Un acusado en el caso federal por crimen organizado que involucra al comerciante Manuel Antonio Valentín Vega, alias “Nano”, hijo del fenecido exalcalde de Añasco, Antonio “Toño” Valentín Vega, fue arrestado en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

El arresto de Jonathan Hernández Ruiz, alias “Tan”, de 38 años, fue esta semana por agentes federales cuando intentaba abandonar el país, confirmó en sus redes sociales la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

“En menos de tres días tras ser divulgado en nuestras plataformas oficiales de redes sociales, Jonathan Hernández Ruiz fue arrestado en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Este resultado resalta el papel fundamentel de los esfuerzos coordinados entre las agencias del orden público. Agradecemos a nuestros colaboradores por su apoyo para llevar a este individuo ante la justicia”, precisó HSI.

Este caso salió a la luz el 12 de mayo cuando la Fiscalía federal hizo pública una acusación contra seis hombres por 23 cargos de crimen organizado, cometidos en apoyo de una organización criminal transnacional con base en Añasco.

Además de Valentín Vega y Hernández Ruiz, las autoridades federales acusaron a Rafael Ángel Ruiz Garcés, alias “Pito Rancho, Pito y/o El Flaco”; César E. “Waldy” Carrero Martínez; Luis F. “Nino” Rivera Quiñonez; y Luis J. Irizarry Zapata, alias “Luijo”.

De acuerdo con la investigación de las autoridades federales, en coordinación con la Policía de Puerto Rico, la empresa criminal participaba en el tráfico de drogas a gran escala en coordinación con fuentes de suministro en Venezuela, Colombia y la República Dominicana.

Según la acusación federal, los presuntos miembros de la organización criminal trasnacional presuntamente participaban en el tráfico de narcóticos y el lavado de dinero. Además, habrían cometido e intentado cometer actos violentos, incluidos asesinatos y agresiones.

Para facilitar sus operaciones de narcotráfico, según la acusación, la organización utilizaba embarcaciones para importar cargamentos de varios kilogramos de cocaína desde Colombia, Venezuela y la República Dominicana hacia Puerto Rico y luego hacia Estados Unidos.

Además, para promover las actividades, los federales alegan que “lavaban y utilizaban las ganancias de las drogas para comprar armas y municiones, adquirir bienes inmuebles, alquilar propiedades para almacenar narcóticos, comprar embarcaciones y vehículos”.

Asimismo, según la acusación, miembros de la organización habrían cometido actos de violencia para promover los objetivos de “la Empresa”. Estos actos buscaban, entre otras cosas, fortalecer su prestigio y reputación frente a organizaciones rivales.

La acusación federal describe una cadena de violencia que, según las autoridades, se enmarca dentro de las operaciones de la organización y que surgieron presuntamente como secuela del secuestro de Valentín Vega, propietario del Centro Agrícola El Rancho.

Según el pliego, todo comenzó en abril de 2020, cuando Valentín Vega fue secuestrado por narcotraficantes rivales para exigir rescate. Aunque fue liberado luego, la Fiscalía federal sostiene que, tras el incidente, habría ordenado asesinar a sus secuestradores.

Más tarde, el 21 de mayo de 2020, en Añasco, un grupo armado abrió fuego contra un vehículo en el que creían viajaba uno de los objetivos. En el ataque murieron una mujer y su hija de ocho años, marcando uno de los episodios más graves incluidos en la acusación.

La violencia continuó en los meses siguientes. En octubre de ese año, dos ataques separados en Mayagüez dejaron tres muertes, entre ellas un vecino del presunto objetivo y, luego, el propio F.S.C.V. junto a otra persona que se encontraba con él en una casa.

La pesquisa también detalla un giro clave en el caso: uno de los implicados comenzó a cooperar con las autoridades, identificando a presuntos participantes en los ataques. Sin embargo, la acusación sostiene que fue asesinado durante octubre de 2021.

El documento federal añade, además, que las tensiones internas dentro del grupo derivaron en nuevos asesinatos por órdenes de sus miembros, en un patrón de represalias y ajustes de cuentas que se extendió hasta 2022, incluyendo un asesinato en Florida.

Más allá de estos casos, la acusación incluye múltiples cargos relacionados con conspiración para importar y distribuir cocaína, lavado de dinero, intento de importación de drogas y represalias contra testigos, todos como parte del esquema criminal descrito.

La acusación también incluye 22 cargos adicionales, entre ellos: conspiración de crimen organizado, conspiración para importar cocaína, conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas e importación de cocaína.

A estos se suman intento de importación de cocaína, asesinatos en apoyo de crimen organizado, conspiración de represalias contra testigos, posesión de armas de fuego en apoyo de un delito de narcotráfico y transacciones monetarias ilegales de más de $10,000.

De acuerdo con las autoridades federales, los acusados desempeñaban distintos roles dentro de la Empresa: que iban desde líderes principales de la mencionada organización criminal hasta lavadores de dinero, transportistas y hasta ejecutores (o gatilleros).

La Fiscalía federal confirmó que los acusados enfrentan decomiso de bienes relacionados con narcotráfico, que incluyen la posible confiscación de los siguientes activos: dos embarcaciones de los años 2002 y 2020 y propiedades en Aguada, Añasco y Cabo Rojo.

Los fiscales auxiliares de Estados Unidos Pérez y Ryan McCabe están a cargo del caso, y de ser hallados culpables, los acusados se enfrentan a cadena perpetua. No obstante, Valentín Vega y Irizarry Zapata son elegibles para la pena de muerte.

Sin embargo, las autoridades federales reiteraron que la acusación que enfrentan los seis acusados no constituye prueba de culpabilidad, y todos se presumen inocentes hasta que la Fiscalía demuestre su caso más allá de toda duda razonable ante un tribunal.

La investigación forma parte de los esfuerzos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creado mediante la Orden Ejecutiva 14159, como una iniciativa de cooperación interagencial enfocada en combatir carteles, pandillas y organizaciones trasnacionales.

Este grupo integra a múltiples agencias federales y estatales -incluyendo la HSI en San Juan y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés)- que coordinan sus recursos para investigar y procesar este tipo de delitos.