Caracas, Venezuela- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes un proyecto de ley de amnistía que podría conducir a la liberación de cientos de presos, incluidos líderes de la oposición, periodistas y activistas de derechos humanos detenidos por razones políticas.

La medida había sido solicitada durante mucho tiempo por la oposición respaldada por Estados Unidos. Es la última concesión que Rodríguez ha hecho desde que tomó las riendas del país el 3 de enero tras la descarada toma del entonces presidente Nicolás Maduro en un ataque militar estadounidense en la capital de Venezuela, Caracas.

Rodríguez dijo a una reunión de jueces, magistrados y otros que la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, trataría el proyecto de ley con urgencia.

“Que esta ley sirva para curar las heridas que ha dejado la confrontación política”, añadió durante el acto televisado.

Rodríguez también anunció el cierre de Helicoide, una prisión de Caracas donde organizaciones independientes han documentado reiteradamente torturas y otros abusos contra los derechos humanos. La instalación, dijo, se transformará en un centro deportivo, social y cultural para la policía y los barrios circundantes.

El grupo de defensa de los derechos de los presos Foro Penal, con sede en Venezuela, calcula que 711 personas se encuentran en centros de detención de todo el país sudamericano por sus actividades políticas.

El Gobierno no hizo público el texto del proyecto de ley el viernes, por lo que no están claros los criterios específicos que se utilizarán para determinar quién puede acogerse a la amnistía.

Rodríguez dijo que la “ley de amnistía general” cubrirá “todo el período de violencia política desde 1999 hasta el presente”. También explicó que las personas condenadas por asesinato, narcotráfico, corrupción o violaciones de los derechos humanos no podrán acogerse a la amnistía.

El gobierno de Rodríguez había anunciado a principios de mes planes para liberar a un número significativo de presos en un gesto de buena voluntad, pero los familiares de los detenidos han condenado la lentitud de las liberaciones.

“Una amnistía general es bienvenida siempre y cuando sus elementos y condiciones incluyan a toda la sociedad civil, sin discriminación, que no se convierta en un manto de impunidad y que contribuya a desmantelar el aparato represivo de persecución política”, dijo en redes sociales Alfredo Romero, presidente de Foro Penal.

La organización ha contabilizado 302 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que el gobierno liberaría a un número significativo de presos.

El grupo de derechos humanos Provea denunció en un comunicado la falta de transparencia y el “goteo” de liberaciones de presos en las últimas semanas y subrayó que, si bien la liberación de los que siguen detenidos “es urgente, el anuncio de una amnistía no debe concebirse, en ningún caso, como un indulto o acto de clemencia por parte del Estado”.