El monitor federal Arnaldo Claudio y el Departamento de Justicia de Estados Unidos acordaron que el informe sobre la Reforma de la Policía se haga público. (GFR Media) (horizontal-x3)
El monitor federal Arnaldo Claudio y el Departamento de Justicia de Estados Unidos acordaron que el informe sobre la Reforma de la Policía se haga público. (GFR Media)

El gobierno de Puerto Rico se opuso a que el Tribunal Federal levante la restricción que impide divulgar públicamente el séptimo informe sobre la Reforma de la Policía que rindió el monitor Arnaldo Claudio.

Se trata de la versión completa del informe parcial que Claudio sometió en enero de este año con serios señalamientos al liderato de la Uniformada.

Claudio y el Departamento de Justicia de Estados Unidos informaron al tribunal -en una moción sometida ante el juez federal Gustavo Gelpí- que acordaron que el informe sea público por “no haber ninguna razón mayor” para mantenerlo “en modo restringido”.

Pero en otra moción presentada el lunes, el gobierno de Puerto Rico consignó que “el Estado Libre Asociado está en desacuerdo y entiende que (el informe) debe permanecer en modo restringido”.

El gobierno de Ricardo Rosselló Nevares no señaló las razones para oponerse a la publicación del informe, pero Gelpí estableció el 10 de julio como fecha límite para que muestre causa de por qué el documento no debe ser liberado.

El pasado 11 de junio, Gelpí ordenó a las partes recomendar cuáles mociones y órdenes deben permanecer restringidas en el registro electrónico de la Reforma de la Policía. Las partes acordaron mantener las restricciones de 17 documentos y liberar 22.

Solamente estuvieron en desacuerdo con el séptimo informe del monitor, cuya versión final fue radicada el pasado 6 de junio.

En ese informe, se indica que la creación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) ha tenido un impacto negativo sobre la cadena de mando de la Policía.

En una entrevista con El Nuevo Día en enero, a una semana de su despido como comisionada de la Policía, Michelle Hernández Fraley dijo que la aprobación de la ley del DSP y la entrada en escena de Pesquera debilitó su liderato en la Policía, y la amarró de manos en asuntos administrativos, como el manejo del presupuesto. Dijo también que la dejaron fuera de varias reuniones con las autoridades federales.

El informe parcial de Claudio también señaló que el secretario del DSP, Héctor Pesquera, pudo haber violado la ley orgánica de ese departamento por dar instrucciones a oficiales de alto rango de la Policía durante las manifestaciones del 1 de mayo de 2017, cuando todavía no había sido confirmado por el Senado en su puesto.

Sin embargo, en febrero pasado, el gobernador Rosselló Nevares le dio un espaldarazo a Pesquera. “El secretario Pesquera goza de mi confianza y sí tenía la autoridad. Él es el secretario”, dijo Rosselló. “Así que el compañero Claudio se equivoca”, expresó.

El informe de Claudio encontró fallas enel plan implementado por la Uniformada para las manifestaciones del 1 de mayo de 2017, según evaluaciones del investigador José Pujol. Este último examina actualmente los enfrentamientos entre policías y manifestantes el 1 de mayo de este año, informó Claudio al tribunal el 4 de mayo.


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