Casi un centenar de personas enfrentan órdenes de arresto por vender drogas cerca de escuelas y áreas recreativas en 25 municipios.

El superintendente de la Policía, Joseph González, indicó que el operativo “Espacios Seguros” fue dirigido contra 94 adultos imputados, de los cuales 88 son hombres y seis son mujeres, para quienes los tribunales emitieron una fianza global de $8.9 millones.

De ese total, hasta el mediodía de hoy habían logrado capturar a 60, mientras que está pendiente una orden de detención de un menor de edad.

“Durante aproximadamente cinco meses de investigación, agentes del Negociado de Drogas documentaron la venta de sustancias controladas donde niños y jóvenes estudian, juegan y participan de actividades recreativas”, sostuvo González, en conferencia de prensa.

Agregó que “cuando una persona decide vender drogas cerca de una de estas áreas, no solamente está violando la ley, está poniendo en riesgo el futuro de nuestros niños y la tranquilidad de nuestras comunidades”.

“Todos los arrestados enfrentan cargos bajo el art. 411a de la Ley de Sustancias Controladas”, detalló.

Se refiere a un estatuto que no siempre se aplica, pero que implica agravantes en los tribunales, que descarta la posibilidad de una reducción en las penas en caso que el imputado decida declararse culpable mediante un acuerdo.

“Son delitos muy serios”, dijo el fiscal Héctor Siaca, de la División de Delitos Violentos del Departamento de Justicia. “Dependiendo de la sustancia que se haya vendido a los agentes, estamos hablando de 20 años en algunas sustancias y 12 años en otras. Se puede agravar dependiendo de la circunstancia particular de cada individuo, y la radicación del 411 le da un ámbito de un poco de severidad mayor, ya que duplica la pena”.

Siaca se mostró confiado en que las denuncias prosperarán en el proceso judicial

“La prueba es sumamente robusta”, mantuvo el fiscal. “En la mayoría de estos casos, sino en casi todos... tenemos evidencia fílmica”.

Según la Policía, los investigadores documentaron 28 transacciones de drogas cerca de escuelas y otras 67 cerca de áreas recreativas, con un saldo de un total de 249 denuncias.

“El veneno de las drogas hace más vulnerables a nuestros jóvenes que frecuentan estos espacios y son víctimas de estas personas”, manifestó el coronel Carlos Cruz, superintendente auxiliar de operaciones especiales.

Resaltó que en los cinco meses que llevaron a cabo la investigación, los agentes encubiertos pagaron $25,000 en distintas transacciones para recopilar evidencia contra los alegados vendedores de drogas.

“La inteligencia nos dice que estas personas poseían buenos carros, buenas casas, con trabajos... los que trabajaban, porque algunos se dedicaban solamente a esto. Pero, sí, definitivamente le da una capacidad económica a estas personas, que están un poco más alto que el ciudadano normal”, expuso.

Por su parte, el teniente coronel Jorge Luyando dijo que esos agentes documentaron específicamente que las transacciones se llevaban a cabo en las áreas protegidas por el artículo 411a.

Como ejemplo, mencionó los residenciales Juan Jiménez García y Raúl Castellón de Caguas, donde “se acercan mucho las distribuciones en el área de la cancha, que han sido documentadas”.

No obstante, Luyando apuntó que también evidenciaron transacciones en lugares fuera de residenciales, mientras que Siaca confirmó que los cargos fueron radicados luego de que pudieron corroborar la prueba de que todo ocurrió en un radio de 100 metros de áreas recreativas y escuelas.

Los otros municipios impactados fueron Aguadilla, Aguada, San Sebastián, Añasco, Mayagüez, Cabo Rojo, San Germán, Lajas, Sabana Grande, Yauco, Guayanilla, Peñuelas, ponce, Villalba, Juana Díaz, Cidra, Caguas, Guayama, Arroyo, Yabucoa, Hmacao, Naguabo, Carolina y Canóvanas.

Entre la evidencia ocupada figuran 136 bolsas de cocaína, 399 piezas de crack, 101 piezas de marihuana, una libra de marihuana, 30 gramos de fentanilo, 123 decks de heroína y nueve vehículos de motor.

“Estas personas nos llevaron a cerca de estos lugares recreativos. Teníamos una inteligencia levantada de que estas personas solían distribuir sustancias cerca de estas zonas recreativas”, dijo Cruz.

“No responden a una sola organización. Estamos hablando de un problema bien complejo. Son personas que se dedican específicamente a distribuir sustancias controladas, muchas veces cerca de estos lugares recreativos”, afirmó.