Dakar, Senegal - Ser gay en Marruecos es ilegal y se castiga con hasta tres años de cárcel. Pero fue la violencia de su familia lo que obligó a Farah, una mujer gay de 21 años, a huir del país.

Sin embargo, después de un largo viaje a Estados Unidos y una deportación a un tercer país por parte de la administración de Donald Trump, Farah dijo que ahora está de vuelta en Marruecos y en la clandestinidad.

“Es duro vivir y trabajar con el miedo a que mi familia vuelva a rastrearme”, dijo a The Associated Press, en un testimonio poco habitual de una persona deportada a través de un tercer país a pesar de tener órdenes de protección de un juez de inmigración estadounidense. “Pero no puedo hacer nada. Tengo que trabajar”.

Pidió ser identificada solo por su nombre de pila por temor a ser perseguida. La AP vio su orden de protección y los abogados verificaron partes de su relato.

Farah contó que, antes de huir, fue golpeada por su familia y la de su pareja cuando se enteraron de su relación. La echaron de casa y huyó con su pareja a otra ciudad. Dijo que su familia la encontró e intentó matarla.

A través de un amigo, ella y su pareja se enteraron de la oportunidad de conseguir visados para Brasil y volar hasta allí con el objetivo de llegar a Estados Unidos, donde tenían amigos. Desde Brasil, recorrió seis países durante semanas hasta llegar a la frontera estadounidense, donde pidieron asilo.

“Te ponen en situaciones realmente horribles”, recuerda. “Cuando llegamos (a la frontera estadounidense), sentí que había valido la pena y que habíamos conseguido nuestro objetivo”.

Llegaron a principios de 2025. Pero en lugar de encontrar la libertad para ser ella misma, Farah dijo que fue detenida durante casi un año, primero en Arizona y luego en Luisiana.

“Hacía mucho frío”, dijo sobre la detención. “Y solo teníamos mantas muy finas”. La atención médica era inadecuada, dijo.

Se le denegó el asilo, pero en agosto recibió una orden de protección de un juez de inmigración estadounidense, que dictaminó que no podía ser deportada a Marruecos porque eso pondría en peligro su vida. Su pareja, a quien se denegó el asilo y la orden de protección, fue deportada.

Farah declaró que le faltaron tres días para una vista sobre su puesta en libertad cuando fue esposada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y embarcada en un avión con destino a un país africano que nunca había visitado y en el que la homosexualidad es ilegal: Camerún. La internaron en un centro de detención.

“Me preguntaron si quería quedarme en Camerún, y les dije que no podía quedarme en Camerún y arriesgar mi vida en un lugar donde seguiría estando en peligro”, dijo. La llevaron en avión a Marruecos.

Ella es una de las decenas de personas confirmadas para ser deportadas de Estados Unidos por la administración Trump a terceros países a pesar de tener protección legal de los jueces de inmigración estadounidenses. Se desconoce el número real.

La administración ha utilizado las deportaciones a terceros países -que no son los países de origen de los deportados- para presionar a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos para que se marchen por su cuenta, diciendo que podrían acabar “en cualquier número de terceros países.”

En el centro de detención de Yaundé, capital de Camerún, donde estuvo recluida Farah, hay actualmente 15 deportados de varios países africanos que llegaron en dos vuelos, y ninguno es camerunés, según el abogado Joseph Awah Fru, que los representa.

Los nueve deportados en el primer vuelo de enero, incluida Farah, habían recibido órdenes de protección de un juez, dijo Fru. Nunca conoció a Farah, pero estaba al corriente de su caso.

Otro vuelo del lunes trajo a ocho personas. Dos de ellas, una mujer de Ghana y otra del Congo, dijeron que tenían órdenes de protección, y hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Tres periodistas independientes que informaban sobre las expulsiones a Camerún para AP fueron detenidos brevemente allí.

Deportar a personas a un tercer país desde el cual podrían ser enviadas a su país de origen equivalía, en la práctica, a una “laguna” legal, señaló Alma David, abogada de inmigración del grupo Novo Legal Group, con sede en Estados Unidos, que ha ayudado a los deportados y verificó el caso de Farah.

“Al deportarlos a Camerún y no darles ninguna oportunidad de impugnar su envío a un país cuyo gobierno esperaba devolverlos discretamente a los mismos países donde corren grave peligro, Estados Unidos no solo violó sus derechos procesales, sino también nuestras propias leyes de inmigración, nuestras obligaciones en virtud de tratados internacionales e incluso los propios procedimientos del DHS”, afirmó David.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó anteriormente que hubo deportaciones a Camerún en enero.

“Estamos aplicando la ley tal y como está escrita. Si un juez determina que un extranjero ilegal no tiene derecho a estar en este país, vamos a expulsarlo. Punto”, dijo, y afirmó que los acuerdos con terceros países “garantizan el debido proceso según la Constitución de Estados Unidos”.

Preguntado por las deportaciones a Camerún, el Departamento de Estado estadounidense dijo el viernes a la AP que no tenía “ningún comentario sobre los detalles de nuestras comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos.” No respondió a más preguntas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Camerún no respondió a una solicitud de comentarios.

Farah fue una de las dos mujeres del primer grupo de deportados que regresaron a Marruecos.

“Se les dieron dos opciones imposibles”, dijo David, y afirmó que la solicitud de asilo no se presentó claramente como una de ellas. “Esto fue antes de que el abogado tuviera acceso a ellos. Habían estado solas allí, en ese centro, sin ayuda de nadie ni indicación alguna de que fuera a haber otra opción que volver a sus países de origen.”

Fru dijo que no se le ha concedido acceso a los deportados. Dijo que el asistente del director nacional de la Organización Internacional para las Migraciones, organización afiliada a la ONU, le dijo que debía solicitar hablar con ellos. Fru tiene previsto hacerlo el lunes.

La OIM dijo a la AP que era “consciente de la expulsión de migrantes de Estados Unidos de América a algunos países africanos” y añadió que “trabaja con personas que se enfrentan a decisiones difíciles sobre si regresar o no a su país de origen”. Dijo que su papel es proporcionar información precisa sobre las opciones y garantizar que “cualquiera que decida regresar lo haga voluntariamente.”

La OIM dijo que el centro de Yaoundé estaba gestionado por las autoridades camerunesas. No respondió a más preguntas.

Camerún es una de las al menos siete naciones africanas que recibirán a nacionales de terceros países deportados en virtud de un acuerdo con Estados Unidos. Otras son Sudán del Sur, Ruanda, Uganda, Eswatini, Ghana y Guinea Ecuatorial.

Algunos han recibido millones de dólares a cambio, según documentos publicados por el Departamento de Estado. Los detalles de otros acuerdos, incluido el firmado con Camerún, no se han hecho públicos.

La administración Trump ha gastado al menos 40 millones de dólares en deportar a unos 300 migrantes a países distintos al suyo, según un informe publicado la semana pasada por el personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Según documentos internos de la administración revisados por AP, 47 acuerdos con terceros países se encuentran en diversas fases de negociación.

En Marruecos, Farah dijo que era duro oír a funcionarios estadounidenses referirse a personas como ella como una amenaza.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.