Tras revelar que su hermana es una de las fiscales cuyo destaque en el Senado revocó Justicia, el presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico, Luis Dávila Pernas, tronó contra el gobierno de Jenniffer González y sostuvo que las controversias recientes dan fuerza a señalamientos de que la administración opera como una “organización criminal”.

El abogado hizo las expresiones en la tarde del viernes durante el programa “Primera Pregunta”, de Telemundo, moderado por el periodista Rafael Lenín López.

Allí confirmó que la licenciada Cristina I. Dávila Pernas, quien laboraba como asesora legislativa de la Oficina de Asesores del Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, es su hermana.

“Todo lo que ha transcurrido en el día de hoy, todo esto del Fiscal Especial Independiente (FEI), lo que está ocurriendo con estos destaques, etcétera, le dan legitimidad, le dan fuerza a los comentarios que han hecho otras personas, otros comentaristas, de que este gobierno opera como una organización criminal que encubre, que persigue y que no tiene ningún pudor en utilizar el poder y el aparato público para proteger a los suyos”, manifestó.

El también exdirector ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA) expresó, además, decepción con la administración que ayudó a elegir y aseguró que numerosos funcionarios y simpatizantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) sienten vergüenza ante los acontecimientos recientes.

“Me da muchísima pena, muchísima lástima, como PNP, como estadista que votó por un gobierno que no ha hecho nada por nuestro ideal”, sostuvo.

Añadió que hay servidores públicos, empleados de carrera y de confianza, así como jefes de agencia, que también depositaron su confianza en el gobierno y a quienes “se les cae la cara de vergüenza con lo que están viendo”.

Dávila Pernas relató que exhortó a su hermana a mantener la cabeza en alto y continuar dando su mejor versión.

“Ustedes no tienen la culpa. Mantengan la esperanza y sepan que esas manzanas podridas que están allá arriba, que están dando el mal ejemplo, eventualmente no van a estar ahí”, expresó.

La controversia surgió luego de que el Departamento de Justicia cancelara el destaque de nueve fiscales auxiliares que trabajaban en el Senado, pese a que semanas antes había autorizado su extensión desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2026.

Tras conocerse la decisión, el presidente del Senado alegó que tres de los licenciados afectados guardaban relación directa con la investigación legislativa sobre el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y la subsecretaria Itza García.

La pesquisa fue ordenada mediante la Resolución del Senado 548, aprobada el 19 de junio, para investigar alegaciones contenidas en una querella presentada por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard.

La medida procura examinar señalamientos sobre la posible comisión de delitos, intervenciones indebidas, conflictos de interés y otras violaciones de ley atribuidas a Domenech, García y otros funcionarios.

Rivera Schatz advirtió que la cancelación de los destaques podría constituir una “represalia” y una “interferencia indebida” con la investigación legislativa.

También señaló que la actuación de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, podría configurar el delito de resistencia u obstrucción a la autoridad pública y contravenir la Ley 115 de 1991, que prohíbe las represalias contra empleados por ofrecer testimonio ante foros legislativos, administrativos o judiciales.

Gómez Torres, por su parte, rechazó las imputaciones y sostuvo que la cancelación de los destaques respondió exclusivamente a una reorganización para “atender las necesidades operacionales del Ministerio Público”.

Reiteró que la reorganización no se limitó al Senado, sino que también incluyó la reversión de destaques de fiscales auxiliares y otros funcionarios asignados a la Cámara de Representantes, la Junta de Planificación, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el Departamento de la Vivienda y distintos municipios.

Las expresiones de Dávila Pernas se produjeron el mismo día en que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) también autorizó ampliar una pesquisa relacionada con presuntas irregularidades en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

La investigación original surgió de los señalamientos formulados por Negrón Reichard contra el exsecretario auxiliar de la OGPe, Norberto Almodóvar Vélez, y la exjefa de personal Charlene Neuman Rivera.

Las fiscales especiales independientes Fabiola Acarón Porrata Doria e Ileana Agudo Calderón recibieron 45 días adicionales para ampliar la pesquisa y examinar, de manera simultánea, las alegaciones relacionadas con Domenech y García.

Tras conocerse la determinación, Rivera Schatz solicitó a la gobernadora Jenniffer González que removiera a ambos funcionarios o que estos abandonaran voluntariamente sus cargos mientras transcurre el proceso investigativo.

La gobernadora, por su parte, indicó que Domenech y García cooperarán con la investigación para que, una vez finalice, “no quede sombra de duda”.