Después de tres meses sin cobrar, 42 trabajadores por contrato en la Policía, que ofrecen servicios a víctimas de violencia doméstica, delitos sexuales y otras poblaciones vulnerables, comenzarán a recibir sus pagos de julio y agosto esta misma semana.

“Se emitieron pagos a 42 empleados, por la cantidad de $336,300, correspondientes a los meses de pago de julio y agosto. Los contratistas verán este dinero reflejado en su cuenta próximamente”, confirmó este jueves Jessica Pérez Cámara, la oficial de prensa de la Uniformada, en declaraciones escritas.

El Nuevo Día reportó, el viernes pasado, que los contratistas estuvieron sin recibir sus cheques debido a problemas con el nuevo sistema de facturación del gobierno y fondos retenidos en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Para lograr el desembolso, explicó Pérez Cámara, la Policía identificó el dinero de otra partida en su presupuesto.

Entre los contratistas afectados, hubo trabajadores sociales que atienden presencialmente a víctimas de violencia doméstica en el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (Copop), así como funcionarias que procesan este remedio civil y analizan estadísticas.

Se supone que el Copop reciba una partida de $2.6 millones para servicios profesionales durante el año fiscal 2026-2027, que comenzó el 1 de julio. Este dinero, sin embargo, está bajo custodia de la OGP, a la espera de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) apruebe su liberación.

“Se pudo subsanar el problema con el planteamiento de los contratos del Copop”, dijo Pérez Cámara sobre esta división, en la que principalmente trabajan mujeres jefas de familia.

Las molestias de los contratistas llevaron a que, a principios de la semana pasada, varios profesionales llegaran hasta la Oficina de Finanzas de la Policía a reclamar la cantidad adeudada, al denunciar que no habían podido pagar la renta de su hogar, autos y demás gastos.

Empleados subvencionados por el programa STOP VAWA –siglas en inglés de “Services, Training, Officers, Prosecutors” bajo la “Violence Against Women Act”, que atiende víctimas de violencia sexual, tampoco habían recibido sus cheques, en los pasados tres meses, por fallas programáticas.

El superintendente Joseph González había dicho, el viernes, que buscaban subsanar un “fallo técnico” en la plataforma Integra, nuevo sistema de planificación de recursos empresariales del gobierno que entró en vigor este año fiscal, para poder usar los fondos de STOP VAWA.

“En el caso de STOP VAWA, se identificó una situación técnica en el sistema ERP que impide completar el trámite de pago. Esta situación ya fue comunicada al Departamento de Hacienda y se encuentra bajo atención para su corrección. Según la información recibida de Hacienda, se espera que el asunto pueda quedar resuelto durante esta semana”, abundó Pérez Cámara.