El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, adelantó este viernes que, para el presupuesto del próximo año fiscal –que inicia el 1 de julio–, pedirá $241.5 millones para los 78 pueblos, que incluyen duplicar la partida para obras y mejoras permanentes, un aumento de $5 millones para el programa de amas de llaves ante la demanda de servicios, y una nueva tajada de $15 millones para el fortalecimiento y reclutamiento de policías municipales en ayuntamientos que cuentan con menos de 10 agentes.

“La Junta de Supervisión Fiscal quiere que les demos estadísticas e informes. Hemos estado con nuestros asesores asegurándonos de todos esos requerimientos para ser efectivos y lograr que nos asignen ese dinero. Yo tengo una muy buena comunicación con el director ejecutivo de la Junta (Robert Mujica)”, defendió el también alcalde de Camuy, en conferencia de prensa desde la sede de la Federación, en Puerta de Tierra.

La petición presupuestaria para el año fiscal 2026-2027 se subdividió en 13 renglones y, en casi todos, los alcaldes solicitaron más fondos. Asimismo, pidieron que se distribuya el fondo de Consolidación de Servicios Municipales, de $66 millones, que está atado a que se elimine el impuesto al inventario, explicó Hernández sobre este dinero que representa la mayor partida en la petición de la Federación.

En la carta enviada a la JSF, Hernández compartió estadísticas demográficas para sustentar la necesidad de los fondos y un análisis comparativo de las partidas aprobadas en años fiscales recientes, en especial, la del servicio de amas de llaves, que, en los pasados dos ciclos, ha recibido $15 millones por cada uno y, para el 2026-2027, se están solicitando $20 millones.

Del mismo modo, los alcaldes buscan aumentar los fondos para reclutar paramédicos, con un alza de $3 millones, para que sean $12 millones en el próximo año fiscal.

“Referente al programa de Obras y Mejoras Permanentes, en los pasados años, se han dado $5 millones. Ahora, estamos pidiendo $10 millones. El precio de la gasolina y los costos de construcción han aumentado y todos los municipios en Puerto Rico tienen muchos proyectos de mejoras a facilidades o tienen subastas que están corriendo, que se quedan por debajo del presupuesto”, insistió el presidente, quien se reunió, más temprano, con 24 de los 37 ayuntamientos que son parte de la entidad, que agrupa a los ejecutivos del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Precisamente, la partida de $10 millones se dividiría en $5 millones para los municipios del PNP y los restantes $5 millones, para los del Partido Popular Democrático, y “que sean los gremios los que recomienden a la Junta Fiscal la distribución”, reiteró.

En el cónclave, los ejecutivos municipales discutieron la propuesta de $15 millones para atender la carga operacional que ya asumen los policías municipales. Al citar estadísticas de la Uniformada, Hernández señaló que las policías municipales atendieron 22,656 querellas en 2025 versus 16,467 del cuerpo estatal en las mismas áreas evaluadas, lo que representa una diferencia de 37.6%.

A pesar de esa carga, municipios pequeños operan con tan solo cuatro agentes, con salarios de entre $1,750 y $2,000 mensuales, lo que ha provocado rotación constante. Hernández mencionó pueblos como Orocovis, que tiene cinco agentes, y Aguas Buenas, con cuatro.

Los $15 millones al nuevo programa policial se dividirían en $8 millones para la equiparación de salarios de los policías que ya forman parte del ayuntamiento; $3.5 millones para el reclutamiento para municipios que tienen 10 agentes o menos; $3 millones para adiestramiento, equipo y para establecer los protocolos de este fondo; y $500,000 para la administración y evaluación de métricas, detalló.

La propuesta de la Federación propone un salario base mínimo de $2,500 mensuales y contempla, mediante memorando de entendimiento, que los municipios asuman responsabilidades operativas de la Policía Estatal a cambio de la asignación.