Hato Rey - Un padre y su hija fueron acusados por un gran jurado por presuntamente participar en un esquema de lavado de dinero que se extendió por cerca de 10 años y que, según las autoridades, está vinculado al caso criminal del convicto Nelson Torres Delgado, alias “El Burro”.

En una conferencia prensa, el jefe de Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, informó que la investigación formó parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, en inglés), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159, “Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión”.

Según documentos judiciales, Edwin Navarro Artavia, de 59 años, y Kyria Navarro Santiago, de 34, utilizaron desde el 2016 hasta el 2026 varias empresas de bienes raíces —incluyendo Navarro & Assocs. LLC, Navarro & Associados Corp. y YVS Homes LLC— para facilitar el lavado de ganancias provenientes del narcotráfico mediante la venta de propiedades inmobiliarias en Puerto Rico.

Las autoridades distinguieron que Navarro Santiago es corredora de bienes raíces licenciada, mientras que Navarro Artavia no cuenta con licencia.

Para lograr el lavado de dinero, los acusados y sus co-conspiradores identificaban personas dispuestas a vender sus viviendas a compradores mediante pagos en efectivo u otros métodos no divulgados.

De igual forma, aceptaban mantener cualquier hipoteca a nombre del vendedor.

“Con frecuencia, los compradores utilizaban dinero proveniente del narcotráfico para realizar pagos iniciales a los vendedores. Luego, usaban esos fondos para saldar el balance restante de la hipoteca”, detalla el comunicado de Fiscalía federal.

En ocasiones, los compradores entregaban el dinero en efectivo a los acusados, quienes entonces realizaban los pagos hipotecarios en nombre del comprador.

En otros casos, los acusados avanzaban la conspiración al poner las propiedades a su nombre, mientras la hipoteca permanecía a nombre del vendedor, pagando la deuda con dinero del narcotráfico en representación del comprador.

Asimismo, las autoridades detallaron que registraban propiedades adquiridas con dinero ilícito a nombre de “testaferros”, es decir, personas sin conexión legítima con la transacción inmobiliaria, utilizadas para ocultar la identidad del verdadero comprador.

Navarro Artavia y Navarro Santiago además presuntamente abrieron cuentas bancarias personales y comerciales para recibir, depositar y transferir fondos provenientes del narcotráfico, así como para cubrir gastos relacionados con las propiedades involucradas en las transacciones ilícitas.

La acusación incluye 23 compras de propiedades residenciales en varios municipios de Puerto Rico como Toa Alta, Carolina, Canóvanas, Bayamón, Caguas, Humacao, entre otros. También contempla una confiscación por lavado de dinero que abarca $3.3 millones y 21 bienes inmuebles.

“Estos acusados y sus asociados en el narcotráfico explotaron el sistema financiero para lavar sus ganancias ilícitas y adquirir bienes inmuebles. Las instituciones financieras deben mantenerse vigilantes ante este tipo de esquemas y reportar actividades sospechosas conforme a la ley federal”, expresó Stephen Muldrow.

“Los vendedores que facilitan estas transacciones y permiten que las propiedades y las hipotecas permanezcan a su nombre se exponen también a responsabilidad legal”, agregó.

“Los delitos financieros no son delitos sin víctimas. Este caso demuestra cómo, en muchas ocasiones, estas actividades facilitan operaciones criminales violentas que impactan directamente la calidad de vida de nuestras comunidades”, indicó, por su parte, Claudia Dubravetz, agente especial a cargo interina del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) en San Juan.

“Queremos hacer un llamado a los oficiales de instituciones financieras. Tienen que reportar estas transacciones. De lo contrario, se convierten en cómplices en la organización criminal”, advirtió.

Los acusados enfrentan un cargo por conspiración para cometer lavado de dinero. De ser hallados culpables, enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión.

Las autoridades no descartaron que se produzcan más arrestos, a la vez que señalaron que el caso está vinculado con Torres Delgado, alias “El Burro”.

Navarro Artavia y Navarro Santiago, quienes no están acusados por narcotráfico, presuntamente formaban parte del grupo de personas contactados por el convicto para que ejecutaran las compras de propiedades.

Torres Delgado era uno de los prófugos más buscados en Puerto Rico. Fue arrestado el 17 de octubre de 2024 en una urbanización sin control de acceso en el área de La Parguera en Lajas.

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) lo capturaron luego de múltiples acusaciones en ausencia. Torres Delgado, presuntamente, lidera una ganga a la que se le atribuyen múltiples asesinatos, incluyendo el de la maestra Margarita Rodríguez Morales, en Caguas, y una masacre frente a un negocio en Cidra.

La organización criminal presuntamente liderada por Torres Delgado en Caguas empleaba un esquema de lavado de dinero de las ganancias generadas a través del narcotráfico mediante la compra de casas y carros, alega un pliego acusatorio enmendado que fue emitido por un gran jurado el 21 de agosto del 2024 en el Tribunal federal en Hato Rey.