Contrario a lo que originalmente describió sobre su masivo proyecto de despeje de vegetación, LUMA Energy carece de un plan de siembra o mitigación proporcional al corte de árboles que inició en San Juan, pero que se extiende a lo largo de 16,000 millas de líneas eléctricas de transmisión y distribución en todo Puerto Rico.

“Según las leyes y reglamentos aplicables, LUMA, actuando como agente de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica), no está obligada a replantar árboles en servidumbres despejadas. Los árboles no deben estar en la servidumbre, según las leyes y reglamentaciones aplicables”, estableció el propio consorcio, en respuesta a una petición de información de El Nuevo Día, al reconocer que tampoco existe un plan de siembra en otros espacios fuera de las servidumbres despejadas, al menos, en la primera fase del proyecto.

En septiembre de 2023, previo al inicio de las obras, la entonces vicepresidenta de Ingeniería, Manejo de Activos y Programas de Capital de LUMA, Shay Bahramirad, indicó que, entre las alternativas que el consorcio implantaría en las zonas despejadas, figuraba la siembra de árboles de menor altura, de forma que no interfirieran con las líneas eléctricas en el futuro.

Al actualizar los avances del proyecto, sin embargo, LUMA no aludió a la siembra de árboles.

Tras varios retrasos, la operación de despeje inició en la capital a mediados de 2024. Hasta el 15 de enero, LUMA había despejado 70.5 millas, del total de 16,000 en agenda.

El Nuevo Día ha observado varios de los operativos a cargo de subcontratistas del consorcio y ha constatado que, en la mayoría de los casos, se trata de corte de árboles, desde la parte más baja del tronco, y no de poda. Esto ha preocupado a vecinos y ambientalistas, quienes han advertido sobre impactos negativos del proyecto, con el que LUMA busca reducir hasta un 45% los apagones.

En su respuesta, LUMA mencionó que no hay “ninguna” dispensa ambiental en curso para los trabajos de despeje. Arguyó que dicha exención es innecesaria, toda vez que la iniciativa “sigue las políticas y regulaciones ambientales aplicables”. También, hizo referencia a la orden ejecutiva 024-2024, del exgobernador Pedro Pierluisi, que mantiene la declaración de emergencia en infraestructura y activa un proceso expedito en proyectos asociados con reparaciones del huracán María (2017).

La postura actual del consorcio es distinta a versiones previas, en las que hacía referencia a dispensas solicitadas en el contexto del proyecto, así como planes de mitigación –incluyendo la “siembra estratégica”– que se acordarían con agencias federales y estatales.

La respuesta de LUMA también deja fuera del panorama al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), cuya exsecretaria Anaís Rodríguez Vega llegó a declarar que la agencia estaba en “negociaciones para que haya algún tipo de mitigación”. Un plan de mitigación, en este caso, describiría un conjunto de acciones diseñadas para minimizar, remediar o compensar los impactos negativos que el proyecto pudiera tener sobre el medio ambiente.

Al describir el alcance de las obras, el plan de trabajo presentado por LUMA a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) establece que se limpiarán todas las especies de flora “incompatibles con el derecho de paso de las líneas de electricidad”, definiendo “limpieza” como “remoción de árboles, corte de enredaderas, corte, masticación mecánica y aplicación de herbicidas”. Dispone, además, que los equipos de limpieza de líneas deben “quitar la parte del árbol que está por encima del suelo, dejando el tocón en su lugar”. Aunque el consorcio indicó que no está usando herbicidas, la intención –según el documento– era tratar el tocón con el químico “para eliminar permanentemente el árbol del sitio”.

Igualmente, indica que se eliminarán las especies, aun cuando se consideren compatibles, de acuerdo con la distancia identificada en el Reglamento 7282 (Reglamento de Servidumbres para la AEE), lo que significa que cualquier árbol con el potencial de invadir los conductores, a una distancia de 12 pies en toda su extensión, se descartará con los mismos métodos descritos.

El Nuevo Día cuestionó a LUMA si lleva un registro del número y tipo de árboles cortados desde la raíz del tronco, después de concluir que interfieren con las líneas, a lo que respondió en la afirmativa, pero no proveyó detalles.

“LUMA mantiene registros completos de todas las remociones de árboles dentro de la servidumbre, asegurando el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo aquellas relacionadas con la preservación ambiental e histórica”, expuso.

Hasta diciembre, LUMA había presentado 36 proyectos adicionales de despeje de vegetación, los cuales están sujetos a cambios o ajustes, como parte de la revisión de FEMA y Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia.

Para la primera fase del proyecto, FEMA revisó 108 líneas de distribución en la región de San Juan. Dicha revisión contempló leyes ambientales y órdenes ejecutivas federales para establecer las condiciones de aprobación.

El Nuevo Día preguntó a FEMA cómo garantiza o busca un balance entre el proyecto de despeje y la protección ambiental, por ejemplo, si se trata de algún árbol endémico en peligro. La agencia federal respondió que las condiciones “incluyen medidas de conservación para cualquier especie en amenaza o en peligro de extinción potencialmente presente en la zona de posibles impactos”. Dichas medidas, agregó, se acordaron con el Servicio federal de Pesca y Vida Silvestre.

“Las condiciones incluían las medidas de conservación o mitigación para prevenir o minimizar los impactos adversos sobre los recursos ambientales o históricos identificados durante la revisión”, indicó FEMA.

Aun así, el alcance del trabajo propuesto en San Juan es de 150 líneas. Para las restantes 42 –identificadas en áreas rurales o boscosas–, FEMA solicitó a LUMA realizar estudios biológicos e investigaciones de antecedentes de la Ley de Preservación Histórica Nacional.

“Una vez que LUMA complete estos estudios, FEMA revisará esta información y, en consulta con las agencias reguladoras asociadas, determinará si se requerirán medidas adicionales de mitigación y/o conservación. LUMA no puede realizar ningún trabajo en estas 42 líneas de distribución hasta que se complete el proceso de revisión”, explicó FEMA.

Como parte de los documentos solicitados y entregados, este medio analizó las propuestas de trabajo que LUMA sometió ante FEMA para evaluación y aprobación, que se dividen por región. En cuanto a la región 1 de San Juan, el proyecto “no incluye trabajos de mitigación”.

“Sin embargo, se realizará la limpieza de vegetación necesaria durante la ejecución de los proyectos de reparación y rehabilitación de líneas de distribución y transmisión, como el reemplazo de postes y líneas y la limpieza de caminos de acceso para llegar a las áreas de trabajo”, lee el documento.

El consorcio, a través de su director de medios, Hugo Sorrentini, indicó que “algunos documentos adjuntos no reflejan necesariamente el curso de acción actual o futuro, sino la propuesta inicial para la ejecución del proyecto”. “Estos proyectos y alcances de trabajo pueden estar sujetos a cambios basados en las conversaciones en curso con las partes interesadas, incluyendo FEMA y otras agencias locales y federales”, dijo.

Uno de esos cambios es la decisión de LUMA de no usar herbicidas para el despeje, pese a que estaba aprobado, luego que públicamente se cuestionó su uso, con reportes que el consorcio calificó como “incorrectos o imprecisos”.

Bahramirad –quien renunció en junio de 2024– mencionó, en su momento, que LUMA estaba en conversaciones con la Universidad de Puerto Rico (UPR) para reclutar personal que garantizara las “mejores prácticas académicas” en el manejo de vegetación. Adelantó, además, que el consorcio pretendía realizar acercamientos a artesanos que pudieran aprovechar la madera de los árboles talados, para lo que –en efecto– sí existe un plan.

“LUMA se ha reunido con partes interesadas, incluidos representantes de la UPR, el propietario de Puerto Rico Hardwoods, el propietario de Bio-Restorative Ideas of PR y todo el equipo del Puerto Rico Recycling Partnership, en lo que respecta a la reutilización, el reciclaje y la reutilización de la madera talada”, respondió LUMA en esta ocasión. “También, nos hemos reunido con el propietario de Puerto Rico Hardwoods, en más de una ocasión, para discutir formas de llevar madera recuperada a su empresa y a los artesanos locales”, añadió.

Las respuestas de LUMA surgen tras una petición de El Nuevo Día a través de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. El consorcio incluyó correos electrónicos que constatan las conversaciones con Puerto Rico Hardwoods desde agosto del año pasado.

De la comunicación, se despende que esta colaboración, más allá de ser una medida de mitigación, representa un ahorro para el proyecto. “Eliminaría lo que actualmente gastamos en triturar, transportar y desechar el material de más de 12 pulgadas de diámetro”, anotó, en uno de los correos, Johnathan Burke, consultor de LUMA.

La empresa, con sede en Caguas, confirmó –por separado– el plan en curso, pero espera por una aprobación final del DRNA, ya que en Puerto Rico la madera se considera un desperdicio sólido en lugar de materia prima.

“Lo que estamos tratando es sacar la madera de la basura, porque es madera nueva, y los artesanos de Puerto Rico la pueden utilizar”, sostuvo Andrés Rúa, propietario de Puerto Rico Hardwoods.

Actualmente, indicó LUMA, el exceso de vegetación y astillas de madera se lleva a lugares aprobados por el DRNA, donde se utilizan como mantillo para construir granjas locales o se procesan para convertirlas en abono que se distribuye para necesidades agrícolas. Los trozos más grandes, en particular la madera dura valiosa, se llevan a VIVO Recycling.

Sobre la posibilidad de colaboraciones con la academia, LUMA indicó que “discutió verbalmente con líderes de universidades, incluida la UPR y la Universidad Ana G. Méndez, sobre el potencial de colaboración, incluidos los programas de construcción y arte en las universidades para aprovechar la vegetación removida para apoyar la economía local sostenible”, pero no existe nada concreto, mientras avanza la tala.