La defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, solicitó al Tribunal Supremo que paralice el inicio del juicio, pautado para el 23 de junio, mientras se resuelve una controversia sobre procesabilidad.

Las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emanuelli, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), presentaron una moción en la que advirtieron que la acusada, de 18 años y con una discapacidad intelectual, podría no comprender plenamente el proceso judicial.

Sostuvieron que el máximo foro judicial debe determinar si la acusada cuenta con la capacidad procesal necesaria, tomando en cuenta la etapa avanzada en que se encuentra el caso, a días del inicio del juicio en el Tribunal de Primera Instancia en Aibonito.

“El comienzo del juicio está pautado para el próximo 23 de junio de 2026 en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito. Por esta razón, solicitamos la presente intervención y la paralización de los procedimientos”, indicaron las abogadas.

Mientras esa petición queda pendiente ante el Supremo, la defensa también levantó objeciones sobre el descubrimiento de prueba, al alegar que aún existen documentos, materiales y resultados periciales que no han sido entregados.

En ese sentido, la defensa expuso una controversia relacionada con huellas dactilares que, según afirman, podría estar vinculada a una investigación paralela ocurrida la misma noche del crimen y que involucraría a personas que figuran como testigos en el caso principal.

Según la moción, el pasado 9 de junio el Ministerio Público entregó por primera vez un certificado de análisis de huellas emitido por la Policía de Puerto Rico, en el que se hace referencia a un levantamiento de huellas dactilares y/o palmares cuya existencia, alegaron, no había sido previamente notificada.

“De dicho documento surge por primera vez que, como parte de una investigación relacionada, se realizó un levantamiento de huellas latentes cuya existencia nunca había sido notificada”, agregaron las licenciadas en la moción.

Se trata de información vinculada a una supuesta investigación paralela al asesinato de Pratts Rosario y que, según la defensa, involucra a posibles testigos del caso. Aunque no entran en el detalle, se refirieron al hurto del vehículo de la madre de la víctima, Lisandra Rosario.

En resumen, la noche del crimen también se hurtó el vehículo de la progenitora de la víctima. Por este incidente de apropiación ilegal no se ha acusado a nadie, ya que el Departamento de Justicia está a la espera del desenlace del proceso por asesinato.

“El Ministerio Público realizó una entrega adicional de documentación relacionada con dicho análisis (de huellas dactilares vinculados con ese otro caso). El documento adicional consistió esencialmente en una modificación del documento original producido el día anterior”, comentaron las abogadas.

A tales fines, plantearon que les llamó la atención que, aunque este último documento fue entregado a la defensa el 11 de junio, el mismo conserva una fecha correspondiente al 10 de junio, lo que evidencia que no se trata de una certificación negativa posterior emitida tras una búsqueda independiente de información.

“Lo anterior evidencia que la investigación relacionada con dichas huellas permanece activa y que continúan existiendo materiales, documentos y resultados potenciales que no han sido producidos a la defensa”, comentaron en el documento.

Asimismo, afirmaron que tienen derecho a acceder a toda la información sobre el levantamiento y análisis de huellas, por su relevancia para evaluar la credibilidad de testigos, impugnar la prueba y hasta reconstruir los hechos. Por ende, solicitaron al tribunal que ordene a la Policía que entregue toda la documentación.

“La defensa tiene interés legítimo en examinar la totalidad de la documentación relacionada con el levantamiento, análisis y comparación de las huellas recuperadas, toda vez que la misma contiene información pertinente para la evaluación de la credibilidad de testigos, impugnación, la reconstrucción de los hechos investigados”, señalaron.

Avilés Cabrera y su madre, Elvia Cabrera Rivera, enfrentan dos cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen ocurrido a mediados de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en el que se usó un arma blanca.

Precisamente, el 11 de junio, en una movida sorpresiva, el Ministerio Público enmendó la acusación contra Avilés Cabrera para incluir tres agravantes e insistió en que ambas acusadas actuaron “en concierto y común acuerdo entre sí”, y “a propósito y con conocimiento”.

Aunque el objeto punzante usado la noche del crimen no ha sido ocupado, el Ministerio Público sostuvo -en la enmienda a la acusación- que se trató de “un arma blanca de una pulgada de ancho aproximadamente y cinco pulgadas de largo con punta filosa”.

Como parte de esa enmienda, la Fiscalía también incorporó ocho nuevos testigos: siete son empleados de la escuela superior Bonifacio Sánchez, donde estudiaban tanto la acusada como la víctima; y uno de la Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI).

Por ende, la defensa ha solicitado formalmente una moción de descubrimiento de prueba para obtener información puntual sobre cada uno de los testigos antes de que comience el juicio ante el juez superior Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito.