La exgobernadora Wanda Vázquez tras la vista judicial en el Tribunal federal, en Hato Rey.
La exgobernadora Wanda Vázquez tras la vista judicial en el Tribunal federal, en Hato Rey. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

La exgobernadora Wanda Vázquez Garced, arrestada esta mañana por las autoridades federales y acusada de tres cargos de corrupción, mantendrá el servicio de escoltas del Negociado de Policía, a menos que sea declarada convicta, indicó el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres.

Las declaraciones surgen después de que Ignacio Fernández, uno de los representantes legales de la ex primera ejecutiva, expresara que perdería la protección mientras transcurre el proceso legal.

“Conforme al caso Hernández Colón y Romero Barceló vs. Policía de Puerto Rico del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2009), así como el Artículo 2.16 de la Ley 20-2017 y la Orden General 110 de 25 de enero de 2019, la exgobernadora Wanda Vázquez tiene un derecho adquirido para recibir el servicio de la División de Seguridad y Protección de la Policía de Puerto Rico. De surgir una convicción en el caso federal en contra de la exgobernadora, este servicio será eliminado”, aclaró Torres en declaraciones escritas a la prensa.

Minutos antes, Fernández, en un encuentro con la prensa tras la comparecencia de Vázquez Garced al Tribunal federal en Hato Rey, respondió “no” al ser cuestionado de si la exmandataria retendría el servicio de escoltas tras la acusación.

“Pregúntenle a… yo no soy el que decido”, agregó al abogado.

Al salir del Tribunal federal, los policías escolta no estaban frente al lugar.

En 2021, el gasto público mensual por concepto de las escoltas de Vázquez Garced, quien ocupó la mansión ejecutiva entre agosto de 2019 y diciembre de 2020, ascendió a $31,705.56, según datos que la Policía proporcionó a la Cámara de Representantes en febrero pasado. Además, a lo largo del pasado año, el costo de las horas extra por las escoltas de la exmandataria sumó otros $129,101.52.

Más tarde en la noche, el DSP reiteró, mediante declaraciones escritas, que “la exgobernadora Wanda Vázquez Garced tiene un derecho adquirido para recibir el servicio de escolta de la División de Seguridad y Protección del Negociado de la Policía Los datos sobre la escolta asignada a la exmandataria oscila entre un máximo de siete agentes en turnos rotativos y un supervisor Es decir, que no dan servicios de manera simultánea. También cuenta con dos vehículos oficiales”.

La agencia añadió que los gastos en combustible por el uso de los vehículos de la escolta hasta el 30 de junio de 2022 era de $7,356.92. No obstante, el DSP no ofreció datos sobre los gastos por concepto de sueldo de los oficiales y el supervisor desde enero hasta lo que va del 2022.

En conferencia de prensa esta mañana, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, indicó que, en síntesis, la exgobernadora fue acusada por conspiración, soborno y fraude electrónico.

Según la acusación federal, entre diciembre de 2019 y junio de 2020, Vázquez Garced participó en un plan de sobornos con varias personas, entre ellas el banquero venezolano Julio Martín Herrera Velutini y Mark Rossini, un exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), para financiar la campaña primarista de la entonces gobernadora en 2020. El monto del dinero del soborno que recibió la campaña de la gobernadora superaba los $300,000, según la acusación.

Herrera Velutini es propietario del banco internacional Bancrédito, que opera en San Juan. Rossini, según Muldrow, brindó servicios de consultoría a Herrera Velutini y “facilitó pagos a consultores para dar apoyo a la campaña electoral de Vázquez Garced”.

La acusación plantea que Herrera Velutini y Rossini prometieron financiar la campaña de Vázquez Garced a cambio de que la entonces gobernadora despidiera al comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), George Joyner Kelly, a raíz de una auditoría que desde 2019 realizaba la OCIF a Bancrédito.

Vázquez Garced se desempeñó como secretaria de Justicia bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Luego que este renunciara y el Tribunal Supremo anulara la juramentación como gobernador de Pedro Pierluisi, Vázquez Garced asumió el cargo por disposición del orden de sucesión constitucional.

En agosto de 2020, el propio Pierluisi derrotó a Vázquez Garced en las primarias novoprogresistas por la candidatura a la gobernación, antes de triunfar en las elecciones generales de 2020.

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