La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento (SESA, en inglés) y la organización Solar United Neighbors (SUN) pidieron al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que posponga su decisión en torno a la conversión del cargo de pensiones a un monto fijo por cliente hasta que concluya el procedimiento de revisión de la tarifa básica, aludiendo –entre otros elementos– al supuesto impacto nocivo que tendría sobre la base de abonados residenciales.

Según la moción conjunta de las entidades, un aplazamiento permitiría “asegurar que cualquier determinación esté apoyada en evidencia, alineándose con precedentes del NEPR, y evitando cambios súbitos que afectarían las expectativas del consumidor o la estabilidad económica”.

“Estos aumentos –oscilando entre 260% y casi 450%– ocurrirían sin el beneficio de un análisis de impacto al cliente, estudios de delincuencia o avalúos de bajos ingresos. El contexto socioeconómico de Puerto Rico acrecienta estas preocupaciones. Más de 1.2 millones de residentes cumplen con los criterios de elegibilidad del Programa de Asistencia Nutricional (PAN); sobre la mitad de los beneficiarios del PAN son adultos mayores o niños. Aproximadamente el 40% de la población de la isla vive bajo la línea de pobreza federal. En este ambiente, cargos grandes y fijos –inevitables y no relacionados al consumo– crean cargas desproporcionadas en hogares vulnerables”, argumentó la moción.

La semana pasada, y siguiendo directrices previas del NEPR, LUMA Energy propuso que, a partir del 1 de enero de 2026, el cargo de pensiones, que comenzó a cobrarse en septiembre, pase de calcularse en proporción al consumo a una cantidad fija para cada clase de abonados. En el caso de los consumidores pertenecientes a la clase residencial general –el 80% del universo de los abonados–, el pago para sufragar las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, según propuesto, sería de $10.89 al mes.

Desde septiembre, según provistos por LUMA, a los clientes residenciales se les ha estado facturando –a base del consumo– un promedio de $10.25 mensuales, por lo que el ajuste al monto fijo representaría una diferencia de 64 centavos.

Al tornarse en un cargo fijo, sin embargo, aquellos clientes del programa de medición neta no tendrían la oportunidad de descontar el pago por medio de las exportaciones de sus sistemas de energía renovable.

El escrito al NEPR puntualiza que, a base de un requerimiento de SESA –que representa a instaladores de sistemas solares– sometido como parte del proceso de revisión tarifaria, LUMA “confirmó que no ha analizado el efecto de la conversión propuesta sobre clientes de bajos ingresos o delincuencia en pagos”.

SESA y SUN –organización que promueve la adopción de la energía solar a nivel comunitario– señalaron que, de acogerse la moción de LUMA, el cargo fijo aplicable a abonados residenciales pasaría de los $4 que se pagan mensualmente por mantener una conexión a la red eléctrica hasta casi $15.

El paso a un cargo fijo, conforme a los datos provistos por LUMA, también representaría un aumento para clientes comerciales. Aquellos clientes considerados “pequeños” –conectados a líneas de distribución secundarias– y “medianos” –conectados a líneas primarias– verían un incremento mensual promedio de 36% y 22%, respectivamente. Mientras los abonados comerciales “grandes”, que se interconectan al sistema de transmisión, deberían esperar un alza de 23%.

En el caso de clientes industriales, el efecto sería variable, toda vez que los pequeños y medianos experimentarían reducciones de 35% y 2%, respectivamente, mientras los grandes sufrirían un incremento de 23%.

El cargo de pensiones más elevado aplicaría a los clientes industriales que se conectan al servicio de las líneas de transmisión de 115 kilovoltios, con un monto fijo de $145,731,86 al mes.