el caucus popular en el Senado señala que el problema legal que resaltan proviene de la legislación que viabiliza el acuerdo de Cofina y el acuerdo que lo refuerza. (semisquare-x3)
El caucus popular en el Senado señala que el problema legal que resaltan proviene de la legislación que viabiliza el acuerdo de Cofina y el acuerdo que lo refuerza. (GFR Media)

El caucus del Partido Popular Democrático (PPD) presentó una moción ante la jueza Laura Taylor Swain en la que cuestionan el ajuste de deudas propuesto para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) debido a que con el documento y la legislación que viabiliza su aplicación se intenta restringir los poderes de futuras asambleas legislativas de la isla.

Específicamente, la moción, presentada por el abogado Rafael Arrillaga Romany, establece las restricciones a enmendar la ley que se aprobó para reestructurar la deuda Cofina implican un atrincheramiento de las facultades del Senado y la Cámara de Representantes que va en contra de la Constitución de Puerto Rico.

Como principio legal una asamblea legislativa no puede limitar con alguna ley a los miembros sucesores del cuerpo parlamentario salvo en lo que respecta a la emisión de deudas respaldadas por la Constitución de Puerto Rico como los bonos de obligación general (GO’s) y algunos de los préstamos de las autoridades de Edificios Públicos y de Acueductos y Alcantarillados.

“Esta corte debe estar consciente del lenguaje usado en cualquier orden confirmado un plan de ajuste de deudas de modo que no apruebe las restricciones inconstitucionales buscadas en la legislación de los nuevos bonos”, sostiene la orden.

Los nuevos bonos son los que sustituirán la vieja deuda de Cofina como parte de la reestructuración, si finalmente el acuerdo es validado por la jueza en el proceso de bancarrota territorial bajo el Título III de la Ley Promesa.

En la moción, el caucus popular en el Senado señala que el problema legal que resaltan proviene de la legislación que viabiliza el acuerdo de Cofina y el acuerdo que lo refuerza. La teoría legal de los senadores es que el compromiso legal con los acreedores de Cofina es de carácter contractual y no constitucional y que la Legislatura podría cambiar la ley que facilita el ajuste de la deuda de Cofina si así lo entienden conveniente los representantes electos.

La jueza Swain, que todavía no ha emitido su fallo autorizando o rechazando el acuerdo de Cofina, admitió la moción de los senadores populares y solicitó que la Junta de Supervisión Fiscal emita una respuesta sobre las alegaciones para mañana, 24 de enero, a las 6:00 p.m.

El acuerdo con los acreedores de Cofina cuenta con el respaldo de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Junta de Supervisión Fiscal. El entendimiento extiendeel periodo de repago de la deuda y recorta alrededor del 32% de la deuda de la corporación pública. La deuda de Cofina actualmente debe unos $17,600 millones.


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