Una investigación de cinco años resultó en la radicación de 135 cargos criminales contra 33 personas por un esquema de fraude con el pago de multas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y AutoExpreso.

Los cargos alegan que los imputados robaron los números de tarjetas de créditos de ciudadanos para hacer pagos ilegales a través de la plataforma de CESCO Digital del DTOP y AutoExpreso.

En conferencia, el superintendente de la Policía, Joseph González, indicó este martes que el esquema conllevó pagos ilegales por $300,000.

Más de 100 transacciones ilegales fueron realizadas entre junio y septiembre de 2021, según reveló la investigación “Operación Eslabón”, encabezada por la División de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Financieras de la Policía, y la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia.

González explicó que los imputados, presuntamente, suministraron información de sus licencias de conducir y pagaron a terceros para que gestionaran la eliminación de sus multas o les obtuvieran certificaciones que reflejaran balances en cero mediante el esquema fraudulento.

“La Operación Eslabón demuestra que quienes participan de un esquema de fraude, ya sea ejecutándolo, facilitándolo o beneficiándose de él, se convierten en parte de una cadena delictiva que vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias”, sostuvo González.

Explicó que los titulares de las tarjetas presentaron ante sus instituciones financieras las reclamaciones por las transacciones no autorizadas.

Detalló que el Departamento de Hacienda atendió estas reclamaciones conforme al proceso ordinario establecido por las instituciones financieras para transacciones no reconocidas y devolvió los fondos.

Por su parte, Justicia determinó presentar 135 cargos contra 33 personas, entre las que se encuentran los imputados que se beneficiaron del pago ilegal de multas, los que realizaron las transacciones ilegales con la tarjeta de crédito, así como gestores, negocios de gestoría y otros intermediarios o facilitadores.

“Estas transacciones ilegales no solo afectaron a los titulares de una tarjeta de crédito, entre los que se encuentra una adulta mayor, sino que provocaron el desembolso indebido de fondos públicos”, apuntó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, en comunicado de prensa.

La fiscal Rosa Molina Pérez, de la División de Delitos Económicos, formuló 71 cargos por fraude y 64 por apropiación ilegal de fondos públicos, en violación a los artículos 202 y 182 del Código Penal de Puerto Rico, respectivamente.

La pesquisa estuvo a cargo del agente Abraham Lebrón Hernández, de la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico.

El secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, aseguró que han “fortalecido las capacidades investigativas y el desarrollo profesional del personal de la Unidad de Investigación e Inspección de DISCO y de nuestros investigadores en los CESCO, para que cuenten con las herramientas necesarias para realizar investigaciones rigurosas, objetivas y debidamente documentadas. Este trabajo nos permite identificar posibles irregularidades, desarrollar casos sólidos y referirlos a las autoridades correspondientes para que puedan tomar las acciones que procedan”.

Los arrestos se llevaron a cabo en sectores de Carolina, San Juan, Bayamón, Caguas, Arecibo y Humacao.

El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra los imputados y les fijó una fianza global de $1,231,000.

De resultar culpables, se exponen a una pena fija de 15 años de cárcel por el delito de apropiación ilegal de fondos públicos, mientras el cargo de fraude implica una sentencia fija de ocho años.

“En el Departamento de Hacienda actualizamos continuamente nuestros procesos y controles conforme evolucionan las tecnologías y herramientas de los procesadores de pago, con el propósito de prevenir, detectar y mitigar posibles esquemas de fraude. Asimismo, mantenemos una estrecha colaboración con las agencias fiscalizadoras y las autoridades estatales y federales, mediante el intercambio de información y el apoyo a las investigaciones correspondientes. Exhortamos a cualquier persona que tenga conocimiento de posibles irregularidades o esquemas de fraude relacionados con transacciones o procesos del Departamento a comunicarse de manera confidencial a través de SURI Confidencia”, exhortó el secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez.