El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el lunes el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, quien está siendo juzgado por acusaciones de liderar un intento de golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota en las elecciones de 2022, un caso que ha captado la atención del país sudamericano mientras enfrenta una guerra comercial con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

El juez Alexandre de Moraes —que supervisa el caso contra Bolsonaro en el máximo tribunal— señaló en su decisión que el líder de extrema derecha de 70 años había violado las medidas cautelares que se le impusieron al publicar contenido en los canales de redes sociales de sus tres hijos legisladores.

El juicio al líder de extrema derecha está recibiendo atención renovada después de que Trump vinculó directamente un arancel del 50% a los productos brasileños importados con la situación judicial de Bolsonaro, un aliado de Trump. El gobernante de Estados Unidos ha dicho que los procedimientos son una “ cacería de brujas ”, lo que ha desencadenado reacciones nacionalistas de líderes de todos los poderes en Brasil, incluido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los fiscales acusan a Bolsonaro de encabezar una organización delictiva que conspiró para anular las elecciones, en un complot que incluía planes de asesinar a Lula y a De Moraes, luego de que el líder de extrema derecha perdiera por escaso margen su intento de ser reelegido en 2022.

La orden del lunes siguió a una del STF el mes pasado, en la que le ordenó a Bolsonaro usar una tobillera de rastreo e impuso restricciones a sus actividades mientras se llevan a cabo los procedimientos.

Tras la noticia de la orden de arresto, un funcionario de la policía federal de Brasil dijo a The Associated Press que agentes federales habían incautado teléfonos móviles en la residencia de Bolsonaro en Brasilia, tal como ordenó De Moraes en su decisión. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato, ya que no está autorizado a declarar sobre el asunto.

Se prevé que Bolsonaro permanezca en Brasilia durante su arresto domiciliario, pues no se le permite viajar. También tiene una casa en Río de Janeiro, donde mantuvo su base electoral como legislador durante tres décadas. El ex capitán del ejército es el cuarto expresidente de Brasil en ser arrestado desde el fin del régimen militar del país, que se extendió de 1964 a 1985 y que Bolsonaro aprueba.

La justicia brasileña anunció su medida al día siguiente de que decenas de miles de seguidores de Bolsonaro salieran a las calles en las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro, pidiendo al Congreso de Brasil que lo indulte a él y a cientos más que están siendo juzgados por su papel en el vandalismo contra edificios gubernamentales en Brasilia el 8 de enero de 2023.

El domingo, Bolsonaro se dirigió a sus seguidores en Río de Janeiro a través del teléfono de uno de sus hijos, algo que De Moraes dijo es ilegal.

“El desprecio flagrante a las medidas cautelares fue tan obvio que el hijo del acusado, el senador Flávio Bolsonaro, decidió eliminar la publicación en su perfil de Instagram, con el objetivo de ocultar la transgresión legal”, escribió De Moraes.

Los abogados del expresidente brasileño no hicieron comentarios tras la decisión. Flávio Bolsonaro afirmó en la red social X que Brasil “está oficialmente en una dictadura” después de la orden de que su padre esté en arresto domiciliario.

“¡La persecución de De Moraes contra Bolsonaro no tiene límites!”, escribió el senador.

De Moraes agregó en su fallo que Bolsonaro —que gobernó Brasil de 2019 a 2022— ha difundido mensajes con “un claro contenido de aliento e instigación a ataques contra el Supremo Tribunal Federal y un apoyo flagrante a la intervención extranjera en el poder judicial brasileño”, probablemente una referencia velada al apoyo de Trump a Bolsonaro.

De Moraes también indicó que Bolsonaro “se dirigió a los manifestantes reunidos en Copacabana, en Río de Janeiro” el domingo con el fin de que sus seguidores pudieran “intentar coaccionar al Supremo Tribunal Federal”.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra De Moraes por la supuesta supresión de la libertad de expresión y el juicio en curso a Bolsonaro.

Creomar de Souza, analista político de Dharma Political Risk and Strategy —una consultora política con sede en Brasilia—, señaló que el arresto domiciliario de Bolsonaro abre un nuevo momento para la oposición del país, que podría ganar impulso en la lucha contra el intento de Lula de ser reelegido el próximo año.

Ahora, apuntó De Souza, “las elecciones de 2026 parecen turbulentas” y el debate político en Brasil probablemente se dividirá en dos luchas clave.

“Una es el esfuerzo de los seguidores de Bolsonaro por mantenerse fuertes en la derecha, ya sea presionando por una amnistía en el Congreso o manifestándose físicamente”, expresó el analista. “La segunda es cómo el gobierno de Lula intentará mostrar que el país tiene un gobierno”.

“Esto es sólo el comienzo”, concluyó.

La decisión más reciente del STF mantiene al exmandatario bajo monitoreo con tobillera, sólo permite visitas de familiares y abogados, y confisca todos los teléfonos móviles de su hogar.

Lula fue encarcelado durante 580 días entre 2018 y 2019 luego de que fue declarado culpable de corrupción, una condena que posteriormente anuló el Supremo Tribunal, citando el sesgo del juez en el caso.

Michel Temer, quien se convirtió en presidente después de que Dilma Rousseff fuera destituida en 2016, fue arrestado durante 10 días en 2019 en relación con una investigación de corrupción, que posteriormente concluyó sin que fuera declarado culpable.

Previamente este año, De Moraes ordenó la detención del presidente Fernando Collor, quien estuvo en el cargo de 1990 a 1992, hasta que fue destituido. El exmandatario de 75 años fue declarado culpable de lavado de dinero y corrupción en 2023, y ahora está cumpliendo su sentencia de más de ocho años de cárcel.