El superintendente de la Policía, Joseph González, anunció que no pueden retirarle la escolta a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, pese a haberse declarado culpable en el Tribunal Federal en San Juan.

González indicó que la determinación surgió luego de un análisis legal de los estatutos vigentes.

Al leer una declaración en una conferencia de prensa, González indicó que, “según el marco jurídico vigente, la escolta de los gobernadores son derechos adquiridos”, validado por una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, tras una demanda de los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló.

“La legislación actual no establece la perdida de dicho derecho por convicción en foro federal y estatal”, sostuvo González.

“La única manera de retirar este beneficio sería mediante la aprobación de una ley expresa que así lo disponga aplicable únicamente de forma prospectiva”, agregó.

Vázquez Garced se declaró culpable en agosto pasado por un cargo criminal tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía federal.

La exfuncionaria aceptó que incurrió en delito al aceptar una promesa de contribución política de parte del banquero Julio Herrera Velutini en 2020.

“Aún cuando la exgobernadora Wanda Vázquez se declaró culpable en el Tribunal Federal, la policía de Puerto Rico no puede, bajo la normativa vigente, eliminarle la escolta, salvo que exista una legislación nueva que expresamente contemple esa limitación o que ella renuncie a dicho beneficio”, apuntó.

“Por tanto, se debe mantener la escolta, conforme a lo dispuesto en la Ley 83 de 2025 y la jurisprudencia aplicable, hasta tanto la Asamblea Legislativa disponga lo contrario mediante una enmienda legal, expresa y prospectiva”, afirmó.

El jefe policiaco explicó que la División Legal de la Policía estuvo a cargo de analizar el estatuto vigente y que fue discutido con el equipo legal de La Fortaleza.

“Yo personalmente le dije a la gobernadora (Jenniffer González) que esto era lo que decía la ley y tenemos que cumplir con la ley”, dijo el jefe policiaco.

A preguntas de la prensa, indicó que no ha discutido el asunto con la Asamblea Legislativa, mientras que declinó ofrecer su opinión sobre si se debe eliminar o no a los funcionarios convictos en casos criminales.

“Yo era el director del FBI cuando se trajo ese caso (Vázquez Garced). Nadie está por encima de la ley”, recordó. “Mi trabajo como superintendente ahora es en la misma línea. Nadie está por encima de la ley. Vamos a hacer nuestro trabajo. La ley es la ley. Si algo cambia, la Policía se ajusta y hace los cambios necesarios”.

“Yo estoy por encima de la ley para decir que como superintendente voy a quitar o dejar. La ley es la ley y nuestro trabajo es cumplir con la ley”, abundó.

Sin embargo, reveló que a nivel interno de la Policía evalúan posibles cambios a la cantidad de oficiales asignados a las escoltas.

Señaló que ese análisis comenzó luego de que hace un mes la Policía retomara control de la Oficina de Seguridad y Protección, después de que se aprobara la ley que la separó del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

“Lo primero que pedí fue que me hagan un análisis de toda la escolta para asegurar que (todos) tengan el mismo personal”, comentó.

“Se está haciendo un análisis de todas las escoltas que se dan para asegurar que el trabajo se pueda hacer de una manera segura pero no excesivo”, afirmó.

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