La Red Sísmica de Puerto Rico ha solicitado, por años, más fondos para mantener la operación de la entidad. (GFR Media)

La Cámara de Representantes aprobó en su sesión legislativa de hoy, miércoles, una resolución para asignar $315,000 a la Red Sísmica de Puerto Rico.

El personal a cargo de la Red Sísmica, del Departamento de Geología del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), ha clamado por años porque se les asignen fondos. El dinero aprobado por la Cámara proviene del presupuesto vigente del gobierno y se destinará para la compra de equipo como acelerómetros para detectar movimientos fuertes, seis sismómetros, entre otro equipo técnico.

La Resolución Conjunta 591 ahora pasará a la consideración del Senado. De aprobarse en la Cámara Alta, requeriría la firma de la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que se pueda asignar el dinero.

Entretanto, el cuerpo legislativo también aprobó el Proyecto del Senado 698, medida que propone que se presenten declaraciones juradas que identifiquen a las personas naturales o jurídicas que puedan tener un interés directo en cualquier contratación suscrita entre una entidad privada y el gobierno.

La medida del senador penepé Miguel Romero implementaría un mecanismo adicional de fiscalización mediante el cual se detallarían las afiliadas o subsidiarias de la entidad privada, al igual que las ganancias o beneficios producto del contrato firmado.

El proyecto, sin embargo, no establece el mismo requerimiento en casos de procesos competitivos como subastas.

En el caso de que el firmante del contrato sea una persona jurídica, el contratista deberá identificar todos los accionistas, socios o beneficiarios de dichos accionistas, socios o beneficiarios que puedan sacar provecho directo y que sean dueños de más de un diez por ciento (10%) de la entidad.

No obstante, la Oficina del Contralor de Puerto Rico levantó bandera roja sobre la medida al plantear, entre otras cosas, que su lenguaje es muy amplio y que los procesos que requiere resultarían demasiado onerosos para entidades privadas que quieran establecer contratos con el gobierno.

En entrevista con El Nuevo Día, Romero dijo que examinará una enmienda introducida al proyecto por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, que establece el efecto prospectivo de la medida, por lo que los contratos ya firmados no podrían ser enmendados -como busca Romero- para incluir la información adicional sobre los accionistas y socios.

"El propósito de la ley es que se aplique hacia adelante y hacia atrás. Lo voy a mirar, y si hay alguna preocupación el proyecto iría a comité de conferencia", dijo Romero a El Nuevo Día.

"En el gobierno de Puerto Rico, y ahora más en estos tiempos de emergencias que entran muchos fondos federales, se firman contratos casi a diario y es importante que se den estas certificaciones", dijo Romero al aludir a las declaraciones juradas a legislarles de accionistas o socios beneficiados por los contratos.

Romero argumentó que en los casos federales radicados en el verano pasado relacionados a irregularidades en el Departamento de Educación y en la Administración de Seguros de Salud (ASES), "había terceras personas con intereses económicos y se advino conocimiento de eso cuando terminaron las investigaciones (criminales)", dijo Romero. "Este tipo de proyecto hubiera dado lugar a que supiéramos quienes son estas personas", agregó.

Más investigaciones

A cinco meses de concluir la última sesión legislativa del cuatrienio, la Cámara dio paso hoy a cuatro investigaciones adicionales pese a todas las pesquisas que restan por completarse, según reveló El Nuevo Día mediante un reportaje que dio cuenta del gran número de investigaciones legislativas que quedan en nada.

Por ejemplo, la Cámara dio paso a una investigación de Juan Oscar Morales para pesquisar las circunstancias en que murió la niña Jaideliz Moreno Ventura. La menor perdió la vida en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Vieques por presunta negligencia.

También se autorizó una investigación solicitada por el líder cameral sobre el estado de todos los embales y represas en Puerto Rico. Otra comisión de la Cámara ya está realizando dicha pesquisa.

Igualmente, se dio paso a una investigación sobre la práctica de algunas aerolíneas de aumentar considerablemente los precios de los pasajes de avión en momentos de crisis, tal y como sucedió luego del terremoto que sacudió a la isla el pasado 7 de enero.

Además, se autorizó una investigación para examinar los márgenes de ganancia y sobre las tarifas a aplicarse en la venta y distribución en todos los niveles de mercadeo del gas licuado de petróleo.


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