La exgobernadora Wanda Vázquez anticipó por meses que sería arrestada.
La exgobernadora Wanda Vázquez anticipó por meses que sería arrestada. (Archivo)

Por casi tres meses, el país sabía que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced sería arrestada por el FBI por supuestos actos de corrupción mientras ocupaba La Fortaleza. La única pregunta que quedaba sin contestar era el “¿cuándo?”. La respuesta a esa pregunta llegó en la mañana de este jueves, cuando la también exsecretaria de Justicia fue detenida en su casa por agentes del Negociado Federal de Investigaciones acusada de tres cargos de soborno.

La información de que sería arrestada no se hizo pública producto de una filtración a un medio noticioso o por medio de una fuente informativa anónima, sino que fueron Vázquez Garced y sus abogados quienes acudieron voluntariamente a los medios de comunicación a divulgar no solo que esperaban que fuese arrestada en cualquier momento, sino que también discutieron cuáles podrían ser los supuestos actos que llevarían a acusaciones y a su detención.

Previo a esa movida, en febrero de este año se conoció por medio de un reportaje de Las Noticias de TeleOnce, que un celular de Vázquez Garced fue incautado por los federales. Inicialmente, la exgobernadora negó la información, pero más tarde ese día 15 de febrero emitió expresiones desde su cuenta de Facebook.

“Ante la reciente información sobre investigaciones que ha trascendido, es importante aclarar que según han expresado las propias agencias hay múltiples investigaciones en curso. Como Ex Secretaria de Justicia y Ex Gobernadora de PR siempre he colaborado con toda aquella información que se entienda pueda contribuir al adelanto de estas. Como ha sido mi proceder y protegiendo la confidencialidad de cualquier investigación, sean estatales o federales, no haré ningún otro comentario al respecto. Mi agradecimiento por todos los hermosos mensajes enviados”, indicó Vázquez Garced.

Tres meses después de conocerse la incautación de un celular de Vázquez Garced, fuentes de El Nuevo Día confirmaron el 12 de mayo que John Blakeman, quien desde 2019 colaboró y luego recaudó dinero para la campaña de la entonces aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, había negociado con las autoridades federales para declararse culpable en un esquema de financiamiento ilegal de campaña.

Este jueves se conoció que Blakeman se declaró culpable en el mes de marzo por conspiración, soborno con fondos federales y un esquema de kickbacks, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía federal. El pliego acusatorio en el caso de Blakeman fue desellado por el juez federal Francisco Besosa a las 8:00 a.m. de hoy. La vista de su sentencia está pautada para el 5 de octubre.

El 12 de mayo de este año, la defensa legal de la exgobernadora admitió que sería acusada por las autoridades federales. En entrevista con TeleNoticias de Telemundo, Vázquez Garced dijo que: “Las investigaciones aquí nadie sabe por dónde van. Yo sí le puedo decir al pueblo de Puerto Rico que yo no he cometido ningún delito, que yo no he incurrido en ninguna conducta ilegal ni incorrecta”.

En esa entrevista, Vázquez Garced estuvo acompañada por su abogado Luis Plaza Mariota, quien dijo entonces que la acusación contra la gobernadora sería por “algo bien técnico”.

“Te adelanto que, si viene algo, no va a ser algo como el pueblo de Puerto Rico está acostumbrado de que venga la gente que la grabaron cogiendo los billetes… Eso no nos va a pasar a nosotros. Si algo nos viene, va a ser un caso técnico. Lo vamos a litigar y lo vamos a ganar”, comentó Plaza, quien es un exfiscal.

Lo que trascendió en ese momento y que se confirmó hoy por la Fiscalía federal en conferencia de prensa, es que las autoridades federales investigaron a Vázquez Garced y a integrantes de su equipo de campaña por supuestamente haber aceptado financiamiento ilegal por parte de un extranjero, lo cual está prohibido por regulaciones federales. La investigación abarcó también si hubo una acción oficial de la exgobernadora para beneficiar al donante, dijeron entonces dos fuentes de El Nuevo Día. Esto también se confirmó hoy.

El alegado donativo ilegal bajo pesquisa, supuestamente de $300,000, lo habría hecho el dueño de Bancrédito International Bank and Trust, Julio M. Herrera Velutini, de nacionalidad venezolana. La entidad bancaria internacional obtuvo licencia para operar en Puerto Rico en 2009. Herrera Velutini es uno de los acusados junto a Vázquez Garced, así como el exagente del FBI, Mark Rossini.

Según la acusación federal, entre diciembre de 2019 y junio de 2020, Vázquez Garced participó en un plan de sobornos con varias personas, entre ellas Herrera Velutini y Rossini, para financiar la campaña electoral primarista de la entonces gobernadora.

La acusación plantea que Herrera Velutini y Rossini prometieron financiar la campaña de Vázquez Garced a cambio de que la entonces gobernadora despidiera al comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), George Richard Joyner Kelly, a raíz de una auditoría que realizaba la OCIF en 2019 al banco de Herrera Velutini.

Joyner Kelly renunciaría a su puesto el 6 de marzo de 2020. Se supo en aquel entonces que había sido forzado a dimitir.

En los meses previo al arresto de Vázquez Garced, tanto ella como sus abogados apostaron a minimizar la posible acusación diciendo que se trataba de una supuesta encuesta que le fue ofrecida a la gobernadora, pero que ella no la utilizó. Hoy se confirma que lo que realmente estaba en investigación era la petición de Herrera Velutini para que la exgobernadora sacara de su puesto a Joyner Kelly a cambio de aportar a su campaña.

En entrevista con la periodista del diario Primera Hora, Frances Rosario, Plaza Mariota rechazó el 13 de mayo que la salida de Joyner Kelly hubiese estado vinculada a presiones del banquero. Aludió a que había una investigación del Fiscal Especial Independiente que lo vinculaba y que eso fue lo que supuestamente llevó a quitarle la confianza.

De ser hallados culpables, pueden enfrentar, cada uno, una pena máxima de 20 años de prisión. Herrera Velutini está en Reino Unido y el exagente federal se encuentra en Madrid.

En el esquema de soborno, además de todos los mencionados antes, incluido John Blakeman, también participó Frances Díaz, quien era la CEO del banco internacional que pertenecía a Herrera Velutini, y quien se declaró culpable ya.

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