A partir del reportaje sobre un supuesto intercambio de drogas por votos en cárceles para favorecer a la ahora gobernadora Jenniffer González, el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, defendió este jueves que, si se recibió información sobre estas alegaciones de corrupción, se investigaron mientras era jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en Puerto Rico, aunque se reservó si, en efecto, se recibió un referido en la dependencia sobre este presunto esquema.

“Si hubo alegaciones de cualquier corrupción, le correspondía al FBI investigar esos hechos. Y te puedo garantizar que, si hubo alegaciones, se investigaron. Si no se sometieron los cargos, era porque no había la evidencia en ese caso”, dijo González Falcón, al culminar una reunión con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sobre estrategias para atacar el trasiego de drogas y armas ilegales con múltiples agencias federales.

Rivera Schatz, de paso, restó mérito a la investigación de ProPublica, al plantear que el trabajo del reconocido medio periodístico independiente “no merece ninguna credibilidad”.

Según el reportaje, tras la elección del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, supuestamente, frenó una investigación sobre un esquema de entrega de drogas a reclusos en Puerto Rico a cambio de votos, en 2024, a favor de la ahora mandataria.

“Fui el director del FBI para ese entonces. El caso no era del FBI. El caso era de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, en inglés)”, subrayó González Falcón.

“De igual manera, hay alegaciones de que el presidente de Estados Unidos (Trump) mandó a cerrar la investigación. Eso fue antes de que el presidente de Estados Unidos tomó posesión o juró como presidente de Estados Unidos. Igualmente, la fiscal general de Estados Unidos no era Pam Bondi. Hay muchas cosas que ‘doesn’t make sense’ (no hacen sentido)”, opinó el jefe de la Policía.

La fiscalía federal presentó cargos criminales, en diciembre de 2024, contra 34 personas vinculadas a la organización criminal Grupo 31 o el Grupo de los 31, también conocida como “Los Tiburones”, imputados de distribuir drogas a casi todas las cárceles de Puerto Rico con el uso mayormente de “drones”.

El Nuevo Día preguntó a González Falcón si hubo algún referido al FBI sobre el supuesto esquema de intercambio de votos de esta organización criminal, pero se limitó a responder que no podía entrar en detalles del caso “porque está para juicio” en diciembre.

“Pero, si hubo alegaciones de corrupción, te garantizo que se investigaron y cualquier evidencia que tenía se sometió. En el caso de corrupción, hay diferentes niveles de permisos que se tienen que obtener. El proceso siempre ha corrido de la manera correcta”, reiteró.

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