Miles de personas que protestaban contra una crisis de vivienda prolongada y cada vez más grave se congregaron el martes frente al Parlamento de Portugal, en Lisboa, después de que, en días anteriores, la policía empleara porras y perros para disolver manifestaciones similares en las principales plazas del centro de la capital.

Las protestas de las últimas semanas se inspiraron en movilizaciones que comenzaron el mes pasado en la vecina España, motivadas por quejas similares sobre la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible. Este otoño, también han estallado focos de malestar social en las calles de otros lugares de Europa.

El presidente portugués, António José Seguro —cuyo cargo es mayoritariamente ceremonial, aunque ejerce influencia política—, ha convocado al Consejo de Estado, un órgano consultivo, para una reunión la próxima semana con el fin de abordar las protestas en Portugal.

Varios miles de personas, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años, se reunieron ante la Asamblea de la República —el Parlamento portugués— entre cánticos, canciones y el redoble de tambores, mientras, en el interior del edificio, los legisladores debatían los planes de gasto del gobierno de centroderecha para el próximo año.

“Luchamos por el derecho a tener un techo bajo el cual vivir”, afirmó Gabriel Pais, de 30 años, quien trabaja en el sector del entretenimiento.

Señaló que, en Lisboa, los apartamentos de un dormitorio suelen costar 1,500 euros al mes; una cifra elevada en un país donde el salario mínimo mensual que perciben cientos de miles de portugueses es de apenas 920 euros antes de impuestos.

“Es sencillamente inasequible”, comentó.

Un informe de la Unión Europea, publicado a finales del año pasado, reveló que los costes de la vivienda en toda Europa aumentaron, de media, un 60.5% entre 2015 y 2025. En el caso de Portugal, el incremento durante ese periodo fue el tercero más alto —un 147%—, solo por detrás de Hungría y Lituania.

No hay indicios de que el aumento de los costes se esté ralentizando. Según informó la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística —un organismo gubernamental—, entre el primer trimestre del año pasado y el primer trimestre de 2026, los precios de la vivienda subieron casi un 20%.

Los precios de los alquileres también han experimentado un ascenso significativo, registrando un incremento del 68 % desde 2020, según datos del gobierno. Hugo Silva, un asistente de ventas de 49 años que participó en la protesta, expresó su indignación y su deseo de defender sus derechos.

“Este problema (de la vivienda) afecta a toda la sociedad”, afirmó. “No podemos aceptarlo. Guardar silencio sería un error”.

Laura Andre, una estudiante lisboeta de 20 años, comentó que, aunque actualmente vive con sus padres, quiere asegurarse un futuro. “Quiero un hogar, formar una familia. Cada vez resulta más difícil construir una vida en Portugal”, dijo.

Los compradores extranjeros y los fondos de inversión han hecho subir los precios al adquirir propiedades en Portugal, incluidos edificios en estado de deterioro. El clima agradable y la extensa costa del país han atraído a nómadas digitales, trabajadores remotos y jubilados. Asimismo, el auge del turismo ha provocado que muchos apartamentos en los centros urbanos se destinen al alquiler a corto plazo.

Los residentes locales señalan que los precios los están expulsando del mercado inmobiliario. Los jóvenes lamentan no poder acceder a una vivienda, mientras que los padres denuncian que sus hijos se ven obligados a mudarse lejos para encontrar un lugar donde vivir. Por otro lado, algunos portugueses han obtenido importantes beneficios al vender sus propiedades.

El gobierno ha respondido con medidas como la reducción de impuestos a la nueva construcción, la restricción de los alquileres a corto plazo y la promesa de edificar 145,000 nuevas viviendas; no obstante, reconoce que los efectos no serán inmediatos.

Los fondos destinados al desarrollo de infraestructuras serán más escasos a partir de 2027, ya que este año finaliza la financiación enmarcada en el programa de recuperación económica de la Unión Europea tras la COVID-19.

En Portugal no se han registrado episodios de violencia, incendios provocados o saqueos como los vistos en otros países europeos; sin embargo, los manifestantes han denunciado una actuación policial desproporcionada durante el desalojo de tiendas de campaña instaladas en plazas públicas. Las autoridades están evaluando si el uso de porras y perros policía fue excesivo.