La partida de $1,300 millones que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) separó para restaurar las represas pertenecientes a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) podría reasignarse para atender necesidades del sistema de transmisión y distribución o la flota de generación, insinuaron este jueves varios comisionados del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), en la continuación de las vistas de revisión de la tarifa base.

“Entendemos que los $10,700 millones (que FEMA asignó a la AEE para reparar daños provocados por el huracán María) son solo para electricidad. Pero ahora escuchamos otras cosas”, planteó el comisionado asociado Antonio Torres Miranda durante la audiencia, a la que comparecieron representantes de la AEE y Genera PR para abordar distintos componentes de costos relacionados con las áreas de generación.

En respuesta a los cuestionamientos del pleno del NEPR, el director de Hidroeléctricas de la AEE, Fernando Osorio, y el consultor a cargo de la formulación de proyectos federales, William Sullivan, enfatizaron que la rehabilitación de las represas –entre las que figura el lago Guajataca, a un costo de más de $1,000 millones– cumple un rol primordial de seguridad ciudadana ante la amenaza de inundaciones en caso de roturas mayores. Ese escenario estuvo cerca de materializarse con los daños estructurales que causó el huracán María, lo que resultó en el desalojo de miles de residentes aguas abajo en la región noroeste.

Si el NEPR ordenara redirigir los fondos del sistema hidroeléctrico, estaría revirtiendo su propia determinación de 2021, cuando autorizó inicialmente a la AEE a procurar más de $1,300 millones de FEMA para las rehabilitaciones, la mayoría de las cuales se encuentra en fase de diseño, como parte de las colaboraciones con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

A lo largo de la vista, los comisionados y el oficial examinador Scott Hempling buscaron determinar la tajada de las mejoras capitales a las represas que tendría un impacto –directo o indirecto– sobre la generación de energía, un monto que Sullivan estimó en $432 millones, o cerca de una tercera parte de la asignación para obra permanente que FEMA destinó a la AEE. Junto a los $1,300 millones disponibles de la asignación de FEMA, Sullivan puntualizó que hay una partida de $700 millones adicionales para acompañar los proyectos con medidas de mitigación de riesgos. Entre otros elementos, los fondos de mitigación complementarán los proyectos del lago Guajataca, así como de la represa de Patillas, valorado en más de $500 millones.

Aunque la generación hidroeléctrica supone un componente minoritario de los proyectos capitales de la AEE, Osorio subrayó que los embalses bajo su jurisdicción sirven al sistema de riego agrícola a través de la isla, al tiempo que estimó que –por medio de la venta a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)– suplen el agua potable para la mitad de la población, entre ellos, 350,000 personas que dependen del lago Guajataca en el noroeste.

Actualmente, debido a averías, las hidroeléctricas producen entre 20 y 25 megavatios (MW) de energía, pese a contar con una capacidad nominal de 100 MW. Osorio estimó que, con los proyectos encaminados, se podrían recuperar alrededor de 30 MW, lo que seguiría representando menos del 1% de la demanda de electricidad.

“Una de las mayores preocupaciones, si no se utiliza el dinero para las represas, es la seguridad de los ciudadanos. ¿Si no se usa para el sistema de transmisión y distribución, no tenemos las mismas preocupaciones con las vidas de los ciudadanos?”, cuestionó, por su parte, el presidente del NEPR, Edison Avilés.

“Está latente en ambas circunstancias. Mi preocupación es que una cosa no deje (atrás) a la otra”, replicó el ex director ejecutivo de la AEE Justo González, quien sometió al NEPR un informe pericial sobre los gastos en el sistema de generación, y afirmó que, a su juicio, “hay otras oportunidades” para obtener financiamiento para los proyectos en los embalses de la AEE.

En la vista, por otro lado, Hempling reprendió a la AEE por estipular los precios de venta de agua a la AAA y los agricultores sin participación de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, como se ordenó en el procedimiento previo de revisión de la tarifa base, que concluyó en 2017. La venta de agua es uno de los componentes que los clientes de la AEE subsidian parcialmente a través de los pagos de facturas.

Mientras, en horas de la mañana, los abogados de los acreedores de la AEE cuestionaron la capacidad de ejecución de proyectos exhibida por Genera PR, que propone realizar mejoras estimadas en $2,000 millones entre ahora y el año fiscal 2027-2028, por medio de una combinación de fondos federales y recaudos de la tarifa.

“Hay muchos proyectos de Genera que no cumplirán con el calendario, ¿correcto?”, indicó Hempling.

“Con respecto al calendario original, sí”, admitió Jesús Cintrón, gerente de Fondos Federales de Genera PR.

A preguntas de Corey Brady, uno de los representantes legales de los bonistas, Cintrón sostuvo que, entre seis proyectos de instalación de baterías de almacenamiento de energía –con capacidad para despachar hasta 430 MW–, solo uno tiene posibilidad de cumplir con el cronograma estipulado en 2023. La mayoría de las instalaciones podrían estar listas en 2027.

“Tenemos un calendario que creemos que funcionará”, expresó, por su parte, el vicepresidente de Operaciones de Genera PR, Vladimir Scutt.