Vestidas todas de catrinas, hoy Día de los Muertos, llegaron al recinto. (horizontal-x3)
Vestidas todas de catrinas, hoy Día de los Muertos, llegaron al Capitolio. (Facebook / @Colectiva.Feminista.PR)

Todavía es incierto si el proyecto que establecer cortapisas al derecho al aborto será aprobado en la corriente sesión legislativa, que concluye el 8 de noviembre.

Igualmente se desconoce el futuro del P. de la S. 1000, que busca prohibir lo que se conoce como terapias de conversión, unos procedimientos de ciertas religiones para dirigidos a modificar la orientación sexual de un menor a través de la oración, el consejo religioso, la terapia de aversión, la terapia de modificación de comportamiento y el psicoanálisis.

El portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, dijo que desconoce el futuro de ambas medidas y una petición de información con el presidente del cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz, no fue atendida.

Rivera Schatz tiene a su cargo la evaluación de ambas piezas legislativas.

En lo que concierne al proyecto de que restringe el aborto, el P. de la S. 950, integrantes de la Colectiva Feminista en Construcción se manifestaron esta mañana en su contra en las escalinatas del área norte de El Capitolio.

Vestidas todas de catrinas, hoy Día de los Muertos, llegaron al recinto poco antes de las 8:00 a.m. y permanecieron poco menos de media hora en las escalinatas mostrando carteles alusivos al derecho de las mujeres a abortar.

"Esto es una denuncia contra el P. de la S. 950, de la senadora Nayda Venega Brown que pretende levantar una serie de obstáculos y restricciones contra mujeres que deciden realizar una terminación del embarazo", dijo la portavoz del grupo Shariana Ferrer a El Nuevo Día. 

"Estamos recordando las mujeres que ha muerto en medio de abortos clandestinos o inseguros. Estamos hoy las catrinas por el aborto libre", agregó.

Ferrer planteó que la medida levanta una serie de restricciones, como el requerimiento de que una mujer interesada en hacerse el procedimiento sólo pueda ser evaluada durante una visita inicial a la clínica, lo que la obligaría a regresar dos días después si decide continuar con el proceso de terminar su embarazo.

"Evidentemente, en ese periodo de poner en duda y obstaculizar una decisión tomada, pone en peligro la vida de la mujer", dijo Ferrer.

La portavoz indicó que no se ha rendido un informe sobre el proyecto, pero recordó que en las vistas públicas las agencias del gobierno se opusieron a la pieza legislativa.

"Continuar con el trámite legislativo de un proyecto que no está siendo por sectores de la población que realmente importan, como las mujeres, es un malgasto de tiempo legislativo", sostuvo Ferrer, quien reconoció que siempre existe la posibilidad de que se lleve el proyecto a votación a última hora.

Entre otras cosas, el proyecto busca prohibir abortos cuando se identifican malformaciones genéticas, abortos después de la semana 20 de gestación, dispone que cualquier médico que termine el embarazo en estas circunstancias se expone a una pena de cárcel fija de 15 años y, en el caso de menores, requiere una serie de autorizaciones de padres, tutores o abuelos que el estado de derecho vigente no contempla.


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