,000, mientras que la agencia había ripostado con un incentivo de $600. La JSF rechazó cualquier bonificación.

“La reforma de servicio civil requiere que la paga variable y bonificaciones estén atadas a evaluaciones de desempeño o basadas en destrezas, reconociendo a los empleados con buen rendimiento y que contribuyen de forma tangible a lograr los objetivos institucionales, y que adoptan planes de aprendizaje y desarrollo profesional que fortalecen sus destrezas y cerrar brechas, asegurando una mejoría continua”, subrayó Mujica. “El bono de ratificación propuesto por el Departamento de Educación no cumple con estos requerimientos”.

A su vez, el director ejecutivo de la JSF recalcó que, en la revisión del plan de clasificación y retribución de la Autoridad Escolar de Alimentos, los salarios de los profesionales de servicios de alimentos I y II se ajustaron a $11.89 y $12.75 la hora, respectivamente. Mediante el ajuste, se beneficiaron 2,756 trabajadores en estas clasificaciones, precisó.

De otra parte, el organismo fiscal rechazó igualmente dar paso a un aumento salarial de 3% a la empleomanía de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), que la dependencia había solicitado en agosto. De acuerdo con otra misiva de Mujica, con fecha del 26 de noviembre, la agencia fiscalizadora había pedido que se liberaran $328,000 que se asignaron al pago de pensiones, pero que, según sus proyecciones, no se utilizarían.

“Los fondos del PayGo (retiro) no son parte del presupuesto operacional de la OEG. Además, un aumento salarial de 3% para todos los empleados es inconsistente con la reforma de servicio civil establecida en el plan fiscal certificado de 2024″, escribió Mujica al director ejecutivo de la agencia, Luis Pérez Vargas.

Mujica subrayó que, en 2022, a raíz de un programa de incentivos destinados a trabajadores de agencias fiscalizadoras, los empleados de la OEG recibieron aumentos en torno al 5%.