La Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) revocó el miércoles el privilegio de Carlos Estefano Pino, feminicida convicto y ahora imputado por el asesinato de la enfermera Jennifer Torres Castro en Caguas, por violar seis condiciones, confirmó el presidente del organismo, Samuel Silva Rosas.

Estefano Pino, de 67 años, fue notificado la tarde de ayer sobre la determinación de cuatro miembros de la JLBP, justo después de que una jueza del Tribunal de Caguas encontrara causa para su arresto por asesinato en primer grado. La muerte violenta de Torres Castro ocurrió el pasado 24 de junio.

“Precisamente, ayer, se notificó la resolución final de revocarle el privilegio a Estefano Pino por seis violaciones a las condiciones del mandato”, dijo Silva Rosas, en entrevista telefónica, aclarando que la determinación no fue a causa de la nueva radicación de cargos.

Entre las seis violaciones a su libertad condicional, Estefano Pino no se comunicó con su técnico sociopenal y tampoco estuvo en su hogar, en Aguas Buenas, a las 6:00 p.m., durante varios días. Además, consumió bebidas alcohólicas, agredió a una mujer e incumplió con su supervisión, según su testimonio en la vista inicial frente a la JLBP.

Estefano Pino –convicto por otro feminicidio en 1990 y liberado por la JLBP desde 2018– fue arrestado, el pasado 1 de julio, tras su técnico sociopenal informar al organismo que estaba evadiendo sus llamadas y figuraba como principal sospechoso en la muerte de Torres Castro.

Por el feminicidio de Torres Castro, la jueza Karina Díaz Pérez encontró causa por el cargo por asesinato en primer grado, que tiene una pena de 99 años, e impuso una fianza de $3 millones.

El confinado, con historial de violación y sodomía, había sido liberado en 2018 por la JLBP, cuando aún le restaban 85 años de sentencia por el asesinato de Myrna Báez Valle, una joven de 22 años, ocurrido en Aguadilla, en 1990.

Silva Rosas aseguró que la evaluación para la revocación comenzó mucho antes de que se le radicaran los nuevos cargos, por lo que la determinación no fue consecuencia de la vista de causa probable para arresto (Regla 6), sino que coincidió. La vista preliminar se pautó para el 22 de septiembre, en el Tribunal de Caguas.

En su primera vista ante la JLBP, Estefano Pino manifestó que, la noche del crimen, hubo un “altercado físico” contra Torres Castro, a quien identificaba como su supuesta pareja, una alegación que la fiscalía negó.

“En su mayoría, las personas que obtienen la libertad bajo palabra no presentan problemas, por lo general. Este es uno de los casos que se aísla de la norma. No obstante, entendemos y estamos haciendo las acciones correspondientes para obtener más recursos para poder conseguir trabajadores sociales y psicólogos forenses, que nos ayuden a asistir a la JLBP”, enfatizó Silva Rosas.

Hasta el 9 de julio, había 577 convictos liberados bajo palabra, que eran supervisados por técnicos sociopenales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, agencia que reconoció la necesidad de más personal de este tipo para atender todas las tareas relacionadas con los confinados bajo su custodia.