El Departamento de Justicia tiene hasta el lunes, 9 de marzo, para informar a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) si continuará una investigación preliminar en la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) sobre la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.

La titular de Justicia, Lourdes Gómez Torres, explicó que la agencia tiene 15 días laborables para comunicar su determinación al FEI, que corren desde que, el 12 de febrero, los representantes Ramón Torres y Swanny Vargas, del Partido Popular Democrático (PPD), hicieron el referido de investigación.

“Nosotros no tomamos ningún referido livianamente. Nosotros vamos a hacer una investigación, una investigación exhaustiva. Así que hasta el 27 de febrero tenemos, que se cumplen esos 15 días, para expresarnos”, expresó la titular de Justicia, en conferencia de prensa.

Posteriormente, la agencia envió una nota aclaratoria para aclarar los términos, que corren en días laborables. Es decir, que, en vez de hasta este viernes, Justicia tiene hasta el 9 de marzo para comunicar su determinación al FEI.

El Nuevo Día cuestionó si Gómez Torres ha sostenido, como parte de la pesquisa, conversaciones con el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, quien, desde la semana pasada, tiene pendiente un informe sobre las irregularidades detectadas en un centro de inspección de vehículos y venta de marbetes propiedad de la familia de Pérez Peña, que, incluso, estuvo a su nombre.

“En relación a la pregunta de si he sostenido alguna comunicación con el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, en relación a la investigación sobre la secretaria de Vivienda, la respuesta es no, en deferencia y respeto a la investigación en curso”, respondió la secretaria de Justicia.

Asimismo, indicó que tampoco lo ha conversado con la gobernadora Jenniffer González. “Sobre este particular no hemos tenido conversación ninguna. Aquí sigue el trámite como (se) debe”, aseveró.

Por su parte, la primera ejecutiva ha reiterado su apoyo a la secretaria Pérez Peña, en medio de las controversias, y dijo que depende de lo que arroje el informe que encomendó al DTOP para poder comentar las alegaciones.

La investigación de Justicia se centra en posibles violaciones al Código Anticorrupción (Ley 2-2018) tras un referido de varios representantes populares y de una declaración jurada de Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP.

Deliz Vélez fue el empleado que investigó las supuestas irregularidades señaladas en el Centro de Inspección Yabucoa Auto Services, que es operado por familiares de Pérez Peña.

El pasado jueves, trascendió una nueva declaración jurada en la que Yashira Silva González, empleada del DTOP, alegó que Deliz Vélez iba a “aniquilar” a Pérez Peña y que tenía “animosidad” contra ella.

Al respecto, Gómez Torres aseguró que ha visto el documento en la prensa. “No la he tenido, la declaración jurada, no voy a especular sobre ese asunto. Si esa declaración jurada fuera parte de la investigación, se va a a estudiar, a investigar y a evaluar como corresponde”, dijo.

“Tengo que evaluar aquí conforme a la ley y el orden. Nosotros lo que hemos recibido hasta el día de hoy son dos referidos”, añadió la secretaria de Justicia, quien aseguró que, como parte de la investigación “se va a citar personal”.

Justicia tiene hasta el 16 de marzo para determinar su acción respecto a este referido.

Cuando trascendió la información, González Montalvo dijo que el centro de inspección estuvo bajo un cierre administrativo desde septiembre de 2023 hasta julio de 2024 debido a las irregularidades detectadas en los certificados de inspección. Y mencionó que, en la agencia, existe “evidencia documental de un pago de $5,000 asociado a este trámite”.

En una demanda presentada el jueves contra el DTOP, Deliz Vélez solicitó una compensación de $375,000 por los daños morales y las angustias mentales sufridas por un alegado patrón de represalias luego de la investigación que realizó, que, alegó, le han provocado problemas en su entorno cercano. El secretario González Montalvo negó las alegadas represalias.

En medio de esta controversia, la secretaria de la Vivienda no ha participado de conferencias de prensa de la agencia o del gobierno, y ha limitado sus breves expresiones sobre el tema a comunicados escritos y una entrevista televisiva.