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(GFR Media)

La demanda del exespecialista de inteligencia Francisco Reyes Caparrós contra la alta jefatura de la Fiscalía federal por un alegado patrón de represalias y hostigamiento laboral entra hoy, miércoles, en su última etapa.

El juez visitante de New Hampshire Joseph Laplante informó que mañana leerá las instrucciones a los miembros del jurado, las partes presentarán sus argumentos finales, y entonces, el jurado, compuesto por cuatro hombres y cuatro mujeres, se retirará a deliberar.

La defensa del Departamento de Justicia federal presentó ayer, martes, una solicitud para que se desestime el caso en su totalidad, basándose parcialmente en que no se podía establecer acto de represalia debido a la falta de proximidad temporal entre el primer encontronazo de Reyes Caparrós con la alta jefatura de la Fiscalía federal en febrero de 2012, y la queja que presentó ante la Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo en octubre de 2013 luego de que estallara una investigación federal.

Al mediodía de hoy, la abogada del demandante, la licenciada Bamily López, indicó que, durante todo ese año y medio, trascurrieron varios hechos que serían demostrativos de un ánimo de represalia contra Reyes Caparrós. Entre esas instancias que, a su juicio, abonan al ambiente laboral hostil y de represalias, incluyó que se le exigiera a Reyes Caparrós, desde entonces, someter un reporte semanal de trabajo, que lo trasladaran del piso 16 al piso 14, que le prohibieran ofrecer seminarios y que le impusieran sanciones disciplinarias más severas que a sus compañeros.

El exfiscal Wallace Bustelo indicó ayer que el traslado de oficinas era “común”, y la jefa de fiscales Rosa Emilia Rodríguez declaró, en su testimonio, que las acciones disciplinarias que se tomaron en contra de Reyes Caparrós estuvieron debidamente justificadas y cumplieron con los protocolos establecidos por el Departamento de Justicia Federal.

Justicia federal somete su caso

Durante la mañana de hoy, Justifica federal sometió su caso luego de que concluyera el desfile de testigos traídos por la parte demandada. Carlos Cases, exdirector del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, y Joe Rodríguez, agente federal en la división de contraterrorismo, fueron los últimos en ocupar la silla para ampliar sobre la investigación que condujo la agencia contra Reyes Caparrós por posibles vínculos con el espionaje ruso.

Recalcaron que la Oficina de Fiscalía Federal local “no presionó ni influyó” en la decisión de imponer restricciones de seguridad a Reyes Caparrós en cuanto se activó oficialmente la investigación. Esta surgió a raíz del interés mostrado por el demandante de participar en un programa de intercambio cultural en Rusia por invitación de un amigo de la infancia.

Ambos testigos coincidieron también en que, lo que empezó como una investigación a varias personas por posible reclutamiento de espías por el gobierno ruso, terminó como una pesquisa enfocada solamente en la figura de Reyes Caparrós. En su contrainterrogatorio, la abogada López buscó probar que el cambio de enfoques surgió luego de que agentes del FBI se reunieran con la alta jefatura de la Fiscalía Federal.

En los testimonios tanto de Rodríguez Vélez como de los miembros de FBI, se repitió una y otra vez que la Oficina de Fiscalía Federal no intervino en la investigación, y que siguió instrucciones, impartidas por Cases, de arrebatarle al demandante el acceso a información privilegiada.

“Como era una investigación sobre seguridad nacional y (Reyes Caparrós) manejaba información con alto nivel de confidencialidad, ordené a restringir su acceso con el objetivo de proteger la integridad de la información”, testificó Cases.

La investigación duró dos años -de octubre de 2013 a diciembre de 2015-. Cases indicó que desconocía la justificación que habían ofrecido los investigadores para pedir prórroga en cuatro ocasiones distintas -cada seis meses-. La investigación se cerró administrativamente, finalmente, dado que Reyes Caparrós ya había renunciado a su trabajo y, por tanto, clasificaron como “bajo” el nivel de amenaza de que el ahora demandante tuviera acceso a información clasificada.

Durante todo ese período, a Reyes Caparrós le fue asignado trabajo paralegal vinculado a una iniciativa para recopilar las estadísticas de armas ilegales, tareas relacionadas con investigaciones de fraude al Seguro Social y responsabilidades con la División de Apelaciones. Reyes Caparrós renunció finalmente en febrero de 2015.

Otro de los asuntos en controversia está relacionada con la iniciativa de armas de fuego, puesto que el demandante fue amonestado por trabajar negligentemente en la recopilación de estadísticas, lo que él atribuye a que le fue brindada información duplicada o incompleta por parte de los fiscales federales.

Tres fiscales federales -Max Pérez, Kelly Zenón y Vanessa Bonano- mostraron prueba de que entregaron un informe de estadísticas sobre los casos que habían atendido que involucraban armas de fuego. Aunque la defensa de Reyes Caparrós pudo probar en dos de los casos que la información que proveyeron estaba incompleta, no se presentó evidencia de que hubiese habido seguimiento.


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