La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) liberó $2.6 millones para el pago de servicios profesionales en el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (Copop) de la Policía, que podrá continuar proveyendo asistencia a víctimas de violencia de género a lo largo del año fiscal en curso.

El aval presupuestario fue notificado el jueves al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, con copia al superintendente de la Policía, Joseph González, y otros jefes de agencia que también recibieron aprobaciones o reasignaciones de fondos.

El 25 de septiembre, El Nuevo Día reportó que decenas de trabajadores por contrato en la Policía que ofrecen servicios a víctimas de violencia doméstica, delitos sexuales y otras poblaciones vulnerables llevaban casi tres meses sin cobrar debido a que los fondos estaban retenidos en la OGP.

Días después, la Policía utilizó dinero de otra área de su presupuesto y logró pagarles a 42 empleados del Copop, con una partida que ascendió a $336,300 para las facturas de julio y agosto.

“La situación del Copop fue atendida y resuelta hace tiempo, mediante la identificación de fondos de otra partida que permitió cumplir con los pagos pendientes y garantizar la continuidad de los servicios. La Junta acaba de aprobar el planteamiento que se había sometido para la transferencia interagencial. Sin embargo, esta aprobación no tiene impacto alguno sobre los empleados”, indicó este sábado la portavoz de la Uniformada, Jessica Pérez Cámara.

Ya con el dinero liberado en el presupuesto de la Policía, se espera que no haya más problemas en los próximos pagos a empleados por contrato del Copop durante este año fiscal.

Desde su creación en 2021, el Copop recibía fondos especiales asignados a atender el estado de emergencia por la violencia de género en el país, que fue declarado ese año y se extendió hasta diciembre de 2024.

El año fiscal pasado, el Copop tuvo una partida de $2.6 millones, que también estuvo bajo custodia de la OGP. En ese entonces, Rivera Berríos explicó que, al ser la primera vez que se buscaban fondos recurrentes para el Copop, la Policía y el Departamento de Seguridad Pública tuvieron que entregar más información a la JSF.

El Copop es resultado de recomendaciones del Comité para la Prevención, Apoyo, Rescate y Educación, que fiscalizaba el estado de emergencia.

Este espacio opera las 24 horas y ha ayudado a los agentes a diligenciar más rápido las órdenes de protección, así como las investigaciones criminales de feminicidios en la isla. Además, coordina el patrullaje preventivo, asistencia psicosocial de sobrevivientes y genera estadísticas para esfuerzos de prevención.

Una agente del Copop fue la que le identificó al policía a cargo de la escena de Jennifer Torres Castro, encontrada sin vida el 24 de junio, que el sospechoso que buscaba, Carlos Estefano Pino, tenía un extenso historial criminal por otro feminicidio, en 1990, lo que aceleró la búsqueda del hombre, que había salido de la cárcel por libertad bajo palabra.