El proceso de destitución suele surgir en los debates sobre las medidas que toma el Congreso federal contra un presidente en funciones.

Pero, ¿cómo funciona en el caso de otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos? Aquí te lo explicamos.

La misma disposición que permite al Congreso iniciar un proceso de destitución contra un presidente —el artículo II, sección 4— también le otorga la autoridad para iniciar un proceso de destitución y destituir a funcionarios federales, incluidos los secretarios del gabinete:

“El presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos de sus cargos en caso de juicio político y condena por traición, cohecho u otros delitos graves y faltas”.

Los secretarios de gabinete están incluidos en la parte que se refiere a “todos los funcionarios públicos de los Estados Unidos”.

No existe una definición estricta de “delitos graves y faltas”, y no se trata necesariamente de una infracción de una ley penal ni de una condena judicial. Históricamente, en el caso de los presidentes y otros funcionarios, el juicio político se ha utilizado para abordar los abusos de poder y las violaciones de la confianza pública.

El proceso es muy similar.

Los casos se inician en la Cámara de Representantes, con la presentación de una resolución o la creación de una comisión para investigar las denuncias. La Cámara investiga la presunta conducta indebida y decide si formula cargos formales contra un funcionario mediante artículos de juicio político.

Si eso ocurre, y una mayoría simple de la Cámara de Representantes vota a favor de la destitución, entonces el Senado celebra un juicio político.

En el caso de los presidentes, la Constitución establece explícitamente cómo se lleva a cabo ese juicio, el cual es presidido por el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

En el caso de los secretarios del Gabinete, no está tan claro quién supervisa los procedimientos.

No. Se necesita convicción para hacer eso.

Al igual que en el caso de los presidentes, decir que alguien ha sido sometido a un proceso de destitución equivale básicamente a una acusación formal, no a una condena. Un secretario que haya sido sometido a un proceso de destitución por la Cámara de Representantes puede seguir desempeñando su cargo mientras el Senado examina los cargos.

Se requiere una mayoría simple en la Cámara de Representantes para iniciar técnicamente un proceso de destitución contra un secretario del gabinete. Sin embargo, para que se dicte una sentencia condenatoria en el Senado, se necesita una mayoría de dos tercios, un umbral significativamente más alto.

En general, es poco común.

William W. Belknap, quien se desempeñó como secretario de Guerra del presidente Ulysses S. Grant, fue el primer secretario del gabinete en ser sometido a un proceso de destitución. Renunció horas antes de que la Cámara de Representantes votara a favor de su destitución en 1876, por acusaciones de haber aceptado sobornos en un escándalo relacionado con un puesto comercial.

Posteriormente, el Senado lo absolvió.

El segundo secretario del gabinete en ser sometido a un proceso de destitución fue Alejandro Mayorkas, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Nacional en la administración de Biden. La Cámara de Representantes votó por un estrecho margen a favor de la destitución de Mayorkas en febrero de 2024. El Senado desestimó el caso dos meses después, alegando que no cumplía con los requisitos constitucionales, y Mayorkas continuó en su cargo hasta que el presidente Joe Biden dejó el cargo.