Por más de tres décadas, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha dado tumbos entre crisis fiscales, problemas operacionales, privatizaciones fracasadas, pobre planificación y una ejecución ineficiente de los proyectos de mejoras capitales que, en teoría, deberían brindar la estabilidad requerida al servicio de producción, tratamiento y suplido de agua potable que necesitan casi 1.3 millones de hogares y comercios en todo Puerto Rico.