La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, halló causa para arresto contra una mujer imputada de apropiarse de forma fraudulenta de sobre $12,000 de fondos pertenecientes al programa CARES Act, asignados por la pandemia del COVID-19.

Durante la vista de determinación de causa, la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia formuló 13 cargos contra Enelissa María Santiago Martínez, de 47 años, por apropiación ilegal de fondos públicos y de identidad, fraude y datos falsos.

Tras examinar la prueba presentada por las fiscales Natalie Lausell, Teresita Del Rosario Morales y Josenid Orozco Velázquez, la togada le impuso a Santiago Martínez una fianza de $65,000, que fue diferida por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).

La investigación de este caso estuvo a cargo de los agentes Sorein Hernández Padua y Roberto De Jesús Navarro, adscritos a la División de Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Negociado de la Policía.

Conforme a la pesquisa, la imputada realizó seis solicitudes fraudulentas al Departamento de Hacienda en las que utilizó la información personal de cuatro personas para obtener los incentivos económicos del programa CARES Act.

Posteriormente, el Departamento de Hacienda identificó que esta cuenta bancaria tenía múltiples depósitos, por lo que se inició una investigación interna y luego se refirió la investigación al Negociado de la Policía, lo que culminó en la radicación de cargos.

El Ministerio Público pudo establecer que, mediante este esquema fraudulento, Santiago Martínez se apropió ilegalmente de $12,600 en fondos públicos entre el 15 de mayo de 2020 y el 16 de abril de 2021 en incentivos económicos bajo el programa de CARES Act.

El Programa CARES Act, también conocido como el Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, fue una ley de emergencia aprobada por el Congreso federal en marzo de 2020 como respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19.

El objetivo del estatuto es brindar ayuda económica inmediata a ciudadanos, empresas y sectores afectados por la pandemia, mediante incentivos económicos, aumento de beneficios por desempleo, préstamos y subvenciones para pequeñas empresas, entre otros.

La vista preliminar fue señalada para el 27 de mayo.