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En Brasil, 39 personas con identidad sexual diversa se suicidaron en tres años. (GFR Media) (horizontal-x3)
En Brasil, 39 personas con identidad sexual diversa se suicidaron en tres años. (GFR Media)

Nota del editor: Este texto es parte del reportaje multimedia A nadie le importó, elaborado por la Unidad de Datos de El Tiempo en alianza con periodistas del Grupo de Diarios América (GDA), al que pertenece El Nuevo Día, y con colaboración desde Honduras.

Cada 19 horas un miembro de la comunidad LGBT es asesinado o se suicida víctima de LGBTfobia, lo que hace de Brasil el número uno en el mundo de ese tipo de crimen. Los datos son de la ONG Grupo Gay de Bahía, que informó que en el 2017 se registraron 445. La situación es dramática en este país, pero en el resto de América Latina también.

Contra viento y marea, las organizaciones civiles y la prensa llevan las cifras sobre los crímenes contra la comunidad LGBT. Sin embargo, existe un subregistro producto del miedo que trae consigo denunciar la condición sexual y la impunidad de la justicia para investigar y darle rostro a un tema que duele.

En palabras del director del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, Carlos Valdés, hace diez años en Colombia no se analizaban tan fielmente los crímenes contra la población LGBT, pues eran considerados homicidios simples o agravados, de acuerdo con las circunstancias. “No hacíamos un registro juicioso. Y no hacíamos diferenciación por género”, reconoce Valdés, pero “el instituto ha entrado en una modalidad de estudio diferencial y hemos detectado asuntos muy dolorosos”.

Otras voces, como la de la Defensoría LGBT de Argentina, dan cuenta del ocultamiento de la orientación sexual de los fallecidos. Razón por la cual identificar los crímenes de odio en los países es difícil, y de alguna forma son detectados por el nivel de sevicia que emplea el asesino: violar, apedrear, empalar, descuartizar o acuchillar múltiples veces a la víctima.

Lo anterior sin contar con que hay muchos suicidios que resultan del matoneo y la estigmatización. A juicio de las autoridades forenses, tanto en Colombia como en Argentina, los crímenes contra los miembros de la comunidad LGBT son una realidad que camina invisible en nuestras sociedades.

En Brasil, 39 personas con identidad sexual diversa se suicidaron en tres años; 286 fueron asesinadas con arma de fuego y 275, con arma blanca; 97 fueron asfixiadas; 28, apedreadas; 10, carbonizadas y 3, envenenadas.

No se trata solo de frías estadísticas, sino de historias que conmueven de vez en cuando en cada país. En Rosario, Argentina, asesinaron a Mónica Ortiz con siete puñaladas. La mujer trans, de 53 años, fue hallada muerta dentro de su casa, en junio del 2016. Su cuerpo estaba atado a la cama y calcinado.

En México, la organización Letra S logró sacar de la cárcel a un hombre gay injustamente señalado de asesinar a su pareja. Tras el proceso judicial se logró comprobar que fiscales y jueces comparten prejuicios contra la comunidad gay que determinaron el fallo, lo cual se constituye en una clara discriminación.

142 asesinatos de integrantes de la comunidad LGBT en Colombia ocurrieron en el marco del conflicto armado y como consecuencia de los prejuicios de los violentos.

En las confesiones de Justicia y Paz, un mecanismo judicial para la reincorporación de los paramilitares –escuadrones de extrema derecha–, sus miembros confesaban con la mayor serenidad los peores delitos –torturas, desapariciones forzadas–, pero eso sí se molestaban cuando algunos de sus comandantes se referían a ellos como “maricas”.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador informa que los niveles de crueldad ejercidos por los agresores son desproporcionados: atan, degüellan, lastiman con alambre de púa o cercenan los genitales de las víctimas. Estos actos envían mensajes a toda la comunidad LGBT del país. En La Paz, un departamento de este país centroamericano, asesinaron a dos mujeres trans, de 22 y 29 años, y luego desaparecieron y asesinaron a otra más que había ido al sepelio de sus compañeras. Este hecho fue suficiente para que otras 6 mujeres trans huyeran hacia Estados Unidos.

A Kiara, una mujer trans de 25 años, la encontraron sin vida en un parque de Uruguay la madrugada del 24 de septiembre del 2012. Estaba bocabajo, con un balazo en la cabeza y parte de su cuerpo incinerado, como si alguien se hubiese empecinado en borrar su identidad. El anillo policial hallado en uno de sus dedos ha hecho pensar a los investigadores en que el homicida fue un asesino serial vinculado a dicha institución. Sin embargo, nada ha podido ser comprobado.

En Honduras, la edad promedio de las víctimas de crímenes de odio por diversidad sexual es de 34 años, y aunque la totalidad de los casos reportados por una ONG tienen una respuesta de la justicia, no hay información disponible sobre cómo se cometieron los crímenes.

En Venezuela, los datos no se acercan aún a la realidad; sin embargo, se sabe que 13 personas fueron impactadas con balas y 10, golpeadas con martillos y piedras por no ser heterosexuales.

En el Perú no existe un registro oficial de ataques y crímenes de odio sufridos por miembros de la comunidad LGBT, pero hay casos imborrables como el de Alfredo Alfaro Caballero, de 51 años. Era gay y prefería que lo llamaran Dennis. Trabajaba en un salón de belleza, en la ciudad de Huancayo (sierra central). El 22 de enero del 2016 fue asesinado en su local. Lo hallaron amordazado y atado de pies y manos con señas de haber sido asfixiado.

En Puerto Rico hay ley para procesar los crímenes de odio, pero solo se ha producido una sentencia, 14 años después de que las Reglas de Procedimiento Criminal incluyeran el prejuicio como una circunstancia agravante a la comisión de un delito y 11 años después de que ese agravante se estableciera en el Código Penal de Puerto Rico.

Los miembros de los colectivos que defienden los derechos de las personas LGBT en América Latina reclaman el respeto por la diversidad en un territorio desigual en donde no los pueden seguir lastimando.

Las organizaciones civiles de los diferentes países  tienen registros de este pasado y presente dolorosos. Ahora coinciden en pedir políticas públicas para que el futuro sea más esperanzador.


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