El Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió al Tribunal Federal que ordene una anotación preventiva sobre tres propiedades en Aguada y Añasco, una medida que busca impedir su venta o transferencia mientras avanza un caso que incluye acusaciones de crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero.

La moción de cuatro páginas, radicada el viernes, se produjo luego que un gran jurado acusó a seis personas por 23 cargos. Entre estos se encuentra el comerciante Manuel Antonio Valentín Vega, alias “Nano”, hijo del fenecido exalcalde de Añasco, Antonio “Toño” Valentín Vega.

Precisamente, la moción fue presentada en el expediente de Valentín Vega, pues los cargos que enfrenta incluyen la posibilidad de decomiso de bienes.

Es decir, la Fiscalía federal sostiene que ciertos activos pudieron ser obtenidos mediante actividades ilegales o utilizados para cometer delitos, por lo que podrían ser confiscados si así lo determina el juez presidente del Tribunal federal en Puerto Rico, Raúl M. Arias Marxuach.

“Los Estados Unidos respetuosamente solicitan a este honorable Tribunal que dicte una orden instruyendo al Registrador de la Propiedad de las divisiones pertinentes del Registro de la Propiedad para que inscriba una anotación preventiva sobre las propiedades, notificando que están sujetas a decomiso”, argumentó la Fiscalía en la moción.

Entre las propiedades que la Fiscalía federal identificó como sujetas a posible decomiso figuran tres terrenos ubicados en Aguada y Añasco. Específicamente, dos están localizados en los barrios Piñales y Caracol, en Añasco, mientras que el tercero está en el barrio Guayabo en Aguada, según el documento.

“Una anotación preventiva puede ser solicitada por una persona que reclame en un pleito la titularidad de un inmueble o la constitución, declaración, modificación o extinción de un derecho inscribible, o quien presente su reclamación en una acción que afecte un título de propiedad inmueble”, explicó el fiscal federal Antonio L. Pérez Alonso en la moción.

La anotación preventiva debe inscribirse en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico. “Una anotación preventiva solo puede realizarse por orden del tribunal, a solicitud de una parte legítima y en virtud de documentación adecuada para el prudente criterio judicial”, enfatizó el funcionario tras citar varias leyes relevantes.

De momento, Arias Marxuach no ha emitido una orden.

El arresto de los seis acusados ocurrió el 12 de mayo cuando la Fiscalía federal hizo pública el pliego que contiene 23 cargos por crimen organizado cometidos en apoyo de una organización criminal transnacional con base en el municipio de Añasco.

Según los hallazgos de la investigación de las autoridades federales, en coordinación con la Policía de Puerto Rico, la empresa criminal participaba en el tráfico de drogas a gran escala junto con fuentes de suministro en Venezuela, Colombia y la República Dominicana.

Según la acusación federal, los presuntos miembros de la organización criminal transnacional participaban en el tráfico de narcóticos y lavado de dinero. Además, cometieron e intentaron cometer actos violentos, incluyendo asesinatos y agresiones.

Para facilitar sus operaciones de narcotráfico, según la acusación, la organización utilizó embarcaciones para importar cargamentos de varios kilogramos de cocaína desde Colombia, Venezuela y la República Dominicana hacia Puerto Rico, y luego, hacia Estados Unidos.

Además, para promover las actividades ilegales, “lavaban y utilizaban las ganancias de las (ventas de) drogas para comprar armas y municiones, adquirir bienes inmuebles, alquilar propiedades para almacenar narcóticos, comprar embarcaciones y vehículos”.

Asimismo, según la acusación, miembros de la organización habrían cometido actos de violencia para promover los objetivos de “la Empresa”. Estos actos buscaban, entre otras cosas, fortalecer su prestigio y reputación frente a organizaciones rivales.

La acusación federal describió una cadena de violencia que, según las autoridades, se enmarca dentro de las operaciones de la organización y que surgieron presuntamente como secuela del secuestro de Valentín Vega, propietario del Centro Agrícola El Rancho.

Según el pliego, todo comenzó en abril de 2020, cuando Valentín Vega fue secuestrado por narcotraficantes rivales para exigir un rescate. Aunque fue liberado por sus captores, la Fiscalía federal sostiene que, tras el incidente, habría ordenado asesinar a los responsables.

Más tarde, el 21 de mayo de 2020, en Añasco, un grupo armado abrió fuego contra un vehículo en el que creían viajaba uno de los objetivos. En el ataque murieron una mujer y su hija de ocho años, marcando uno de los episodios más graves incluidos en la acusación.

La violencia continuó en los meses siguientes. En octubre de ese año, dos ataques separados en Mayagüez dejaron tres muertes, entre ellas un vecino del presunto objetivo y, luego, el propio F.S.C.V. junto a otra persona que se encontraba con él en una casa.

La pesquisa también detalló un giro clave en el caso: uno de los implicados comenzó a cooperar con las autoridades, identificando a presuntos participantes en los ataques. Sin embargo, la acusación sostiene que fue asesinado durante el mes de octubre de 2021.

El documento resaltó, además, que las tensiones internas dentro del grupo derivaron en nuevos asesinatos por órdenes de sus miembros, en un patrón de represalias y ajustes de cuentas que se extendió hasta 2022, incluyendo un asesinato en Florida.

Más allá de estos casos, la acusación incluyó múltiples cargos relacionados con conspiración para importar y distribuir cocaína, lavado de dinero, intento de importación de drogas y represalias contra testigos, todos como parte del esquema criminal descrito.

La acusación también incluye 22 cargos adicionales, entre ellos: conspiración de crimen organizado, conspiración para importar cocaína, conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas e importación de cocaína.

A estos se suman intento de importación de cocaína, asesinatos en apoyo de crimen organizado, conspiración de represalias contra testigos, posesión de armas de fuego en apoyo de un delito de narcotráfico y transacciones monetarias ilegales de más de $10,000.