El caso del convicto exnarcotraficante Ángel Ayala Vázquez, alias “Ángelo Millones” o “El Buster”, continúa sin desenlace en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston, donde intenta obtener una reducción de su condena y lograr su excarcelación.

A casi un año de haber llegado a esa instancia, la defensa insiste en que el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico cometió errores de derecho al denegar la llamada “liberación compasiva” que solicitó Ayala Vázquez, quien enfrentó cargos por narcotráfico.

Tan reciente como en abril, el convicto reiteró su solicitud mediante un escrito presentado ante el foro judicial en Boston por su representante legal, el licenciado Edwin Prado Galarza, quien volvió a cuestionar los fundamentos de la determinación.

De esta forma, en un escrito de 26 páginas, la defensa insistió en que el juez Francisco Besosa erró al denegar la moción para su liberación, que buscaba modificar la sentencia de cadena perpetua a 30 años de prisión, lo que le hubiese permitido salir en libertad.

La defensa sostuvo que el Tribunal de Distrito confundió dos mecanismos distintos del sistema federal de sentencias. Señaló, además, que el error central fue tratar la solicitud como si estuviera regida por normas de retroactividad que no aplican en este tipo de casos.

“El error del tribunal de distrito no fue meramente de énfasis, sino de marco jurídico”, señaló Prado Galarza en el voluminoso escrito, al explicar también que la corte trató la petición como si fuera una reducción de sentencia bajo otra disposición legal.

El abogado subrayó que la “liberación compasiva” es un mecanismo distinto a las reducciones de sentencia basadas en cambios retroactivos en las guías de sentencia. Por esta razón, argumentó que la liberación compasiva no está sujeta a los mismos criterios técnicos ni a los ajustes automáticos que aplican cuando una condena se revisa por modificaciones posteriores en las guías federales.

En cambio, indicó que se trata de una herramienta que permite al tribunal evaluar circunstancias extraordinarias y de carácter humanitario, otorgándole mayor discreción para considerar factores individuales del caso más allá de fórmulas de cálculo o enmiendas a las pautas de sentencia.

Uno de los señalamientos más fuertes del recurso es que el Tribunal de Distrito habría ignorado la rehabilitación del acusado como parte del análisis. La defensa sostuvo que las leyes federales solo prohíben considerar la rehabilitación como factor único, pero sí permite evaluarla junto a otros elementos.

“El tribunal declaró que ‘no se persuade por, y no considerará’ la rehabilitación del señor Ayala Vázquez”, precisó el licenciado, quien calificó la decisión como una exclusión indebida y citó la política de sentencias federal para sustentar su argumento.

Prado Galarza añadió que la decisión contradice precedentes del Tribunal Supremo de Estados Unidos, incluyendo el criterio de que los jueces pueden considerar cambios de hecho y de conducta al evaluar sentencias impuestas a los convictos en la isla.

Otro eje del caso es la interpretación del concepto de “disparidad grave” bajo las guías federales. El Tribunal de Distrito habría concluido que no existía tal disparidad porque la guía de sentencia continuaba arrojando cadena perpetua.

Sin embargo, la defensa sostiene que el análisis no debe ser únicamente matemático. “El Gobierno argumenta que no hay ‘disparidad grave’ porque el rango de sentencia sigue siendo vida”, expuso el abogado en el documento, criticando ese enfoque.

Según el escrito, la evaluación debe considerar “la sentencia probable hoy” y no solo cálculos automáticos de las guías.

El recurso también acusa al tribunal de confundir mecanismos legales distintos al exigir que una enmienda estuviera listada como retroactiva para poder ser considerada. “El tribunal sostuvo que solo las enmiendas retroactivas califican para consideración”, indicó, calificando esa interpretación como incorrecta.

Según el licenciado, la norma aplicada por el tribunal pertenece a otro tipo de procedimiento legal distinto al de la liberación compasiva.

Ayala Vázquez ha sido identificado en documentos federales como líder de una organización de narcotráfico de gran escala en Puerto Rico.

Según registros judiciales, fue descrito como figura central de una red criminal que operaba en Bayamón y distribuía drogas en múltiples jurisdicciones.

En una investigación federal previa, las autoridades lo vincularon con una estructura que “importaba miles de kilogramos de narcóticos” y operaba con múltiples niveles organizativos, incluyendo distribuidores, supervisores y facilitadores.

En procesos anteriores, tribunales federales han confirmado su condena a cadena perpetua por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

En general, el recurso de apelación solicita que el Primer Circuito en Boston revoque la decisión del Tribunal de Puerto Rico, ordene una nueva evaluación del caso bajo el estándar legal correcto, permita considerar la rehabilitación y circunstancias individuales y aplique la norma de liberación compasiva.

De forma alternativa, la defensa pide que el caso sea devuelto al tribunal inferior para un nuevo análisis.

De momento, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston no ha emitido un fallo al respecto.