Italia desplegó soldados en Milán, la capital de la moda y las finanzas del país, antes de las protestas convocadas el sábado, una semana después de movilizaciones que terminaron en saqueos y enfrentamientos con la policía.

La primera ministra, Giorgia Meloni, anunció una batería de medidas, incluyendo el envío de 500 soldados adicionales a Milán y sanciones más duras para los menores, que según la policía, constituían una gran parte de los manifestantes violentos.

Aunque las protestas en Francia han acaparado la mayor parte de la atención internacional, Milán es una de las muchas ciudades europeas donde se esperan movilizaciones el sábado, desde Portugal hasta Albania.

Los 500 soldados desplegados en Milán se suman a los cientos que ya estaban destinados allí y respaldarán a alrededor de 5,000 policías y otros agentes del orden. Las autoridades realizan vigilancia con drones, controles en estaciones ferroviarias, unidades de respuesta rápida y monitoreo en línea ante posibles llamados a la violencia. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, se mostró preocupado por la posible repetición de los actos vandálicos y manifestó su apoyo a la movilización de más soldados.

Hace una semana, los alborotadores irrumpieron a la fuerza en tiendas, con el objetivo de robar zapatillas, ropa deportiva y artículos en calles las que salen de la céntrica plaza del Duomo.

De acuerdo con las autoridades, las medidas de seguridad del sábado se extenderían más allá del centro de la ciudad ante la preocupación de que los inconformes puedan desplazarse a otros barrios para eludir las zonas con mayor vigilancia.

Valter Mazzetti, secretario general del sindicato policial Fsp, dijo a The Associated Press que los soldados podrían aportar refuerzos inmediatos, pero no resuelven la escasez de personal, y subrayó que gestionar manifestaciones requiere formación policial especializada.

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, indicó en una publicación en redes sociales que las tropas carecían de herramientas clave para operaciones de orden público, y que a los soldados solo se les permitió recientemente usar bridas plásticas de sujeción y únicamente en zonas alrededor de las estaciones de tren, no en toda la ciudad. No están autorizados a portar gas pimienta ni pistolas eléctricas, afirmó.

La policía de Milán dice que la violencia y los saqueos de la semana pasada involucraron a unos 2,000 manifestantes muy jóvenes, muchos de los cuales eran “italianos naturalizados de segunda generación”, además de extranjeros. En dos días, la policía arrestó a 45 personas, 34 de ellas menores.

El concejal de Bienestar de Milán, Lamberto Bertolé, dijo a la AP que se necesita seguir investigando para comprender los antecedentes y las motivaciones de los jóvenes que se sumaron a los saqueos.

“Muchos jóvenes carecen cada vez más de un sentido de pertenencia y de perspectivas de futuro. Una parte de nuestra sociedad se siente excluida, en medio de desigualdades sociales y económicas”, manifestó Bertolé, del Partido Democrático de centroizquierda.

La seguridad también se reforzó en la capital del país, Roma, donde las autoridades blindaron las calles con establecimientos de lujo y reforzaron los controles alrededor del Circo Máximo y la Piazza del Popolo antes de las manifestaciones previstas, incluida una de estudiantes de derechas.

Está previsto que una marcha contra la guerra comience a primera hora de la tarde en la céntrica Piazza della Repubblica, y preocupa la posible infiltración de grupos violentos.

Los organizadores intentaron distanciarse de posibles disturbios, instando a los participantes a mantener el rostro descubierto y las manos visibles.

Además de Roma y Milán, se han convocado protestas en al menos otras siete ciudades. El recién formado “Movimiento 17 de Octubre” ha sido el principal impulsor de la movilización, junto con federaciones estudiantiles, sindicatos de base y coaliciones contra la guerra.

Se espera que las protestas continúen en la capital de Albania. Durante más de una semana, los manifestantes han arrojado piedras, bengalas, bombas incendiarias y fuegos artificiales contra la policía, que ha utilizado porras, cañones de agua y gas lacrimógeno en enfrentamientos en el centro de la ciudad.

Estudiantes de secundaria y universitarios exigen matriculaciones más asequibles, una mayor inversión estatal en educación y protestan contra la corrupción en el sistema educativo. Se han unido a un movimiento antigubernamental más amplio que pide la dimisión del primer ministro, el socialista Edi Rama.

Miles de jubilados y otros marcharon por la capital de España el sábado para exigir que no se toquen las pensiones públicas.

Las multitudes marcharon pacíficamente por una avenida arbolada en el centro de Madrid, ondeando banderas y pancartas con lemas como “Protejan las pensiones” y “Pensiones dignas para hoy y el futuro”.

Las protestas se produjeron antes de las elecciones anticipadas del próximo mes, mientras el Partido Socialista del presidente, Pedro Sánchez, criticó al opositor Partido Popular, de tendencia conservadora, por hacer guiños a la privatización de las pensiones públicas.

España se ha visto sacudida este otoño por protestas en torno al acceso a la vivienda, ya que los costos de alquiler y compra han aumentado en los últimos años más allá de lo que muchos españoles pueden permitirse.

La escasez de oferta habitacional se ha agravado en muchas ciudades debido al crecimiento de la población impulsado por el turismo, la inmigración y la proliferación de alquileres de corta duración. El desalojo a finales de septiembre de una mujer de 87 años del apartamento en el que vivía de alquiler desde hacía décadas en Madrid desencadenó multitudinarias protestas callejeras en la capital y en otros lugares.

El corazón del movimiento está en la acampada que ocupa la céntrica Puerta del Sol de Madrid desde hace casi un mes.

Siguiendo el ejemplo de sus vecinos españoles, se espera que los manifestantes en Lisboa, que exigen viviendas asequibles, marchen por la capital portuguesa el sábado.

También critican medidas recientes anunciadas por el gobierno del primer ministro Luis Montenegro, que incluyen flexibilizar el tope del incremento anual del alquiler y facilitar el desalojo de inquilinos que no paguen la renta.

Montenegro defiende las medidas y sostiene que buscan reforzar la confianza entre inquilinos y propietarios e impulsar el mercado de alquiler. Los manifestantes afirman que las medidas no están equilibradas y colocan a los inquilinos en una posición más vulnerable..