Aibonito - La jueza superior Paola Morales Vélez, del Tribunal de Aibonito, determinó, en la mañana del miércoles, que Meliceli Ortiz Vázquez, imputada de apuñalar a su hijo de 7 años y a su hermana durante un incidente reportado en Barranquitas, no es procesable.

La determinación se produjo durante una vista de procesabilidad celebrada al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, mecanismo que permite evaluar si una persona posee la capacidad mental necesaria para comprender los procedimientos judiciales.

En resumen, el perito del Estado, que realizó la evaluación psiquiátrica, testificó en la sala 3 que Ortiz Vázquez presenta rasgos de psicosis, escaso contacto visual, se distraía con facilidad y mostraba una comprensión limitada del proceso judicial.

Asimismo, recomendó que la imputada -quien compareció a la audiencia por videoconferencia, ya que se encuentra en el Centro Médico Correccional- sea trasladada al Hospital Psiquiátrico en el municipio de Ponce para recibir tratamiento especializado.

Así las cosas, la togada acogió la recomendación del médico y ordenó el traslado de la imputada a la institución para recibir el tratamiento. La mujer será evaluada nuevamente en una fecha posterior para determinar si es o no procesable.

Precisamente, el 19 de mayo, la vista preliminar contra Ortiz Vázquez fue pospuesta luego de que su abogado, el licenciado Julio Torres Ortiz, informara que la imputada no estaba cooperando adecuadamente con su defensa y solicitara una evaluación de procesabilidad.

Recientemente, el programa Rayos X, de Telemundo, reveló que tuvo acceso a una libreta con anotaciones escritas por la imputada entre febrero y marzo de 2026, donde describe escuchar voces, sentirse vigilada dentro de su apartamento y creer que vecinos monitoreaban sus conversaciones y actividades.

Ortiz Vázquez enfrenta cinco cargos: dos por tentativa de asesinato, dos por violaciones a la Ley de Armas y uno por infringir la Ley 53-2023 de Prevención del Maltrato de Menores, informó el Departamento de Justicia a El Nuevo Día.

La agencia confirmó que a Ortiz Vázquez se le impuso una fianza de $500,000, que no prestó, por lo que permanece en una institución correccional.

Según la investigación preliminar de la Policía, el incidente ocurrió a las 2:12 a.m. del 4 de mayo en una residencia ubicada en la urbanización Jardines, en Barranquitas. Allí, la imputada presuntamente agredió a su hijo y a su hermana con un cuchillo de cocina.

Tras la agresión, ambas víctimas recibieron asistencia médica. La Policía confirmó que el niño fue transportado a un hospital del área metropolitana en condición delicada. Mientras, su tía fue atendida en el Hospital Menonita de Aibonito y dada de alta.

Por su parte, el Departamento de la Familia confirmó que asumió la custodia de emergencia del menor, quien permanece bajo el cuidado de un recurso familiar.

En un comunicado de prensa, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, informó que se trata de un caso activo que ya estaba siendo trabajado conforme a los procesos establecidos y bajo el seguimiento de personal del Departamento.

“Desde que el Departamento recibió los referidos relacionados con esta situación y con la señora Meliceli Ortiz Vázquez, previo al lamentable suceso ocurrido en la madrugada del lunes, nuestros equipos comenzaron a intervenir y a coordinar alternativas de apoyo y protección junto a la familia”, dijo Roig Fuertes.

La titular de Familia añadió que, según los récords de la agencia, Ortiz Vázquez no había acudido a la oficina local de Barranquitas en busca de ayuda y, debido a la relevancia del caso, brindó un resumen del caso conforme al informe oficial de dicha dependencia.

Según el informe preliminar de Familia, el pasado sábado, 2 de mayo, la agencia recibió un referido, por parte de la Policía, relacionado con un comportamiento errático" de Ortiz Vázquez, “quien había llegado al cuartel de Barranquitas acompañada de su hijo”.

El reporte sostiene que la Policía informó, además, que la mujer abandonó el cuartel junto al menor sin notificárselo a ningún oficial. Al momento de realizar el referido, la Uniformada proveyó a Familia información de contactos de allegados de Ortiz Vázquez.

Luego, personal de la agencia se comunicó con la hermana del niño, de 22 años y residente independiente, quien informó que el menor se encontraba bajo su cuidado, ya que Ortiz Vázquez se lo dejó mientras acudía a recibir atención médica.

El informe de Familia establece también que, durante la mañana del domingo, Ortiz Vázquez llegó a la residencia de su hija e indicó que había abandonado el tratamiento que recibía en una institución hospitalaria y le solicitó que le entregara al menor. La hija informó luego al Departamento que, al verla tranquila y en aparente buen estado, procedió a entregarle el niño.

Al regresar a su residencia junto al menor, Ortiz Vázquez volvió a realizar llamadas erráticas al Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que generó un segundo referido a Familia, por parte de la Policía.

Ante esto, personal de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIE) se comunicó nuevamente con la hermana del menor, quien informó lo ocurrido. Durante esa intervención, la trabajadora social indagó sobre la red de apoyo familiar disponible, identificándose como recursos a la abuela paterna y dos tías maternas.

“Como parte de la intervención, el Departamento estableció comunicación con una de las tías del menor para desarrollar un plan de seguridad familiar y orientó sobre la posibilidad de gestionar una orden 408 para evaluación e ingreso involuntario a una institución hospitalaria de salud mental, de entenderse necesario”, indicó la agencia en un parte de prensa.

No obstante, luego de dialogar entre sí, los familiares determinaron no solicitar el recurso 408 en ese momento y acordaron que Ortiz Vázquez y el menor permanecerían en la residencia de una de las tías desde la noche del domingo hasta el lunes previo al incidente, bajo supervisión familiar. La tía informó luego al Departamento que ambos se encontraban tranquilos y en buen estado.

Como parte del seguimiento, en ese momento, el Departamento informó que coordinó una visita al hogar, mientras continuaba el monitoreo del caso y la evaluación de alternativas adicionales de apoyo, incluyendo la posibilidad de gestionar servicios adicionales de salud mental, de entenderse necesario.

“Desde el primer momento, el Departamento intervino y realizó gestiones dirigidas a proteger al menor y activar el apoyo familiar disponible. Se estableció un plan familiar temporero con el consentimiento y participación de los recursos identificados, mientras continuaba el monitoreo de la situación y la evaluación de medidas adicionales”, añadió la secretaria.