La junta directiva del Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico (CACPR) aprobó por unanimidad una resolución para reclamarle a las autoridades de las Islas Canarias que impulsen la propuesta del pasaporte español o “nacionalidad española reparativa” para los puertorriqueños ante el Congreso en Madrid.

“Hacía falta un elemento social, más allá de lo académico, para poder tener este reclamo en las Cortes, y Canarias siempre ha tenido comunicación efectiva en los distintos juzgados en España -y con los partidos políticos-”, sostuvo Wigberto Rivera Casañas, presidente de la entidad, en llamada telefónica con El Nuevo Día.

La resolución, aprobada el sábado, surge tras el cierre hace poco más de una semana del primer Congreso Internacional España y Puerto Rico, presentado por el Recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico, en el que se detalló la “Propuesta de Nacionalidad Española Reparativa para los Puertorriqueños”.

La iniciativa, de la autoría del abogado y profesor universitario español Rafael Maldonado de Guevara, busca concederles a los puertorriqueños la posibilidad de acceder a la ciudadanía española de manera “reparativa” y voluntaria. Esto utilizando como fundamento las llamadas injusticias históricas del Tratado de París de 1898, convenio con el que España cedió Puerto Rico a Estados Unidos y que dejó casi un millón de boricuas desnaturalizados hasta 1917, año en que se firmó la Ley Jones que le daría a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense.

“También, es el momento porque acaba de culminar la Ley de Memoria Democrática y eso nos deja sin más recursos para poder obtener la ciudadanía, así que no hay otra manera, esta es la única opción”, afirmó Rivera Casañas.

Hasta principios de este mes se habían recibido 876,000 expedientes y aprobado aproximadamente 414,000 a través de la Ley de Memoria Democrática o “ley de abuelo”, que cerró su plazo de solicitudes el pasado 22 de octubre, indican los datos del Ministerio de Asuntos de Exteriores de España. Esta ley permitía que todos los descendientes de españoles que perdieron su nacionalidad durante la Guerra Civil y la dictadura aplicaran a obtener la ciudadanía de España, sin importar su lugar de nacimiento.

En el caso de Puerto Rico, se desconoce cuántas personas han aplicado a la ciudadanía española mediante este mecanismo. Al momento de esta publicación, no se pudo obtener una reacción del Cónsul General de España, Josep María Bosch Bessa.

Por lo tanto, el documento del CACPR utiliza estos argumentos para dirigirse a los representantes de las Islas Canarias en el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados y “a todos los sectores comprometidos con el acervo social y cultural de las Islas Canarias”.

Además, hace referencia al artículo 8 del Estatuto de Autonomía de las Islas Canarias que establece el derecho de las comunidades constituidas por personas de origen canario “al reconocimiento de su identidad de origen, entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de las islas”.

También, al artículo 142.2 que “mandata a las autoridades de las Islas Canarias el establecimiento de políticas públicas que favorezcan el regreso de los canarios que emigraron, así como el de sus descendientes” y al artículo 6.3 que dice que “los descendientes de canarios inscritos como españoles, si así lo solicitan, se considerarán integrados en la comunidad política autonómica”.

El propósito inicial es que las autoridades canarias promuevan activamente la iniciativa para lograr su presentación, tramitación y aprobación en las Cortes Generales de España. Esto requiere un número mínimo de firmas de diputados para que pueda ir a un proceso de debate y votación en ambas cámaras -Congreso y Senado-.

De hecho, el presidente de la colectividad no descartó que se muevan a Canarias para abogar por este reclamo presencialmente.

Actualmente, se está tramitando en el Congreso la nacionalidad reparativa para los saharauis, colectivo de ascendencia árabe y africana que quedó apátrida en 1976, cuando España entregó el Sahara Occidental a Marruecos.

Un estudio de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Arizona reveló que un 38% de los puertorriqueños con genes europeos tienen ascendencia canaria.

Aunque desde el inicio de la colonización española ya se trasladaban personas de las Islas Canarias a Puerto Rico, fue a partir del siglo 16 que la Corona española aceleró la migración organizada de campesinos canarios para poblar la isla y fortalecer la agricultura.

Durante la época colonial, el término “isleño” se utilizaba para distinguir a los canarios de la península ibérica de los que emigraron a otras partes del mundo como América.

La mayoría llegaban de Gran Canaria y Tenerife, según explicó Iván Torres Hoyos, historiador y catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en el foro “Jornada de nuestras raíces: Herencia canaria en Puerto Rico”.

Se establecieron principalmente en las zonas rurales y del oeste en municipios como Mayagüez, Manatí, Vega Alta, Lares, San Germán y Utuado, donde la cultura agrícola de los canarios ayudó a definir la figura del jíbaro puertorriqueño.

Influyeron grandemente en las costumbres, los apellidos y hasta la manera de hablar de los boricuas. Por ejemplo, en Canarias, al igual que en Puerto Rico, en algunas regiones se le dice “guagua” al autobús y “guineo” a la banana. De igual manera, comparten el intercambio fonético de las consonantes “r” y “l”.

Entre los apellidos canarios más comunes en Puerto Rico, destacó el académico Torres Hoyos, están Alonso, Morales, Marrero, Hernández, Cortés, Vera y Acosta.