La gobernadora Jenniffer González Colón informó este martes que firmó cinco medidas legislativas y vetó otras dos presentadas por los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gregorio Matías y Carmelo Ríos.

Además, la mandataria anunció que sometió ante el Senado cinco nuevos nombramientos para fiscales, procuradores de Asuntos de Familia y de Menores, así como para la jefatura de la Comisión Industrial.

En un comunicado de prensa, González Colón precisó que vetó el Proyecto del Senado 134, radicada el 2 de enero de 2025 por Matías, con la coautoría de los senadores Jamie Barlucea y Héctor González López.

La legislación enmendaba la Ley 300-1999 de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud, con el objetivo de que la emisión de la certificación electrónica sea más ágil.

El veto señala que, aunque la propuesta legislativa persigue un objetivo válido, podría debilitar la función de fiscalización y protección que establece la Ley 300-1999. Además, advierte que, tal como está redactada, la medida no cuenta con las salvaguardas técnicas y legales necesarias para su implementación.

Con ese propósito, se recomienda convocar una reunión de trabajo entre representantes del Ejecutivo y la Legislatura para acordar un lenguaje que proteja tanto el objetivo de la Ley 300 como la intención legislativa. Según el veto, el proyecto implicaría la devolución de $2,969,612 del gobierno estatal al federal.

Por otro lado, González Colón vetó el Proyecto del Senado 678, presentado el 29 de junio de 2025 por Ríos, con la coautoría de los senadores González López, Barlucea, Jeison Rosa, Wilmer Reyes, Luis D. Colón La Santa, Brenda Pérez Soto y Karen M. Román Rodríguez.

El veto señala que la medida no asigna fondos presupuestarios y delega en el Departamento de Seguridad Pública (DSP) la reglamentación sobre la clasificación de puestos, las escalas salariales y el plan retributivo. Añade que el DSP debió determinar el costo de implementación y certificar la disponibilidad de fondos durante la discusión de la pieza legislativa.

“La creación y puesta en vigor de un plan retributivo conlleva costos tanto en su diseño como en su ejecución, especialmente si implica aumentos salariales no contemplados en el presupuesto vigente”, agrega.

Según el Ejecutivo, la medida no especifica de qué partida se financiará su implementación, por lo que dependería de recursos aún no identificados. Esto podría afectar las negociaciones del presupuesto general 2026-2027, que se lleva a cabo con la Junta de Supervisión Fiscal, en busca de lograr el segundo presupuesto balanceado de esta administración.

“Es por ello, que recomendamos se presente un nuevo proyecto de ley, exclusivamente, para la derogación de la Ley 287 y así se evita afectar el progreso salarial alcanzado con la Ley 83-2023. Estamos de acuerdo en establecer un sistema retributivo coherente y equitativo que garantizará justicia salarial para quienes arriesgan sus vidas diariamente en beneficio de nuestra gente, sin embargo, hay que dotar de la data necesaria para hacer la reclasificación de los pueblos y a su vez la data esté disponible y consignada en los presupuestos recurrentes para que sea viable”, lee el veto.

De otro lado, la gobernadora firmó el Proyecto de la Cámara 18, que se convirtió en la Ley 62-2026, de la autoría del presidente de dicho cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez.

Con la firma de este proyecto se crea la “Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas y Testigos”, con el propósito de brindar protección y apoyo a víctimas y testigos de delitos, así como a sus familiares, cuando sea necesario para garantizar su participación en los procesos investigativos y judiciales relacionados con el enjuiciamiento de un delito.

La legislación, entre otras cosas, reconceptualiza el término “albergue” y “retoma su propósito inicial de proveer un lugar seguro y apto para las víctimas de delito que necesitan protección”. Asimismo, busca ”garantizar la provisión de un lugar adecuado y seguro para albergar a los testigos cooperadores".

La ley busca clasificar las poblaciones a ser servidas y proveer los servicios de acuerdo con las necesidades de seguridad de cada uno de los participantes. A su vez, asegurar que la búsqueda de la verdad durante los procesos judiciales sea celosamente salvaguardada.

Con la ley se establece el “Programa del Albergue de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos”, adscrito al Departamento de Justicia, que designará a un director que supervisará y administrará el programa, y estará bajo la supervisión de la Oficina del Jefe de los Fiscales, que se encargará de garantizar su eficiencia.

El Programa se organizará en dos secciones: el “Hogar para Víctimas de Delito” (HVDD), y el “Centro de Protección a Testigos Cooperadores” (CPTC). Cada sección tendrá un propósito determinado y atenderá poblaciones diferentes, según la legislación.

El Departamento de Justicia deberá garantizar que la población de testigos cooperadores y la población de víctimas no tengan acceso entre sí, mediante los protocolos operacionales, medidas de seguridad y reglamentación interna que se promulguen a tales fines.

Asimismo, González Colón firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 212, que pasó a ser la Resolución Conjunta 25-2026, de la autoría del representante Luis J. “Josean” Jiménez Torres.

La medida designa con el nombre de Ramón Iván Nieves Montesino la pista atlética en el Complejo Deportivo Ramón Cano Torres, en Barranquitas. Esta designación busca, según la pieza legislativa, reconocer su vida y sus aportaciones en los ámbitos deportivo y educativo.

Nieves Montesino se ha destacado como maestro de Educación Física y como fundador del Club de Atletismo Próceres Runners Team, el único en Barranquitas dedicado al desarrollo de atletas jóvenes en diversas disciplinas. Bajo su dirección, numerosos jóvenes han obtenido becas universitarias y han representado a Puerto Rico con éxito en competencias internacionales, incluyendo eventos panamericanos, mundiales y las Olimpiadas Juveniles.

Además, la primera ejecutiva del país firmó el Proyecto de la Cámara 674, que se convirtió en la Ley 63-2026, de la autoría del representante Ensol Rodríguez Torres.

La medida enmienda la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito para permitir que las personas diagnosticadas con lupus, en cualquiera de sus modalidades —incluyendo lupus eritematoso sistémico y lupus eritematoso cutáneo o discoide—, puedan solicitar el rótulo removible que autoriza estacionar en espacios reservados para personas con impedimentos.

Debido a su carácter crónico e incapacitante, la propuesta busca reconocer esta condición como elegible para este beneficio, equiparándola a otras condiciones que ya cualifican para el permiso de estacionamiento.

De otro lado, González Colón estampó su firma en el Proyecto de la Cámara 845, ahora la Ley 64-2026, de la autoría de Méndez Núñez y de la coautoría de la representante Estrella Martínez Soto.

El proyecto propone declarar el mes de junio de cada año como el “Mes para Promover la Donación de Sangre en Puerto Rico”. Su objetivo es fomentar la donación voluntaria de sangre mediante iniciativas de educación, concienciación y colaboración entre agencias, a fin de garantizar un suministro suficiente y constante para atender las necesidades médicas.

Finalmente, la gobernadora firmó el Proyecto de la Cámara 1009 (Ley 65-2026), de la autoría del representante Edgar Robles Rivera.

Para designar el 16 de diciembre de cada año como el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”, con el fin de promover la expresión del amor, la gratitud y el reconocimiento hacia los padres y figuras parentales en vida; fomentar una cultura de comunicación afectiva y valoración familiar.

Finalmente, la gobernadora nominó como fiscal auxiliar I a la licenciada Clarimar M. Álvarez Carrasquillo; como fiscal auxiliar II nominó al licenciado Néstor L. Márquez Rivera; como procurador de Asuntos de Familia nominó al licenciado Ornar Alexander Afanador Villanueva; y como procuradora de Asuntos de Menores a la licenciada Gloryvee Berenguer García.

Asimismo, como comisionado de la Comisión Industrial, designó al licenciado Jowen Santos Hilerio.

La Comisión Industrial es la agencia administrativa que revisa las decisiones que emite la Corporación del Fondo del Seguro del Estado cuando son apeladas, para determinar si las mismas están conforme a la Ley.