WASHINGTON— La Administración Trump va a revocar los visados de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, así como de sus familias, entre los que se encuentra el fiscal general de Bolivia, a raíz de acusaciones de corrupción.

Los funcionarios y sus familias proceden de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, todos ellos países con líderes de tendencia conservadora afines al presidente Donald Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó este mes Colombia, Ecuador y Perú, y se comprometió a que Estados Unidos apoyara sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas y la trata de personas.

Esos dirigentes se han quejado de que muchas de las personas afectadas por la revocación de los visados estaban obstaculizando sus esfuerzos para combatir la delincuencia.

El Departamento de Estado anunció el lunes la revocación de dichas designaciones, afirmando que se llevaba a cabo “para cumplir con los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico”.

“Socavar un gobierno elegido democráticamente supone una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no se tolerará”, afirmó en un comunicado.

La Administración Trump presenta estas revocaciones como parte de sus esfuerzos más amplios para combatir la corrupción, en particular la relacionada con el tráfico de drogas y la inmigración ilegal, por parte de los miembros del bloque “Escudo de las Américas”, liderado por Estados Unidos. en el hemisferio occidental y creado por Trump este año.

El Departamento de Estado ha estado denegando permisos para viajar a Estados Unidos, ya sea como medida para tomar medidas drásticas contra la inmigración o como herramienta de presión contra algunos gobiernos, desde la prohibición de entrada a funcionarios sudafricanos acusados de discriminación contra la población blanca hasta la denegación de visados a la delegación palestina para asistir a una reunión anual de líderes mundiales en las Naciones Unidas.

Entre las 27 personas afectadas se encuentran el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y más de 20 fiscales y jueces bolivianos, 12 de los cuales figuran como titulares actuales de visado y a nueve de los cuales se les denegará el visado en caso de que lo soliciten. También se ven afectados dos colombianos —un magnate empresarial y un diputado—, junto con dos ecuatorianos y un juez peruano.

Según los documentos, Mariaca está acusado de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el tráfico de drogas, así como de ayudar a delincuentes violentos a eludir la justicia.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump por combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante en el programa Shield”, se esfuerza por fortalecer», reza el comunicado.

Mariaca, que fue elegido en 2024 por los legisladores para un mandato de seis años bajo el anterior Gobierno de izquierdas de Bolivia, ha sido objeto de críticas por la gestión que su oficina ha dado a los casos de tráfico de drogas.

Dirigía la fiscalía de la región oriental de Santa Cruz cuando el presunto capo uruguayo del narcotráfico Sebastián Marset, actualmente bajo custodia de las autoridades estadounidenses, se fugó de una operación policial en 2023.

Desde entonces, ha mantenido enfrentamientos con el presidente Rodrigo Paz, quien ha alineado a Bolivia con Washington tras casi dos décadas de gobierno socialista.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.