La defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, acudió el miércoles al Tribunal de Apelaciones para solicitar que el cargo de asesinato en primer grado sea desestimado y reclasificado a uno atenuado.

De esta forma, las abogadas de Avilés Cabrera, María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emanuelli, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), apelan el fallo emitido el 20 de abril por la jueza Carol Ortiz Rivera del Tribunal de Aibonito.

En resumen, la togada declaró “no ha lugar” a una moción que presentó la defensa al amparo de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, que establece los fundamentos en los que puede basarse la representación legal de un acusado para solicitar la desestimación de cargos.

Las abogadas argumentaron en su recurso que la prueba presentada por la Fiscalía durante la vista preliminar no demuestra la existencia de “un plan” entre Avilés Cabrera y su madre, Elvia Cabrera Rivera, también acusada en el caso, para asesinar a la víctima.

“No se presentó prueba alguna sobre la existencia de concierto y común acuerdo entre las acusadas, como tampoco se presentó evidencia sobre los elementos subjetivos: ‘propósito y conocimiento’ antes de la pelea súbita”, indicaron las licenciadas en el recurso.

Según las abogadas, la prueba presentada en la vista preliminar demostró que en el desvío Roberto Colón, cerca del casco urbano de Aibonito, se originaron tres peleas y que no existe evidencia de un acuerdo previo para asesinar a la víctima antes de la trifulca.

Asimismo, argumentaron que la intención y el conocimiento de causar la muerte surgieron en medio del altercado, no antes. Añadieron que el fallecimiento de Pratts Rosario ocurrió como resultado de una súbita pelea y que la cantidad de puñaladas es consistente con el fragor del momento y una reacción impulsiva.

“En vista que, de la prueba presentada en vista preliminar, no existe ni una cintilla de evidencia de que las acusadas hubiesen pactado su participación la noche de los hechos, ni que el elemento subjetivo de propósito y conocimiento estuvieran presente antes del comienzo de la pelea súbita, no se presentó prueba sobre todos los elementos del delito por el que se pretende acusar, se violentó el debido proceso de ley de la peticionaria y procede la desestimación de la acusación por asesinato en primer grado al no cumplirse con la presentación de prueba de todos los elementos del delito según ordena la Regla 23 de Procedimiento Criminal”, concluyeron.

Con la solicitud de reclasificación del cargo de asesinato en primer grado, la defensa busca que, de ser hallada culpable tras el juicio, Avilés Cabrera enfrente una pena significativamente menor a la que conllevan los cargos originalmente sometidos por la Fiscalía de Aibonito.

Actualmente, Avilés Cabrera y su madre enfrentan dos cargos: el primero por violación al Artículo 93 del Código Penal, de asesinato en primer grado, y el segundo por infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, de uso y/o portación de arma blanca.

Bajo la Ley 146-2012, conocida como el Código Penal, toda persona convicta de asesinato en primer grado enfrenta una pena de reclusión fija de 99 años. Esto implica que, de sostenerse ese cargo, Avilés Cabrera podría permanecer en prisión por el resto de su vida.

No obstante, si fuera hallada culpable por infringir el Artículo 95 del Código Penal, correspondiente a asesinato atenuado, enfrentaría una pena de reclusión de término fijo de 15 años, además de la condena que se le imponga por la violación a la Ley de Armas.

Este caso se remonta a la noche del 10 de agosto de 2025 cuando ocurrieron varias peleas en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, cerca de donde se celebrada el “Gran Cierre de Verano Municipal”. En el lugar, estaba Pratts Rosario, de 16 años, apodada como “Lela”.

La menor intervino en una de las varias peleas ocurridas esa noche para defender a su hermana Lismary Torres Rosario. De acuerdo a una testigo clave, la hermana de Pratts Rosario fue presuntamente agredida por Avilés Cabrera y una de sus hermanas Anthiany.

En el incidente, la adolescente resultó con 11 heridas de arma blanca, una de ellas en el corazón. Por ende, fue transportada a la sala de emergencias del hospital Menonita, donde a las 12:35 a.m. del 11 de agosto de 2025, la doctora Carla Mercado certificó su muerte.

La agresión grave que posteriormente culminó en un asesinato ocurrió apenas horas antes de que la estudiante de la escuela superior Bonifacio Sánchez Jiménez cumpliera 17 años, el 12 de agosto de 2025, lo que generó una consternación mayor en el país.

La noche de los hechos, además, resultó herido de arma blanca otro menor, identificado como Chrisangel González Rodríguez, de 16 años, quien le dijo a la Policía en el mencionado hospital que la persona que supuestamente agredió a su amiga fue Avilés Cabrera.

Por este incidente, la Fiscalía de Aibonito presentó cargos contra ambas acusadas. Aunque el caso inició de forma conjunta, luego fue separado debido a conflictos de calendario. Actualmente, Avilés Cabrera se encuentra a la espera de que comience el juicio en su contra.

El proceso judicial debía comenzar el pasado lunes, pero fue pospuesto, ya que la Fiscalía y la defensa acordaron reunirse el martes, 12 de mayo, para culminar con el proceso de descubrimiento de prueba. Además, surgió una controversia por la defensa que se pretende utilizar.

A tales fines, el juez Juan Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, otorgó 10 días a la Fiscalía para notificar a la defensa qué prueba o peritos utilizarán para refutar la alegación de inimputabilidad invocada por las abogadas. Sin embargo, la Fiscalía no descartó apelar el fallo.