El Tribunal General de la Unión Europea desestimó este miércoles el recurso de una compañía de alimentación que solicitaba anular la decisión de la Comisión Europea de denegar la renovación de las autorizaciones de tres productos primarios para la producción de aromas de humo, al no quedar demostrado por el solicitante que carecen de riesgo para la salud humana.

En su fallo, la corte concluye que “la Comisión denegó legítimamente la renovación de la autorización de tres productos para la producción de aromas de humo”, por lo que desestimó en su totalidad el recurso de la compañía británica Kerry.

El tribunal recuerda que, según la normativa comunitaria, “corresponde al solicitante de una autorización o de su renovación demostrar que el producto en cuestión no presenta ningún riesgo para la salud humana”.

Por esta razón, la resolución deja sentado que “ni la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ni la Comisión tienen que demostrar que el producto es nocivo para poder denegar la renovación”.

Frente a las críticas empresariales al método científico, los magistrados recalcan que la agencia evaluó los riesgos y constató que las estimaciones “superaban el umbral de preocupación toxicológica aplicable”.

En cuanto al argumento de que la prohibición impulsaría el ahumado tradicional, la sentencia zanja que “no se ha demostrado un aumento del retorno a dicha técnica”.

Asimismo, añade que, aun de producirse, “ello no supondría que la Comisión esté obligada a autorizar productos cuya ausencia de riesgo para la salud no se haya demostrado suficientemente”.

Sobre los perjuicios comerciales aducidos, el fallo subraya que los períodos de transición concedidos “permiten a las empresas encontrar soluciones alternativas y adaptar sus procesos de producción y sus ingresos”.

De esta forma, las medidas atienden a las dificultades del mercado, pero “sin constituir un reconocimiento de la inocuidad de los productos”.

Por último, el tribunal desestima la vulneración del derecho a la defensa y recalca que “el hecho de que sus alegaciones y las soluciones alternativas propuestas no hayan sido estimadas no significa que no fueran tomadas en consideración”.