A pocos días del inicio del juicio, pautado para el 4 de mayo, el Ministerio Público y la defensa de la acusada Anthonieska Avilés Cabrera se enfrascaron en un tenso intercambio por el descubrimiento de prueba en el caso por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en Aibonito.

El fuerte choque comenzó luego que las abogadas de Avilés Cabrera presentaron, el 17 de abril, una moción urgente ante el Tribunal de Aibonito acusando al Ministerio Público de no cumplir “a cabalidad” con el descubrimiento de prueba, que es la etapa previa al juicio donde las partes intercambian información.

En un documento de ocho páginas, las licenciadas María S. Sáez Matos, Athelyn Jiménez Emanuelli y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), sostuvieron que el descubrimiento no ha sido “consumado”, que se está induciendo a error al tribunal y que permanecen “asuntos pendientes”.

Amparándose en el historial procesal, la defensa indicó que, a pesar de las gestiones, la Fiscalía no había contestado una moción presentada el 27 de marzo. Además, alegaron que recibieron una primera entrega parcial de la prueba que el Estado pretende utilizar en el juicio, pero que faltaban recibos y materiales.

“La documentación entregada estaba desordenada y carente de lógica alguna, grapando materiales sin relación entre sí, sin secuencia útil, sin clasificación inteligible y de forma incompatible con una revisión seria y ordenada. Ello no puede entenderse como una mera negligencia”, sostuvo la defensa en la moción.

En esa línea, añadieron que se refleja “un patrón de mala fe del Estado dirigido a dificultar innecesariamente la labor de la defensa”. Precisaron que eso no constituye un descubrimiento de prueba efectivo, sino que “pasa a ser una mera entrega física incompleta y desorganizada de documentos”.

Las licenciadas recordaron que las Reglas de Procedimiento Criminal disponen que el descubrimiento de prueba debe estar completado antes de que comience el juicio. Por tanto, aludieron a que tendrían muy poco tiempo para revisar la evidencia y prepararse de cara al juicio en el que se esperan casi 70 testigos.

“Ninguna defensa diligente — en cumpliendo con los cánones de ética de la profesión legal — puede analizar adecuadamente prueba documental, digital, testifical y exculpatoria de un caso de tal magnitud en un término tan artificialmente reducido", indicaron las abogadas, quienes calificaron de “inexplicable” la situación.

Las abogadas afirmaron que a su representada le asiste la presunción de inocencia. Añadieron que el descubrimiento de prueba no existe únicamente para facilitar alegaciones de culpabilidad, ni es una mera formalidad, sino para “poder permitir que afloren elementos que sostengan la inocencia” de la acusada.

Ante esta moción, el Ministerio Público, representado por los fiscales Jackeline Pizarro Gutiérrez, Silda M. Rubio Barreto, Edmanuel Santiago Quiles y Myriam Nieves Vera, presentó, el 24 de abril, un escrito en respuesta. Para sustentar algunos de sus planteamientos, incluyeron correos electrónicos.

En primer lugar, aclararon que contestaron la moción presentada por la defensa el 27 de marzo y que tan reciente como el 6 de abril entregaron 719 fotos y 1,157 páginas de documentos. No obstante, reconocieron que solicitaron una prórroga para contestar una segunda moción de descubrimiento.

En una moción de seis páginas, los fiscales indicaron que no es correcto decir que los documentos entregados no estaban ordenados y rechazaron que hayan “obrado de mala fe”. “El Ministerio Público tiene el deber de descubrir los documentos no de explicarle en que consisten o acomodarlos de la manera que ellos entiendan”, señalaron.

Contestando al planteamiento de la defensa de que la Fiscalía sugirió reunirse en la jurisdicción de Aguadilla en la hora pico del tapón, los fiscales indicaron, a modo de ejemplo, que el 6 de abril, aprovechando que había una vista, propusieron que se concretara una reunión, pero que supeustamente no se concretó por las abogadas.

Asimismo, añadieron que a la defensa se le sugirió reunirse el 6 de abril, antes o luego de una vista pautada en el Tribunal de Aibonito, pero, supuestamente, primero dijeron que no podían y luego que el tribunal no era el lugar indicado para concretar la reunión.

“Después, sugerimos (ante la indicación de que no debía ser en el Tribunal) la Fiscalía de Aibonito y tampoco quisieron. Se limitaron a recibir los documentos y firmar el recibo sin sentarse a revisar cada uno de los incisos... Ese mismo día se les indicó que los revisaran y que nos indicaran si faltaba algo. Al día de hoy, no hemos recibido respuesta”, subrayaron.

“El Ministerio Público ha trabajado arduamente para la producción y entrega de dichos documentos, incluso en días feriados y no laborables para cumplir con nuestro deber, logrando así que el, 6 de abril de 2026, se entregara casi en su totalidad la evidencia comprendida en el sumario fiscal”, precisaron.

Tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron en sus escritos la intervención del tribunal para atender la situación. En particular, el Ministerio Público planteó que “no queda otra opción” que acudir en auxilio al Tribunal y sugerir que la entrega de la evidencia restante sea ordenada directamente por el tribunal.

En respuesta a estas mociones, el juez Juan Reyes Colón emitió ayer, lunes, una resolución y orden concediendo cinco días a la representación legal de la acusada para contestar la réplica de la Fiscalía.

“Se les ordena a las partes que coordinen la entrega y recibo (en su totalidad) de aquella prueba que este contenida en formato digital, en o antes del 1 de mayo de 2026″, ordenó Reyes Colón.

Los hechos que dieron paso al caso ocurrieron el 10 de agosto de 2025, cuando se suscitaron varias peleas en el desvío Roberto Colón, cerca del casco urbano de Aibonito. En el lugar, dos menores de 16 años resultaron heridos de arma blanca, por lo que fueron trasladados al Hospital Menonita.

Sin embargo, Pratts Rosario murió la madrugada del 11 de agosto de 2025 en la mencionada institución hospitalaria. Mientras, el otro joven logró recuperarse de las heridaas recibidas y actualmente forma parte del listado de testigos del Ministerio Público.

La teoría del Ministerio Público es que Avilés Cabrera, junto a su madre Elvia Cabrera Rivera, también acusada en el caso, actuaron en común y concierto acuerdo para cometer el asesinato de Pratts Rosario.

Por estos hechos, enfrentan dos cargos por violación al Artículo 93 del Código Penal, de asesinato en primer grado, y otro por infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por el uso y/o portación de arma blanca.