La Constitución del Estado Libre Asociado establece que cada persona imputada de delito tiene derecho a representación legal. Mas, siendo los servicios de representación legal un producto bastante caro, fuera –en los más de los casos– del alcance de acusados pobres, que son la mayoría de las personas que pasan por el sistema de justicia en Puerto Rico, ese derecho podría haber sido, igual que tantos otros, letra muerta, de no ser por la existencia, hace 70 años, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).