El superintendente de la Policía, Joseph González, ordenó la eliminación de los servicios de escolta de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

En comunicado de prensa, González informó que la medida surge luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón le solicitara dicha eliminación, tras recibir una opinión legal del Departamento de Justicia (DJ) que reconoce la facultad de la primera ejecutiva como autoridad nominadora, y el poder decisional del jefe de la Uniformada en este asunto.

Según González, “desde que Wanda Vázquez fue acusada por actos de corrupción por el gobierno federal, el pueblo de Puerto Rico ha cuestionado la necesidad y la legalidad de que reciba servicios de escoltas. Ese cuestionamiento se convirtió en reclamo de que se les eliminaran las escoltas, inmediatamente trascendió que la licenciada había aceptado declararse culpable”.

“Como superintendente, pero sobre todo como ciudadano yo también me expresé en oposición a que continuara teniendo escoltas. Así lo expresé en un sinnúmero de ocasiones, inclusive, haciendo una excepción a mi regla autoimpuesta de no emitir opiniones, pues reconozco que esto también me indignaba”, apuntó González, en declaraciones escritas.

“Como persona de ley y orden, solicité el análisis legal correspondiente para que esta decisión se sostuviera en derecho. Sin embargo, la interpretación de nuestra división legal sobre las leyes, reglamentos y disposiciones constitucionales aplicables fue que, como exgobernadora, la Lcda. Wanda Vázquez tenía un derecho adquirido que no se podría revocar. Obviamente, respeté esa interpretación, pero no quedé satisfecho, como tampoco quedó satisfecha la gobernadora, Jenniffer González, quien le solicitó una opinión al Departamento de Justicia, que es, en última instancia, el representante legal del pueblo,” añadió.

Señaló que, “ante las conclusiones del Departamento de Justicia de que no hay un impedimento legal ni constitucional para eliminar las escoltas a Wanda Vázquez, la gobernadora ha emitido una directriz para que procedamos con dicha eliminación inmediatamente”.

En agosto, Vázquez Garced reconoció ante la jueza de distrito Silvia L. Carreño Coll –como parte de un acuerdo con la fiscalía federal– que incurrió en delito al aceptar una promesa de contribución política de parte del banquero Julio Herrera Velutini en 2020. La Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, en inglés) prohíbe aportaciones de extranjeros en procesos eleccionarios.

El pasado 15 de enero, el presidente Donald Trump otorgó a la exgobernadora, quien lo apoyó en su campaña presidencial de 2020, un indulto presidencial tanto a ella como a sus coacusados.

El superintendente de la Policía sostuvo que se realizó un análisis legal y constitucional complejo, en el cual surgieron distintas interpretaciones al amparo del caso Hernández Colón y Romero Barceló vs. Policía de Puerto Rico, que data del 2009, en el que el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que los exgobernadores tenían un derecho adquirido a las escoltas. Del mismo modo, se tomó en cuenta la definición de exgobernador establecida en la Ley 2 de 26 de marzo de 1965.

Apuntó que esta última establece, en su sección 24, que para que una persona sea considerada exgobernador tiene que cumplir con unos criterios que incluyen haber sido electo por el voto popular y ocupar el cargo por un término no menor de cuatro años, entre otros.

Planteó que Vázquez Garced no fue electa por el pueblo ni ocupó la posición de gobernador por cuatro años, por lo cual no cumple con esta definición.

Por otro lado, estaba la Orden General 110 de 25 de enero de 2019 que había emitido el entonces Negociado de la Policía de Puerto Rico, titulada Oficina de Seguridad y Protección, que establecía un poder discrecional del comisionado para la asignación de escoltas a funcionarios y exfuncionarios.

“Desde el primer día informé que el análisis legal sobre este asunto se estaba haciendo en equipo. Tanto la gobernadora como yo insistimos en la necesidad de que las decisiones que procedieran con relación a las escoltas de Wanda Vázquez estuvieran respaldadas por las interpretaciones correctas de las leyes, reglamentos y disposiciones constitucionales aplicables”, expuso.

“Por tanto, con la opinión legal del Departamento de Justicia, el respaldo de la gobernadora, Jenniffer González, y con las facultades que la Ley 83 de 2025 nos ha consolidado, revocamos hoy el servicio de escoltas a la Lcda. Wanda Vázquez Garced”, acotó.

Vázquez Garced se declaró culpable en agosto de 2025 de un delito menos grave por violación a leyes de campaña electoral al aceptar la promesa de donativos de entre $2,001 y $25,000 de un ciudadano extranjero, el coacusado Julio Herrera Velutini.

Según la acusación original, Herrera Velutini respaldó a Vázquez Garced a cambio de la remoción del jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner. Herrera Velutini y Mark Rossini -exagente del FBI y quien también fue acusado en el caso- ayudaron con la campaña de Vázquez Garced en las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) de 2020 con donaciones y una encuesta de opinión pública que habría costado $500,000.