La organización True Self Foundation repudió la respuesta de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) al reporte de la Oficina del Inspector General (OIG) que le recomendó establecer mayores “controles” para divulgar informes tras recibir una querella por un reportaje sobre jóvenes LGBTQ+, publicado en El Nuevo Día, que hizo público datos que la agencia quiso esconder, en 2024.

“El manejo de datos sobre las juventudes LGBT+ no es un problema de controles administrativos. Se trata de información que ayudaría a prevenir sufrimiento, orientar servicios y proteger vidas. La preocupación no puede ser que el país la conociera”, denunció Miguel Vázquez Rivera, director ejecutivo y fundador de True Self Foundation.

Su reacción surge después de la respuesta de la jefa de la Assmca, Catherine Oliver Franco, quien aseguró que fortalecería “los controles que sean necesarios” para la publicación de informes de datos que maneje la agencia como parte de la Consulta Juvenil, que se realiza con fondos federales.

La semana pasada, la OIG confirmó, en un informe, la información que El Nuevo Día hizo pública, en julio de 2024, de que la pasada administración de la Assmca recibió datos relacionados con la salud mental de jóvenes que se identificaban como parte de la comunidad LGBTQ+, pero determinó no publicarlos.

Los datos producidos con fondos públicos y reportados por este medio forman parte del estudio Consulta Juvenil 2020-2022, edición que incorporó la orientación sexual de los encuestados en escuelas públicas y privadas para analizar su salud mental.

A raíz de la investigación periodística, se supo que el 43.1% de las personas que se identificaron como homosexuales, lesbianas o bisexuales indicó tener problemas depresivos, versus el 16.4% de los heterosexuales. En la misma dirección, el 33.2% de quienes describieron su identidad de otra manera indicaron tener problemas depresivos. El 25.7% de ese grupo también dijo tener problemas de ansiedad, así como el 20.5% de los homosexuales, lesbianas o bisexuales, versus el 6.3% de los heterosexuales.

Meses después de la publicación, la OIG recibió una querella sobre una alegada divulgación “impropia”. “Causó confusión sobre el propósito, procedencia y resultados del estudio, y afectó la capacidad de la Assmca para atender los cuestionamientos relacionados con la información publicada”, esbozó el organismo sobre las alegaciones del querellante, que no se identificó en el informe.

El Área de Querellas e Investigación de la OIG determinó que la evidencia recopilada “no era suficiente para identificar la fuente de la información publicada ni para atribuir a los contratistas una divulgación o utilización impropia de los datos”.

Además de denunciar que no difundieran los datos producidos como resultado de la consulta, algunos de los cuales están relacionados a intentos suicidas entre los miembros de las comunidades LGBT+, Vázquez Rivera repudió la práctica de no incluir toda la diversidad de orientación sexual e identidad de género en el estudio.

Añadió que las organizaciones, líderes comunitarios y universidades “nunca” han sido llamados a reunión para analizar datos como los recopilados. “Es una oportunidad que pudiera traducirse en discusión de nuestras necesidades y los impactos de hallazgos e investigaciones”, dijo.

Según Vázquez Rivera, la divulgación de datos sobre las comunidades LGBT+ ayuda a “comprenderlos mejor, identificar necesidades, orientar intervenciones y evaluar resultados”. “Detrás de cada estadística, hay jóvenes que necesitan apoyo, familias que buscan orientación y profesionales que intentan responder con herramientas limitadas”, afirmó.