La notificación del cierre permanente del Colegio Mocano Bilingual School, en Aguadilla, llegó a las 8:45 p.m. del pasado lunes, después de un día habitual de clases. La noticia cayó como un balde de agua fría para la familia de Harol Villanueva, quien tenía a sus dos hijos matriculados allí y, de un momento a otro, ya no tenían dónde recibir el pan de la enseñanza.

“No hubo aviso de ninguna clase, solo cerraron y ya. No nos dieron información de por qué habían cerrado. Perdimos el dinero de la matrícula, libros y dos meses, más ver el sufrimiento de los niños que ya sabían que tenían una actividad (el martes)”, compartió este jueves el padre, cuyos hijos fueron reubicados en otro colegio, en Aguadilla, que, ante la situación, honró el pago de matrícula y de la mensualidad de septiembre.

El cierre inesperado y desordenado del Colegio Mocano es solo uno de múltiples que se han dado –hasta ahora, sin consecuencias– al margen de la Ley 212-2018 y de los reglamentos de la Oficina de Registro y Licenciamiento del Departamento de Estado que rigen a las instituciones de educación privada.

La directora de dicha oficina, Damaris Nolasco, indicó que advinieron “en conocimiento del cierre cuando salió la comunicación a los padres”, cuando la dependencia de Estado llamó a la institución para corroborar la información.

“Tan pronto salió esa comunicación, de inmediato, tratamos de conseguirlos. Los conseguimos y, en efecto, dijeron que sí, que habían cerrado. Se les explicó que no lo hicieron conforme al reglamento ni a ley y que, pues, tenían que someter toda la información relacionada al cierre”, expuso Nolasco.

Para clausurar estas instituciones académicas, las administraciones deben cumplir con un protocolo establecido en la Ley 212-2018 y el Reglamento 9592, que incluye completar un formulario de cierre en el que informen a la agencia las personas contacto para trámites posteriores y el protocolo de manejo y entrega de los expedientes de los estudiantes.

Asimismo, están obligadas a informar el cese de operaciones con 60 días de antelación y publicar un anuncio con algún periódico de circulación general.

Aunque los cierres no ordenados han sido recurrentes, como fue el caso de Elite Academy en Bayamón, la clausura del Colegio Mocano es la primera que se da en pleno año escolar.

Al momento, la escuela no ha remitido ningún documento relacionado con el cierre, que atribuyeron a problemas económicos. El colegio estaba registrado para operar durante el año escolar 2025-2026, de kínder a sexto grado, con una matrícula proyectada de 40 estudiantes. Sin embargo, el director escolar informó que solo tenían 22 alumnos matriculados, contó Nolasco.

La directora ejecutiva de la Asociación de Educación Privada, Wanda Ayala, reconoció que sostener una operación con 22 alumnos es imposible. “Para mis criterios, puedo sostener 22 estudiantes en un salón, en dos salones, tal vez. Pero, cuando tú tienes kínder a sexto, definitivamente no hay operación que aguante eso”, consideró.

La exdirectora escolar subrayó que el centro de toda institución académica debe ser su estudiantado. Por tanto, entiende que, “cualquier tipo de transacción de este tipo, que impacte a los estudiantes, hay que hacerlo conforme a la ley y pensando en cómo darles la mano a esos estudiantes, si es irremediable que hay que cerrar”.

Pese a estar en incumplimiento con los estatutos que las rigen, no ha habido consecuencias para los colegios que cierran. El caso de Elite Academy, a casi tres meses de su cierre, aún está bajo evaluación de la División Legal de Estado. El cierre del Colegio Mocano pasará al mismo trámite.

Mientras, las familias afectadas no cuentan con garantías de que se les devuelva el dinero invertido en la educación que sus hijos no recibieron, pues la Ley 212-2018 no contiene lenguaje específico a esos fines.

Ante la situación, el representante del distrito 17 de Aguadilla y Moca, Wilson Román, encomendó a sus asesores legales hacer un análisis de la mencionada ley y ponerse en contacto con el colegio, de forma que puedan orientar adecuadamente a los padres y evaluar posibles enmiendas al estatuto.

Al menos, 11 escuelas privadas clausuraron al terminar el pasado año escolar. Desde 2019, 67 escuelas privadas han cerrado sus puertas.